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Todd Tucker es director de investigación de Public Citizen, una ONG estadounidense especializada en comercio global y servicios financieros. La semana pasada visitó el país invitado por FOCO y Cefid-AR para participar del seminario “Los debates para la construcción de un nuevo orden financiero internacional”. En diálogo con Página/12, Tucker advierte sobre los límites que la Organización Mundial del Comercio (OMC) impone a muchos de los países que quieren impulsar nuevas regulaciones en medio de la crisis, pero afirma que los compromisos asumidos durante la década del ’90 no deben obrar como un freno. “Lo que deben hacer los países es avanzar con las regulaciones y después reformar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, según sus siglas en inglés), para que no haya sanciones”, remarca.

–La crisis internacional hizo resurgir una serie de propuestas para introducir mayores regulaciones en el sistema financiero, pero usted advierte que se desconocen los límites que les fija la OMC a esas regulaciones, ¿cuáles son esos límites y por qué no son conocidos?

–En la Ronda Uruguay de 1994 hubo 17 acuerdos, uno tiene que ver con servicios y las finanzas figuran debajo de ese paraguas junto a otros cientos de sectores. Cuando esas reglas se debatieron había muy poca información, aun en Estados Unidos, para entender el significado de lo que se estaba negociando. Después del estallido de la crisis financiera, cuando los países vuelven a repensar qué herramientas quieren usar, se empiezan a dar cuenta que algunas tasas a las transacciones financieras o algunos controles sobre el movimiento de capitales chocan con los compromisos asumidos en la OMC. También surgen confusiones porque el secretariado de la OMC dice que lo único que hace es tratar de evitar la discriminación hacia los proveedores de servicios extranjeros, pero eso no es así. Hay varios artículos muy importantes en el GATS que imponen restricciones sobre lo que puede hacer un país. Además, ese acuerdo es complejo y cada país tiene un nivel de compromisos distinto.

–¿Depende de lo que cada país haya aceptado?

–Exacto. Por ejemplo, Argentina asumió muchísimos compromisos en el GATS, Ecuador aún más, pero Brasil no tantos. Por eso Brasil tiene un margen de maniobra mayor para aplicar controles de capitales y otra variedad de regulaciones financieras, sin correr el riesgo de ser demandado ante el mecanismo de solución de diferencias de la OMC.

–Argentina aplica control de capitales.

–Pero se comprometió ante la OMC a no hacerlo. Por lo tanto, algún inversor extranjero que se sienta perjudicado por esa normativa podría presionar a su gobierno para que demande a la Argentina ante la OMC.

–¿Hay alguna instancia donde el país pueda anular compromisos que ya haya asumido?

–En 1994 Estados Unidos no estaba satisfecho con los niveles de compromisos de muchos países, especialmente los asiáticos, y la negociación se reabrió hasta 1997 para que los países pudieran comprometerse aún más o, eventualmente, retirar algún compromiso. Desde la Ronda de Doha en 2000, se está tratando de volver a abrir la negociación en materia de servicios financieros. El gobierno de George Bush y ahora el de Barack Obama presionan para que los países asuman más compromisos, pero hasta el momento no lo consiguieron. La Argentina, bajo la administración actual, es uno de los países que más resisten esa iniciativa.

–Pero la reapertura de la negociación también podría servir para retirar compromisos.

–No, Estados Unidos quiere que esta vez se reabra sólo para que se asuman aún más compromisos. Lo que varios grupos estamos planteando es que ese espacio se debería reabrir, pero dándoles la posibilidad a los países de sacar compromisos porque, luego de la crisis internacional, hay mayor conciencia sobre lo que esos compromisos significan.

–Francia propuso en los últimos meses implementar una tasa para gravar a los capitales especulativos dentro de la Unión Europea, ¿podría hacerlo o estaría en infracción tomando en cuenta el GATS?

–La Comisión Europea publicó un informe hace un año donde se analizó justamente eso. Allí se advierte que en los años ‘90 muchos países asumieron obligaciones para no restringir los flujos de capitales. Esas obligaciones operan como un freno para ese tipo de iniciativas. En Estados Unidos pasa algo similar. Muchos proyectos de ley referidos a regulaciones ambientales, de salud y financieras, se frenan por ese mismo motivo, pero lo que deben hacer los países es avanzar con las regulaciones y después reformar el GATS para que no haya sanciones.

