Alvaro Rico es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Uruguay. Desde hace seis años es el coordinador de la investigación sobre la represión durante la dictadura uruguaya (1973-1985), tarea que le encomendó el entonces presidente frenteamplista Tabaré Vázquez. Rico viajó a Buenos Aires para participar del Seminario de Políticas de la Memoria que se realizó en el Centro Cultural Haroldo Conti en la ex ESMA. Antes de su intervención, dialogó con Página/12 acerca de su investigación y de las disputas por la memoria que se están librando en la República Oriental.

También aprovechó el viaje para recorrer la zona del Abasto, donde vivió cuando, huyendo de la dictadura uruguaya, se refugió en la Argentina. Anduvo por las calles que transitó hasta 1976, cuando tuvo que exiliarse en Europa. “No puedo creer que hayan puesto ahí un shopping”, se queja y comenta después, con picardía en la mirada, que es primo lejano del ex carapintada Aldo Rico. Enseguida vuelve a referirse a la labor de documentación de las víctimas uruguayas que cumple desde 2005. “La responsabilidad es muy grande. Se siente el peso de la historia cuando uno tiene que trabajar con esos archivos sensibles y sobre un período tan lleno de destratos y violaciones a la dignidad humana”, remarca.

–¿Cree que se ha avanzado en los últimos años en materia de verdad sobre la dictadura uruguaya?

–Hasta el momento, entre archivos estatales, privados y del exterior, el equipo que coordino revisó alrededor de 27 archivos, entre ellos catorce estatales. El balance es de avance, pero limitado con relación a todo lo que aún resta por saber. Si bien no hay una consulta pública autorizada a los archivos de la dictadura, Uruguay ya tiene tres leyes de archivos y de hábeas datas muy importantes.

–La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman insiste en que el Estado abra y ponga a disposición los archivos de la represión.

–Exactamente. Allí se señala que, en el plazo de dos años, el Estado debe promover esa posibilidad de consulta. Si bien había muchos rumores que decían que los archivos se habían destruido, el equipo de investigación pudo acceder y comprobar que esa documentación se conserva.

–¿Pudieron ver los archivos de las fuerzas armadas?

–Entre los archivos que pudimos ver están los de Inteligencia policial, los de la Cancillería (que es un ámbito fundamental para poder investigar las implicancias del poder civil con el poder militar en la estructuración del régimen dictatorial cívico-militar) y algunos de origen militar. También está el archivo de fichas clínicas de Sanidad Militar, que fue hallado hace poco tiempo y que en los últimos meses el equipo ha podido, mediante la autorización de la presidencia, trabajar en la búsqueda de detenidos que fueron atendidos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y para tratar de encontrar también detenidas que dieran a luz en el Hospital Militar. Uno de los objetivos fundamentales en esta búsqueda es saber de María Claudia Irureta Goyena de Gelman, en la medida en que varios testimonios señalan el alumbramiento de Macarena, su hija, en el Hospital Militar.

–¿Qué particularidad tuvo la represión en Uruguay?

–En el caso de la Argentina, la metodología represiva generalizada fue la desaparición forzada de personas; en el caso de Uruguay, la metodología generalizada de la represión dictatorial fue la prisión masiva y prolongada. Hasta el momento, el universo de detenidos-desaparecidos uruguayos es de 176, pero el universo de presos políticos es de alrededor de seis mil. A escala de población, Uruguay fue la dictadura de mayor cantidad de presos políticos en el mundo.

–¿Tuvo secuelas esto a nivel social?

–Sí, tuvo efectos para la sociedad esta política de encierro, de control, de libertad vigilada. Además porque el preso político en Uruguay fue sinónimo de tortura. No hubo preso político que no pasara por la tortura. No es casualidad que el Uruguay de hoy, a más de 25 años del fin de la dictadura, siga teniendo en el tema carcelario y en la superabundancia de presos jóvenes un problema que se continúa en el tiempo sin solución a la vista. Las dictaduras tuvieron un objetivo inmediato: desbaratar los desafíos al statu quo, que en el contexto de los años ’60 y ’70 existían. Pero sus objetivos fueron más allá y uno de ellos tiene que ver con la reestructuración de formas sociales, de valores.

–¿Por esta reestructuración de los lazos sociales se puede explicar que la ciudadanía haya ratificado la Ley de Caducidad, que impide que se juzgue a los represores?

–Yo creo que sí. No es de descartar esa línea explicativa. Por otro lado, la izquierda no siempre ha encontrado los elementos convincentes y populares para lograr establecer una explicación sobre por qué hubo una dictadura en el Uruguay y sus responsables. Ciertos rasgos de temor, ciertos rasgos de indiferencia, ciertas contradicciones internas de la propia izquierda, terminaron por profundizar esas transformaciones culturales.

–¿Qué pasaría si en noviembre prescriben las causas por crímenes cometidos durante la dictadura, como todo hace presuponer?

–Se concluiría con una época que tuvo sucesivas etapas: desde la Ley de Caducidad, los plebiscitos, las marchas de silencio, los intentos de anulación. Esa época terminaría con la conclusión de que “justicia nunca más”.