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Producción: Tomás Lukin

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Triángulo de las Bermudas

Por Sergio Arelovich *

La denuncia aparecida en este diario el pasado 2 de enero, sobre la existencia de mano de obra en condiciones de semiesclavitud modelo siglo XXI, volvió a poner en primer plano las condiciones bajo las cuales se reproduce socialmente la sociedad en la que vivimos y el modo bajo el cual operan las empresas identificadas como líderes en el conjunto de los sectores de actividad. Para el caso concreto de las compañías exportadoras que forman parte del llamado complejo oleaginoso, las hay de capital nacional y de capital extranjero. Entre las primeras se encuentran Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Vicentín, entre otras. El segundo listado incluye a Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Noble, ADM, Oleaginosa Moreno, Multigrain, Adeco Argentina, etc. La reciente controversia entre la AFIP y Bunge sobre diferencias de impuestos no ingresados, invita a revisar la estructura internacional de cada compañía, lo cual involucra al menos dos planos: la radicación de sus casas matrices y la magnitud del comercio intrafirma.

La empresa controlante de Bunge está radicada en las Islas Bermudas. Pero esto también ocurre con otras. Cargill tenía por controlante en 2003 a una empresa radicada en Barcelona que luego se “mudó” a Winnipeg, Canadá. Oleaginosa Moreno, perteneciente al grupo Glencore de origen estadounidense, tenía su sociedad controlante en Baar, Suiza. Dreyfus (LDC Argentina) fue quizá la que mayores cambios registró. En los últimos diez años, su controlante cambió, además se mudó de París a Londres, de allí a Amsterdam, fijando su último domicilio en Ginebra, Suiza. La empresa ahora funciona bajo otra razón social denominada Galba S.A. Nidera que tiene por controlante a otra empresa argentina denominada Nidera Argentina S.A. Compañía de Inversiones, que posee el 84 por ciento de las acciones de aquélla y a la vez es controlada por el holding homónimo radicado en Suiza. Multigrain Argentina (ex Multicereales) tiene también su controlante en Baar, Suiza, que vale recordar constituye uno de los paraísos fiscales de mayor opacidad, junto a Bermudas, Caymán, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Dubai, Gibraltar. En tanto, Noble Argentina está controlada por una compañía radicada en una casilla de correo de las Islas Vírgenes Británicas. Adeco Argentina (la filial argentina del grupo Soros), tiene su casa matriz en Tenerife, en las Islas Canarias.

A este escenario se le agrega una mirada sobre la magnitud del comercio intrafirma, las ventas declaradas por las compañías extranjeras radicadas en Argentina cuyo receptor en los países importadores son las empresas controlantes, controladas o vinculadas. La resultante es la pregunta del millón: ¿cuál es la verosimilitud de las ventas declaradas, tanto por los productos, como por sus tipos, sus calidades y sus precios? Precisamente la diferencia de impuestos reclamada a Bunge y otras compañías, pone en cuestionamiento algunas de estas facetas. Cargill, la empresa más grande del sector y la líder a nivel mundial, afirma haber facturado en el último ejercicio cerrado en febrero de 2010 a su controlada y a dos vinculadas el 82 por ciento de las ventas. También Dreyfus (LDC) que declara haber facturado el 95 por ciento a sus asociadas, entre las que se destacan Nethgrain BV y Urugrain. Esta última, radicada en Uruguay, es una de las tantas SAFI destinatarias de exportaciones argentinas, tema tratado en el informe sectorial de AFIP referido a la triangulación, bajo el sutil nombre de “planificación fiscal nociva”. En el caso de Noble, el 94 por ciento de las ventas del último ejercicio lo fueron con destino a Noble Resources con sede en Suiza. Y Nidera, conjunción de las siglas: Netherlands (Holanda), Italy (Italia), Deutschland (Alemania), England (Inglaterra), Russia (Rusia) y Argentina, afirma haber vendido a las empresas del grupo en su último ejercicio 2009, el 85 por ciento del total facturado, esencialmente a Concordia Agritrading con sede en Singapur.

La mirada sobre las extranjeras no puede hacer perder de vista lo que ocurre con las nacionales, las que también están estructuradas en complejas redes organizacionales que albergan empresas en Argentina y en el extranjero, pero que constituye una materia que excede el propósito de este artículo. Sólo como ejemplo AGD, la empresa de la familia Urquía, que según declara en su sitio oficial, participaba en 2009 en el 27,4 por ciento de las exportaciones mundiales de aceite de maní. Esta empresa facturó 1145 millones de pesos en 2002, trepó a 9200 millones de pesos en el ejercicio cerrado en 2009 y durante 2010 creció casi un 20 por ciento en las exportaciones de harinas. Comparte con Bunge la propiedad de Terminal 6 y Terminal 6 Industrial en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, desde donde salieron las exportaciones cuestionadas por el fisco nacional. Sus actividades se extienden a la copropiedad de Nuevo Central Argentino, poseen una SGR y como todas ha incursionado en la producción de biodiesel, asociada con otras empresas.