–¿El GATS también impide que se regule el acceso a los mercados?

–El artículo 16 del GATS, que regula el acceso a los mercados, dice que ningún país miembro puede limitar el número de proveedores de servicios, el valor total de los activos en transacciones de servicios, el número total de operaciones, etc. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenés un sistema de jubilación público y lo privatizás, pasás de un proveedor a varios proveedores, pero si el sistema fracasa y querés volver a un sistema con un solo proveedor estatal estarías violando la legislación de la OMC al limitar la cantidad de proveedores.

–¿Eso quiere decir que el gobierno de Estados Unidos podría haber hecho un reclamo ante la OMC en defensa de algunas de las AFJP donde el capital estadounidense tenía intereses?

–Sí, pero depende de cómo se haya planteado el tema en la ley de nacionalización.

–¿Qué otros casos puede mencionar?

–Estados Unidos, por ejemplo, perdió una disputa porque en 2005 prohibió los juegos de azar por Internet y la OMC dictaminó que esa prohibición violaba el GATS.

–¿Quién se presentó contra Estados Unidos en la OMC?

–La Isla de Antigua. Lo irónico es que el caso estuvo incentivado por capitales de Estados Unidos y Rusia que están registrados ahí. De hecho, cualquier paraíso fiscal puede lanzar un caso bajo el GATS.

–¿Y en qué quedó ese caso?

–Ahora están en una etapa de negociación. Como es difícil que el Congreso de Estados Unidos cambie la ley, lo más probable es que se le apliquen sanciones comerciales o deba otorgar algún tipo de compensación. Lo que Antigua propone es no tener que respetar ciertas regulaciones vinculadas a los derechos de propiedad intelectual. Europa también formaba parte de los demandantes en ese caso y Estados Unidos y Europa están negociando otro tipo de concesión, que sería eliminar restricciones para el tendido de gasoductos en Estados Unidos. Lo relevante es que, en caso de incumplimiento, las compensaciones no se limitan al sector donde surgió el conflicto sino que puede trasladarse a cualquier otro.

–El acuerdo del GATS parece hecho a medida de los grandes capitales financieros.

–El GATS fue impulsado por los principales bancos de Wall Street, pero tuvo aliados adentro de los distintos gobiernos. Cuando se debatió la Ronda Uruguay, Timothy Geithner era un joven asesor del Departamento del Tesoro que se encargó de diseñar muchas de estas reglas y en la actualidad continúa defendiendo este esquema. En Public Citizen nos especializamos hace cuatro años en cuestiones de servicios financieros y empezamos a recorrer el Congreso para concientizar a diputados y senadores. En ese momento, nos dimos cuenta de que en el Congreso casi nadie sabe que existen estas reglas. Lo único que sí entienden, es que cuando están diseñando algún proyecto regulatorio, un experto comercial del gobierno les advierte que no lo hagan porque podrían violar el GATS u otro acuerdo de la OMC. Es un proyecto de las grandes transnacionales.

–Usted mencionó al actual secretario del Tesoro, Timothy Geithner, como uno de los responsables del diseño de estas reglas, ¿hay disputas en el gobierno de Obama sobre el tema o es una gestión colonizada por el sector financiero?

–Obama durante su campaña hizo muchas promesas sobre los cambios estructurales que iba a impulsar en materia de política comercial. Fue a Ohio, un estado donde se perdieron muchos empleos industriales, y prometió que iba a revisar el Nafta y otros acuerdos similares, pero una vez que asumió nombró como asesores principales a los arquitectos de esas reglas, como Geithner, Larry Summers (quien ya dejó el gobierno), Gene Sperling y Robert Rubin, que es un consejero informal de Obama.

–¿Durante la campaña no se sabía que iba a trabajar con esa gente?

–No, no se esperaba eso porque no coincidía con su discurso de campaña. El había propuesto un cambio estructural.

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