Fue una intensa travesía de tres años para que finalmente de boca de uno de sus protagonistas estelares se desmoronara la ficción creada por el complejo agromediático. Para ese derrumbe fue necesaria una lluvia de votos a la candidata a presidente por el oficialismo en las elecciones primarias. Ante al abrumador triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la Sociedad Rural, que anexó a sus campos dos calles de tránsito público de Carlos Casares, admitió que él y sus socios de la Mesa de Enlace construyeron una realidad del sector alejada de la verdad. Hugo Biolcati, dueño de la Estancia La Dorita y acusado de haber construido canales clandestinos que anegaban campos vecinos, sufrió el shock de las urnas. Entregó tres reveladoras definiciones en el encuentro de catarsis convocado por la conservadora Asociación de Dirigentes de Empresa:

1 “Sí, a nosotros nos va bien”.

2 “Cuando nos convenía, nosotros (población rural) nos vendimos como el 15 por ciento del padrón, pero en realidad no llegamos al 8”.

3 “En 2008 mucha gente de los pueblos y las ciudades apoyó la protesta del campo, pero la mayoría no tenía ni idea de lo que era la 125”.

La Resolución 125, que establecía derechos de exportación móviles a cuatro cultivos clave (soja, trigo, maíz y girasol) era, teniendo en cuenta la práctica habitual de gestión, una sofisticada herramienta de intervención de política económica. El ajuste automático de las alícuotas de las retenciones actuaría como un acompañamiento anticíclico para amortiguar el impacto sobre los precios internos de la evolución de los precios internacionales de las materias primas. Era una medida que sólo requería adecuar el recorrido escalonado de la curva de las alícuotas cuando los precios alcanzaren máximos, como los 600 dólares en la soja, puesto que a partir de esos valores todo aumento era absorbido por las retenciones. Se trataba de hacer esa pequeña corrección técnica a una medida que en un marco teórico tenía explicación, pero en términos políticos provocó notables movilizaciones y alianzas sociales sorprendentes. No fue por las retenciones móviles esa masiva reacción, como ahora confesó Biolcati, sino que montados sobre esa iniciativa se explicitó las fuerzas subterráneas que estaban desarrollando los sectores conservadores desde el 2004 contra la intervención del Estado en la economía, como se explica en el esclarecedor libro La patria terrateniente, de Sebastián Ortiz, que expone un minucioso seguimiento cronológico de pronunciamientos públicos y asambleas de las entidades patronales en esos años.

Las deficiencias en la comunicación de esa iniciativa o las debilidades en la regulación oficial en los eslabones concentrados de la cadena son factores que se reiteraron para comprender la violenta respuesta del sector del campo privilegiado. Esas carencias ya eran parte de la gestión kirchnerista. No gatillaron el conflicto. Evaluar que ésos fueron los motivos de esa resistencia implica un abordaje superficial sobre un movimiento de profunda raíz económica y política conservadora, que reivindica el país del Centenario y aspira a imponer un modelo agroexportador.

Biolcati y sus socios de la Mesa de Enlace se constituyeron en la avanzada de ese poder económico orientado por la trama multinacional sojera, con apoyo de un centroizquierda político encandilado por peones explotados arriados a cortar rutas por el patrón de estancia. La subordinación de la Federación Agraria a ese proyecto de poder fue la manifestación más evidente de ese extravío, que hoy se expresa en la división interna de la entidad entre un grupo cercano a las ideas de la Rural y del candidato 3,54 por ciento Mario Llambías, de CRA, y otro que pretende recuperar banderas históricas.

La declaración de Biolcati de que al campo le va bien, cuando había inventado que se iba a importar trigo, carne y leche para mostrar lo mal que estaba el sector, expone con crudeza el seguidismo de sectores políticos a los intereses del poder económico. Incluso hoy se siguen dirigiendo a un actor político que, como deschavó Biolcati, son muchos menos que lo propagandizado. Uno de los voceros más calificados de esos intereses, Héctor A. Huergo, encargado del suplemento “Clarín Rural”, fue aún más sincero con los números del denominado “voto del campo”. Escribió ayer en su habitual editorial de los sábados, tribuna utilizada para orientar la acción política del sector, que “ahora (el campo) sabe que con los votos propios no se mueve la aguja: en la Argentina ‘el campo’ son 250.000 explotaciones, en su mayor parte familiares, sobre un padrón de 25 millones. El 1 por ciento”.

Así se empieza a desmontar la inmensa construcción del factor campo en la vida política y en la economía, como esa idea de que es un potente generador de empleo. Esa distorsión reiterada hasta el cansancio en estos años agitados fue respaldada por un documento técnico elaborado por el economista Juan Llach que estimó que el empleo total creado por las cadenas agroindustriales representa el 35,6 por ciento del total de ocupados. El objetivo de este número, del mismo modo que el “voto campo”, sirvió para disciplinar a candidatos en la arena política, era demostrar las falencias de las políticas hacia el sector. La secuencia era que como el campo genera mucho empleo, las retenciones son un error de política, además de buscar convencer que un modelo de exclusión social, como el agroexportador, es el mejor para el desarrollo del país. Esa estimación fue desmantelada con un trabajo riguroso realizado por el investigador Javier Rodríguez, que determinó que el Sistema Agropecuario Ampliado, que incluye el agro y la industria alimentaria (11,4 por ciento), más el transporte (1,2) y la comercialización (5,6) asignados al sector, llegaba, según la Matriz Insumo Producto de 1997, a un total del 18,2 por ciento del empleo total. La mitad de lo calculado por Llach, la misma proporción que Biolcati reconoció que mintieron para inflar el padrón electoral sectorial.

El taladrar el sentido común sobre las falsas penurias del campo de la abundancia durante estos tres años quedó al desnudo. El testimonio del tambero, uno de los principales perceptores de subsidios estatales, dentro del régimen de compensaciones a los productores agropecuarios, implica una bisagra en el debate sobre el modelo de desarrollo. Los argumentos Pinocho sobre la realidad del sector del campo privilegiado neutralizan el objetivo de la restauración conservadora y ofrecen más tiempo, ahora con la renovada fuerza de las urnas, para profundizar una economía de base industrial con inclusión social.

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