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El oficialismo consiguió la media sanción del proyecto que busca regular la compra-venta de tierras en manos extranjeras. Fue por 153 votos afirmativos contra 26 negativos y una abstención. La iniciativa contempla un límite del 15 por ciento del total de tierras rurales del país, porcentaje que se hace extensivo a los departamentos, municipios y provincias. Además, cada titular no podrá adquirir más de mil hectáreas en zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. El bloque Unidad Popular, con Claudio Lozano y Víctor De Gennaro a la cabeza, votó a favor. Por otro lado, los diputados Ulises Forte y Pablo Orsolini, ambos del radicalismo y de la Federación Agraria, entidad que en 2002 presentó un proyecto sobre extranjerización, votaron en contra. Los legisladores del PRO, Proyecto Sur y el Frente Peronista decidieron ausentarse a la hora de la votación. La semana que viene será el turno del Senado, que podría convertirla en ley entre el miércoles y jueves.

“Este es un proyecto que se basa en la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación de lo producido”, afirmó Luis Cigogna (FpV), titular de la Comisión de Legislación General. Eran las 3.40 de la madrugada y todavía restaban dos horas y media para que se votara el proyecto.

La iniciativa, que en la madrugada de ayer obtuvo media sanción, fue trabajada durante seis meses por un equipo multidisciplinario coordinado por el Ministerio de Agricultura. Julián Domínguez, ex titular de la cartera agrícola y actual presidente de la Cámara de Diputados, resaltó ayer la relevancia de este proyecto como instrumento para “defender un recurso tan vital como la tierra”.

Además de los límites mencionados, los titulares de una misma nacionalidad no podrán acceder a más del 30 por ciento del total habilitado para su venta. Uno de los aspectos más relevantes de la norma es el registro catastral que pretende hacer el inventario de todas las tierras rurales del país. Este trabajo estará a cargo del Ministerio de Justicia. Una vez que finalice –luego de los 180 días de publicada la reglamentación–, el Gobierno sabrá con exactitud cuántas tierras están en manos de extranjeros. Hasta el momento no existen cifras consolidadas.

Antes del recambio parlamentario, la iniciativa estuvo frenada en la Comisión de Agricultura, cuyo titular era Juan Casañas (UCR). El radical, quien se vinculó con la Federación Agraria en pleno conflicto por la Resolución 125, votó en contra. “Si aprobamos este proyecto, corremos el riesgo de que nos demanden ante el Ciadi”, manifestó Casañas.

El texto también fue resistido por el resto de las entidades agropecuarias que conforman la alicaída Mesa de Enlace. Ricardo Buryaile, también radical y representante de CRA, votó en contra. “Esta es una ley xenófoba porque propone que cualquier argentino es mejor que un extranjero. Además, expresa un rechazo al federalismo”, sostuvo Buryaile, el mismo dirigente que en pleno conflicto por la Resolución 125 había propuesto cerrar el Congreso si Julio Cobos no daba su voto no positivo.