* Universidad Nacional de Rosario.

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Agro e industria

Por Enrique Aschieri y Demián Dalle *

Más allá de los desapacibles avatares de la coyuntura en el debate público sobre la cuestión agraria, existen también algunos conceptos sobreentendidos en los que conviene detenerse. Son nociones que conducen a formar juicios ampliamente aceptados –o rechazados a regañadientes–, sin que los fundamentos sobre los que se erigen sean puestos en duda. Detengámonos en aquellos arquetipos que dan cuenta del origen de la especialización agraria de nuestro país. Algunos sostienen que la especialización proviene de la mayor productividad del agro respecto del resto de las actividades. Otros, en cambio, apuntan a que, en términos relativos, había más tierra que seres humanos. Son explicaciones mal fundadas porque, entre otros aprioris muy restrictivos, parten del axioma de que en el mundo no hay movimiento de capitales. En la realidad, el movimiento de capitales del centro a la periferia –que viene ocurriendo hace tres siglos– modeló de manera decisiva la actual división internacional del trabajo; a veces, a través de procesos pacíficos, otras no. Otro de los postulados es que los precios internacionales determinan el ingreso nacional. Es al revés.

Y así nos hicimos una nación. Y así cuando quisimos y queremos evolucionar hacia un estadio superior, la combinación entre la falta de claridad de objetivos del movimiento nacional y el peso muerto de los resabios de la vieja superestructura revitalizada, en cierta medida, por el black-out que vivimos entre 1976 y 2003 nos detiene. El cuento que se narra es que existe un “destino natural” dado por la especialización agropecuaria y que, por ser violado, nos mandó al fondo del tacho. Como si al sistema en el que vivimos le importara el valor de uso cuando, en rigor, lo único que interesa es el valor de cambio.

En relación con el valor de cambio, en un mundo con marcadas diferencias salariales –muy bajos en la periferia y muy altos en el centro– y con una tasa de ganancia igualándose a escala internacional, la llave que abre la puerta del desarrollo es justamente ese precio político: el salario. En consecuencia, la especialización de un país, por caso la Argentina, tiene que estar en función de elevar el poder de compra de los salarios. Debe resultar de la decisión nacional de pagar altos salarios.

En términos más prácticos, la transferencia de la agricultura a la industria no se produce a raíz de que la agricultura es atrasada en sí y la industria avanzada por naturaleza (de hecho, la Argentina tiene una agricultura muy adelantada respecto de su sector manufacturero), sino porque la gama de bienes industriales es más extensa que aquella proporcionada por el agro, y su participación en la canasta familiar sanciona una función creciente del nivel de vida. Podemos ver, entonces, que la industrialización no es la condición estructural del desarrollo, es el síndrome.

Examinemos una hipótesis irreal para comprobar la verosímil raigambre de este abordaje. Supóngase que las otras actividades en los Estados Unidos –país que históricamente pagó los más altos salarios en términos comparativos a escala internacional– producen menos valor por trabajador activo que su agricultura, que el resto del mundo acepta abandonar completamente las actividades agropecuarias e importar del país del norte todos los bienes agrícolas que deseen a cambio de bienes industriales, que los factores naturales son ilimitados en los EE.UU., que la transferencia de un sector al otro no presenta problemas y que los costos de transportes son nulos. En estas fantásticas circunstancias, para los EE.UU. no será beneficiosa tal situación de especializarse el 100 por ciento en agricultura, por la simple razón de que los 200 millones de activos norteamericanos se pondrían a trabajar en una agricultura tan productiva que generaría un volumen de productos agropecuarios dos o más veces superior a lo que consume actualmente la totalidad del planeta.

No es entonces porque la agricultura sea atrasada que cada vez significa menos como porcentaje del PIB. Al contrario: debido a que es relativamente más productiva en relación con la escala de las necesidades. Así, lo que el desarrollo presupone no es la industrialización sino, en primer lugar y antes que nada, una elevación de la productividad de la agricultura. Ese papel histórico ya lo cumplió largamente la agricultura argentina. Hará falta que todos los intereses en presencia resulten equilibrados por el interés nacional, que en esta etapa pasa por avanzar decisivamente en la sustitución de importaciones. Es decir, completar el ciclo de la industria pesada. Resta entonces, también, que el resultado político de la resolución 125 que fijaba un esquema de retenciones móviles a las exportaciones deje de significar una mella.

* Economistas y coordinadores del Departamento de Economía Internacional de la Sociedad Internacional para el Desarrollo-SID.