La ministra de Industria, Débora Giorgi, afirmó ayer por la tarde que el Gobierno tomó los recaudos necesarios “para que no se produzca desabastecimiento de productos ni aumentos de precios” a partir de la mayor protección que tendrá la industria nacional con la extensión de las licencias no automáticas. Lo hizo en respuesta al lobby importador que dejó trascender que podían empezar a faltar celulares, notebooks y autopartes, entre otros productos. “Los que advierten sobre un posible desabastecimiento de la industria y del mercado nacional son quienes defienden intereses de compañías que han decidido no invertir en la Argentina y que prefieren importar y vender sin generar puestos de trabajo nacionales”, afirmó.

El objetivo oficial es preservar a la industria local y al mismo tiempo garantizar el mantenimiento de un amplio superávit comercial, el cual constituye uno de los pilares del modelo económico actual. No obstante, la ministra y otros funcionarios se reunieron el viernes con 300 empresarios beneficiados con las licencias no automáticas para advertirles que se los va a controlar para que no aumenten los precios de manera injustificada, aprovechándose de la protección. La advertencia y, sobre todo, el control, resultarán claves porque a lo largo de la historia los empresarios han dado sobradas muestras de aprovechar las medidas oficiales para mejorar sus ganancias sin incrementar la inversión ni mejorar la productividad. Por lo tanto, cuando la protección desapareció, muchos rápidamente se vieron forzados a cerrar sus puertas o reconvertirse como importadores.

“Estamos defendiendo nuestro mercado interno de la competencia desleal, no podemos permitir daños a la industria nacional que impliquen el deterioro de las condiciones laborales de nuestros trabajadores”, dijo Giorgi ayer en referencia a la resolución 45 que prevé la expansión de la aplicación de licencias no automáticas a 200 nuevos productos que serán monitoreados a su ingreso al país. “Tenemos una economía que mostró un crecimiento inédito en 200 años, una industria que creció 87 por ciento, que creó 140 mil nuevas pymes, generó 5 millones de nuevos puestos de trabajo con mejor remuneración, que marca niveles de inversión con records históricos y baja en la tasa de desempleo”, agregó.

El ex secretario de Industria, Dante Sica, afirmó, por su parte, que “el mayor reclamo que hacen los importadores es no solamente la inestabilidad por la aplicación de nuevas licencias, sino que, según los orígenes, algunos plazos se han estirado”. El economista de la consultora Abeceb.com indicó que el plazo para autorizar una importación está previsto en 60 días, pero que “según algunas denuncias, han estado por encima de los 120 días”. “Esto podría generar algún tipo de reclamo por parte de algún sector importador o algún país que vea que sus importaciones de su origen puedan verse afectadas”, dijo. Luego advirtió sobre posibles aumentos de precios. “La medida tiene un costo asociado y a veces lo paga el consumidor en el precio que está abonando”, declaró.

Para Sica, la extensión de licencias no automáticas a un conjunto de productos importados implementada por el Gobierno hace dos semanas tiene “un doble sentido”, proteger a algunos sectores de la apreciación del dólar, y mejorar la balanza comercial. “Por un lado, hay una restricción o protección posible ante lo que se estaba evidenciando como una apreciación del dólar, que abarata las importaciones, con lo que algunos sectores piden protección para resguardarse; y también creo que hay un objetivo –se ha visto en especial en los autos de alta gama– de mejorar la balanza comercial”, explicó.