El Directorio del Banco Central incorporó ayer una serie de “adecuaciones de normas” tendientes a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La iniciativa responde a las recomendaciones que los representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su regional sudamericana (Gafisud) presentaron hace quince días a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF). De esta manera, la autoridad monetaria estableció mayores precisiones para el conocimiento del cliente en el sector financiero, mediante la incorporación de “exigencias para definir anticipadamente el perfil, tanto de personas físicas como jurídicas”.

Tal como anticipó Página/12, el titular de la UIF, José Sbattella, recibió de parte de las autoridades del GAFI una serie de recomendaciones para incrementar los controles sobre el lavado de dinero. La UIF –que a partir de un decreto se puso a la cabeza del resto de los organismos de control, como la AFIP, el Central y la Comisión de Valores– tiene hasta octubre próximo para mostrar la puesta en marcha de esas sugerencias.

Frente a los cuestionamientos, el Banco Central dispuso ayer un mayor control sobre las operaciones. La vigilancia se extiende también a personas “políticamente expuestas, a los allegados y a colaboradores cercanos a los funcionarios públicos locales o extranjeros”. Además se dispuso la conformación del “comité de control y prevención del lavado de dinero, para el caso de sucursales de entidades financieras extranjeras”.