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Las privatizadas se ilusionan con que ésta será una buena semana. A la presencia de una misión del Banco Mundial y el FMI que vino a sostener la presión en favor de las empresas concesionarias, se suma la expectativa de varias compañías de que la Justicia fallará a su favor. Página/12 escuchó de fuentes empresarias y de asociaciones defensoras de los usuarios la misma presunción sobre lo que ocurrirá con los fallos que deben ratificar o suspender los aumentos de tarifa dispuestos por el Gobierno. De ambos lados interpretaron que la demora de los jueces en frenar los incrementos sería una señal de que resultarán convalidados. Y las asociaciones de consumidores sostienen que hay una muy fuerte presión del Gobierno sobre la Justicia para que así sea. Hoy o mañana se daría la primera comprobación de esta hipótesis, dado que la jueza Susana Córdoba resolvería ante la presentación del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
Las empresas eléctricas y gasíferas están pendientes de lo que dictamine la Justicia. Su primera reacción luego de que el Gobierno autorizó las subas de tarifas mediante un decreto de necesidad y urgencia fue pesimista. Imaginaron que la medida sería anulada en Tribunales como ocurrió el año pasado. Sin embargo, el paso del tiempo fue modificando esa impresión, y ahora tanto ellas como la mayoría de los defensores de los usuarios suponen que los aumentos quedarán firmes. En ese lapso, el Gobierno activó todos sus contactos en Tribunales para “convencer” a los jueces de fallar a favor de las empresas.
En este momento son minoría los que piensan que los jueces apoyarán sus planteos. En este grupo se ubican quienes recuerdan que las juezas Susana Córdoba y Claudia Rodríguez Vidal ya fallaron en otras oportunidades en favor de los usuarios.
Hubo tres presentaciones para voltear los ajustes. El mencionado de Mondino junto a tres asociaciones de consumidores, otro de la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, y un tercero de otras entidades de usuarios. A esta altura, en ese bloque coinciden en que lo mejor que podría ocurrir es que haya fallos contradictorios. Los rápidos respaldos a sus pedidos de amparo para bloquear los aumentos no llegaron, y ello erosionó su confianza en que les darán la razón. Para colmo, la llegada de la misión conjunta del Banco Mundial y el FMI para trabajar exclusivamente en el tema servicios públicos generó más resquemores.
Los técnicos de los organismos quieren evitar que se vincule su accionar con los aumentos tarifarios. Hacen un esfuerzo por diferenciarse de esa cuestión, y para dejarlo aún más claro solicitaron audiencias con Mondino y con las entidades que componen el Foro de Asociaciones de Consumidores. Los encuentros tendrán lugar esta tarde. “No habrá ninguna recomendación sobre cambios específicos de los contratos o de tarifas”, señalaron a este diario fuentes vinculadas con la delegación del BM y el FMI. La versión oficial es que los técnicos vinieron –aunque en rigor el jefe del grupo, Juan Gaviria, reside en Buenos Aires, por ser director del Banco Mundial para la región– para ofrecer asistencia al Gobierno sobre cómo encarar la renegociación con las privatizadas.
“La misión entregará un informe al Gobierno que le aportará información útil para negociar con las empresas. Por ejemplo, cómo es la estructura de tarifas en la Argentina y cómo en los países vecinos o en naciones con el mismo nivel de ingresos per cápita. Es una mirada técnica que sirve para el mediano plazo, y que no tiene nada que ver con la coyuntura”, insistieron desde los organismos.
Lo cierto es que el staff del FMI ejerció una fuerte presión a favor de las empresas durante la agotadora negociación con el Gobierno, y que también los países del Grupo de los Siete que terminaron por avalar el acuerdo respaldan a sus compañías. En la Carta de Intención del conveniocon el FMI figura expresamente que una misión vendría a analizar la renegociación con las privatizadas.
Roberto Lavagna encabezó una primera reunión con la misión. Fue ayer a la tarde, en el Ministerio de Economía, y estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen; el secretario Legal y Administrativo, Eduardo Pérez; y el titular de la Comisión Renegociadora de los Contratos, Gustavo Simeonoff. Por el lado de los visitantes concurrieron Juan Gaviria (un especialista en el tema servicios públicos del Banco Mundial), Axel van Trotsenburg (jefe de la oficina del BM en Buenos Aires), Antonio Stache, Vivian Foster (también del BM) y Louis Cubedou (delegado permanente del FMI en la Argentina).
El diputado Héctor Polino, también integrante de la asociación Consumidores Libres, denunció que “el Banco Mundial es accionista y prestamista de Aguas Argentinas, juez del Gobierno en un tribunal internacional y ahora pretende actuar como asesor. Es un verdadero escándalo por la confusión de intereses contrapuestos que existen en cabeza de una misma institución”, enfatizó. El legislador precisó que el brazo comercial del BM, la Corporación Financiera Internacional, posee el 5 por ciento del capital accionario de aquella empresa, y le concedió préstamos por 124 millones de dólares, lo que representa el 20 por ciento del endeudamiento externo de la compañía. Por otra parte, el BM forma parte del tribunal del Ciadi, un árbitro internacional ante el que se quejaron las privatizadas por la supuesta afectación a sus intereses que produjo la devaluación. De allí que Polino mencione que la entidad es juez y parte.