El Gobierno prorrogó la vigencia del Presupuesto 2010 y una serie de disposiciones complementarias para ser aplicados durante el próximo año. Los dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) publicados ayer en el Boletín Oficial fueron la respuesta obligada del Ejecutivo ante la imposibilidad de tratar el proyecto de ley en el Congreso, producto de la fuerte puja entre los bloques de la oposición y el oficialismo. Los decretos vuelven a integrar el Fondo de Desendeudamiento Argentino con la suma de 7504 millones de dólares para el pago de servicios de la deuda con tenedores privados, medida que ya fue cuestionada por todo el arco opositor (ver aparte). El Ejecutivo también autorizó el otorgamiento de avales para financiar obras prioritarias por 18.180 millones de dólares, más una autorización para realizar operaciones de crédito público por fuera de lo presupuestado por un total de 7599 millones de dólares.

Todos estos temas ya estaban incluidos en el proyecto que se había enviado al Parlamento en septiembre pasado. Como dato nuevo, se estableció una autorización para endeudarse con el Banco de Desarrollo de Brasil por un total de 2500 millones de dólares y se prevén menos fondos para las obras o adquisición de bienes y servicios plurianuales. El próximo 3 de enero, el Ministerio de Economía publicará en su página web la distribución completa del presupuesto prorrogado con la inclusión de los 60.000 millones de pesos excedentes del período 2010.

Desde todo el arco opositor criticaron la prórroga del actual presupuesto. “Como una reina, la Presidenta decide cuánto cobra y cómo gasta los fondos públicos. La imprevisión del Gobierno es total”, manifestó Gerardo Morales, presidente del bloque de la UCR en el Senado.

El intento por sancionar el Presupuesto 2011 fue una de las pujas legislativas más relevantes del año. El oficialismo intentó en dos oportunidades llevar el tema al recinto pero la oposición no accedió a dar quórum. Incluso, elaboró propuestas propias, como fueron los casos de la Coalición Cívica, que se oponía al uso de reservas, y Proyecto Sur.

Ante la imposibilidad de avanzar en el plano legislativo, el Gobierno se amparó en la Ley de Administración Financiera. El artículo 27 de esta norma establece que “de no encontrarse aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”. Sin embargo, deben realizarse algunos ajustes, tanto para el cálculo de los recursos como para los gastos. Sobre el primer ítem, deberán suprimirse “los ingresos provenientes de operaciones de crédito, y los excedentes financieros de ejercicios anteriores”.

Con el DNU publicado ayer, que deberá ser analizado por la comisión Bicameral encargada de tratar este tipo de decretos, el Gobierno avanzó en una serie de disposiciones claves para la gestión y el desarrollo de sus políticas económicas.

Fondea

Ante la imposibilidad de hacerlo por ley, el Gobierno volvió a impulsar un decreto para cancelar los intereses de la deuda pública con los tenedores privados a partir del uso de reservas del Banco Central. Durante este año se utilizaron 6569 millones de dólares, de los cuales 4382 millones fueron para cancelar intereses con los tenedores privados y 2187 millones para acreedores institucionales. Para 2011 se utilizarán 7504 millones de dólares para cancelar la totalidad de los pasivos con los tenedores privados. Con estos recursos se cancelarán los Boden 2012, el Bonar V, Par-Descuento y el cupón del PBI.

Obras públicas

El DNU autorizó al Ejecutivo una serie de contrataciones de obras, bienes y servicios plurianuales, lo que en la jerga legislativa se denomina la “planilla de la felicidad”, ya que ahí están contempladas las obras para cada una de las provincias y municipios. Para 2011 se prevén obras por 4097 millones de pesos, cuando en el proyecto enviado al Congreso se habían calculado 4186 millones. Estos son los proyectos con fondos ya asignados.

Por fuera de estas previsiones, el Ejecutivo autorizó al Ministerio de Planificación a endeudarse por 7599 millones de dólares para financiar obras prioritarias, como la compra de equipamiento ferroviario a China, obras para el gasoducto del Noreste y la Torre del Bicentenario, destinada a la transmisión de la televisión digital, entre otras. A esto hay que sumarle la posibilidad que tendrá la cartera que conduce Julio De Vido de otorgar avales por 18.180 millones de dólares.

A pesar de que la oposición señaló ayer que el Gobierno quiere gobernar sin presupuesto para manejar a discreción los fondos públicos, el Gobierno publicó como anexo al DNU las planillas donde se discriminan las obras que se financiarán y los montos máximos autorizados para endeudarse. Esto también estaba incluido en el proyecto original. Para el total de contrataciones plurianuales (2011-2013), se estimó un gasto de 65.734 millones de pesos, es decir 5600 millones menos que lo previsto en la iniciativa original.

Relación con las provincias

Un tema clave para las elecciones del próximo año será la relación de las provincias con el Gobierno nacional. Por eso el Ejecutivo se apuró en fijar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en el marco del régimen de Responsabilidad Fiscal, para que las provincias puedan cancelar los préstamos que recibieron durante el actual ejercicio.

Otro tema clave para las provincias se conocerá en enero, cuando el Gobierno publique la nueva distribución del presupuesto prorrogado, y especifique cuántos fondos recibirá cada una de las jurisdicciones en concepto por obras de vialidad, más los aportes del Tesoro. Sólo a modo de ejemplo, en el proyecto original, la provincia de Buenos Aires tenía previsto recibir el próximo año 1523 millones de pesos en obras de vialidad, es decir un 142 por ciento más que este año.

La oposición advirtió que intentará derogar el decreto, para lo cual deberá conseguir primero un dictamen de la Comisión Bicameral que analiza los DNU y luego su ratificación por ambas cámaras. La mayor dificultad para ese plan aparece en el Senado, adonde el oficialismo consiguió bloquear varias embestidas opositoras.