Al juez neoyorquino Thomas Griesa se le fue otra vez la mano. En un nuevo intento del controversial magistrado por obstaculizar el canje de deuda que lleva adelante la Argentina, quedó ayer en falta a partir de un fallo adverso que recibió de la corte de apelaciones de su propio distrito. Griesa volvió a jugar del lado de los acreedores y el lunes dispuso el embargo de 2240 millones de dólares del Banco Nación, depositados en Nueva York. El pedido lo había hecho un grupo de bonistas individuales que hasta el momento no litigaba contra el Estado argentino bajo los mismos argumentos que utilizaron reiteradamente los fondos buitre: la figura del alter ego (margen de maniobra respecto del Ejecutivo). Como consecuencia de una apelación realizada por los abogados de la Argentina, la Corte le ordenó a Griesa recalcular la cifra y precisar los perjuicios que sufrieron los demandantes antes de emitir una resolución. Por su parte, los letrados del banco preparan su apelación ya que descuentan que volverá a dictar el congelamiento.

Los sistemáticos embargos del juez Griesa sobre fondos del Estado argentino depositados en Estados Unidos les hacen el juego a los fondos buitre. Estos últimos procuran que el canje naufrague para continuar manteniendo su poder de lobby y lograr que se les reconozca el valor nominal de sus títulos argentinos en default, que fueron adquiridos a precios de remate. Es así que desde que se anunció la reapertura, el juzgado de Griesa recobró protagonismo, aceptando demandas en contra de la Argentina. Sin embargo, en todos sus fallos debió dar marcha atrás por orden del tribunal de alzada.

Luego del último revés judicial que propinó al Banco Central al embargarle una cuenta en la Reserva Federal, Griesa había asegurado que no tomaría ninguna medida que complique la operación del canje. Desde esa promesa ya dictó dos embargos: uno nuevamente sobre los 105 millones de dólares del Central depositados en la FED y el lunes sobre una cuenta del Nación. Esta vez, el pedido de embargo no provino de los conocidos fondos Dart y Elliot –que suelen accionar contra los Estados emergentes desde sus sedes en la Islas Caimán–, sino de un grupo de bonistas representado por Guillermo Gleizer, quienes hasta el momento no habían litigado contra el país.

El fallo alcanzaba a un total de 2240 millones de dólares, más intereses acumulados. Los demandantes adujeron que la complejidad de la causa requería que Griesa otorgara compensaciones por daños basadas en “estimaciones razonables” sobre los montos a los que los bonistas tendrían derecho. Pero los abogados que defienden a la Argentina en el exterior elevaron una presentación a la Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Manhattan. El argumento principal fue que la cifra embargada es significativamente mayor al perjuicio real que aducen sufrir los tenedores individuales de deuda en default y solicitaron que los reclamos de los inversores sean juzgados de forma individual. La respuesta de la Corte fue favorable al país, alegando que el tribunal de primera instancia se equivocó al calcular una cifra “inflada”. La corte entendió que el juzgado de Griesa actuó equivocadamente al haber hecho lugar a una presentación de los demandantes.

El juez Barrington Parker, de la Cámara de Apelaciones, rechazó la resolución de Griesa de otorgar compensaciones de entre 95,3 y 543,9 millones de dólares para los ocho grupos de querellantes. “El tribunal razonó que dar juicios inflados se justificaba porque, dada la tradicional negativa de Argentina de pagar cualquier fallo en su contra, era improbable que los demandantes recuperaran (los recursos)”, escribió Parker. No obstante, agregó que “independientemente de cuán práctico sea este enfoque”, es “inadecuado” dado que crea una “desconexión” que podría resultar en pago de daños “astronómicos” con relación con el perjuicio sufrido. Con este argumento, la Corte ordenó al tribunal original que considere medios alternativos para establecer pagos que reflejen con mayor precisión las pérdidas sufridas por los demandantes. Los tres jueces integrantes de esa Cámara votaron de manera unánime en favor de la Argentina.

Fuentes del Nación reconocen que eso no invalida la demanda y que, luego de que sea recalculado el monto, Griesa volverá a disponer el congelamiento de los fondos. Por eso el buffet de abogados que representa en Nueva York al Nación prepara la apelación, para la cual tiene plazo hasta el 2 de junio, ya que al día siguiente está prevista una audiencia entre las partes. Los letrados deberán demostrar que el banco no es alter ego del Estado y para ello recordarán que el propio Griesa había desestimado esa figura cuando fue presentada por NML Capital (propiedad de Elliot) en 2009.