El Grupo de los Seis criticó la designación de jueces del fuero laboral cercanos al mundo sindical. El nucleamiento empresario manifestó que los nombramientos vulneran el equilibrio de la Justicia, aunque ese razonamiento no lo suelen esgrimir respecto de los magistrados que simpatizan con el establishment. Las patronales buscaron anticiparse para no recibir en la Justicia algún revés en temas como la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales, la ley de riesgos del trabajo y la legalidad de ciertos métodos de protesta obrera. “Quieren condicionar a los jueces”, respondió a Página/12 el apoderado de la CGT, Héctor Recalde. Además, el G-6 jugó su ficha en las próximas negociaciones salariales y pidió que los gremios no anticipen sus “desmedidos” reclamos.

Los presidentes de la UIA, Héctor Méndez; de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner; de la asociación de bancos de capital nacional (Adeba), Jorge Brito; de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y de la Cámara de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, almorzaron ayer en la sede de esta última entidad. En la primera reunión del año, los temas que trataron ya estaban establecidos de antemano. Incluso la semana pasada Héctor Méndez salió a decir que próximamente la entidad que conduce se referiría a “temas políticos” que “levantarán polvareda”. Méndez logró que el G-6 se hiciera eco de su malestar por el “avance sindical” en la Justicia. El convite estuvo dedicado a pulir el tono del comunicado que luego difundieron.

“Vemos con marcada preocupación las designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, arranca el texto. Los jueces son Graciela Lucía Craig, esposa de Héctor Recalde, y Diana Canal y Enrique Brandolino, ambos cercanos a Moyano. Esos nombramientos fueron aprobados por el Senado a fines de diciembre con el impulso del oficialismo pero también con el apoyo de otras fuerzas, como en el caso del pliego de Craig, al que lo votó el radicalismo.

Para los empresarios, “se trata de subrayar que es una de las bases de la equidad y la igualdad ante la ley que quienes deban juzgar los actos de los ciudadanos sean claramente independientes de las partes que eventualmente litiguen. Se trata nada menos que de jueces de la Nación, que deben garantizar el imperio de la ley y no la voluntad de un sector de la sociedad”. En realidad, entienden que esos jueces ya tienen posición tomada (y les es desfavorable) en temas importantes como la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, la legislación sobre accidentes de trabajo y los bloqueos como forma de protesta.

“Todos los jueces del concurso fueron aprobados por unanimidad en el Consejo de la Magistratura, tienen antecedentes impecables y ninguno fue impugnado, en el momento que correspondía, por la UIA. Lo único que buscan los empresarios es que los jueces pierdan su independencia, quieren condicionarlos. Su espíritu republicano es deplorable, porque sólo son independientes los jueces que fallan a favor de los empresarios. Hubo jueces que antes fueron integrantes de la UIA y a nadie se le ocurrió cuestionarlos de antemano. Tal como el caso Horacio Billoch, que fue un muy serio abogado que venía del mundo empresarial”, replicó Héctor Recalde.

A su vez, el G-6 se refirió a los últimos acontecimientos en el puerto de Rosario, donde los trabajadores mantuvieron un bloqueo por varios días que afectó la exportación de la producción agroindustrial, medida que ayer se levantó (ver aparte). Las patronales se mostraron preocupadas por “una escalada más del método de acción directa, por el cual se llevan a cabo intimidaciones y actos de violencia, como medio para obtener objetivos particulares, vulnerando la ley y el derecho de personas, sindicatos y empresas”. También se refieren a algunas medidas tomadas por el gremio de camioneros que afectaron la operatoria en otras grandes empresas.

Como antesala de las próximas negociaciones con los gremios, los dirigentes se quejaron de “algunos sectores sindicales que hacen públicas, con inusual anticipación, lo que serían sus pretensiones salariales en futuras paritarias, mencionando aumentos de una magnitud que no se compadece con la realidad”. De la Vega agregó a este diario que “pedidos desmesurados contribuyen a generar expectativas inflacionarias de manera innecesaria”. No deslizó cuál sería en su parecer un aumento razonable.

A contramano de lo que pretendía la UIA, en la versión final del comunicado no hubo mención a la aplicación de la Ley de Abastecimiento sobre la poderosa Techint, una de las compañías de mayor peso en la central fabril. A través de esa medida, el Gobierno impidió que se efectivizara un aumento de precios que no formaba parte del acuerdo al que había llegado con la firma. El próximo encuentro del G-6 es dentro de un mes en la sede de la Bolsa de Comercio.