Gerónimo “Momo” Venegas logró su objetivo. A través de cuatro medidas cautelares consiguió frenar la aplicación de la ley que establece un nuevo Estatuto del Peón Rural, un régimen laboral más benigno para los trabajadores del campo. Las resoluciones judiciales fueron dictadas en dos casos por el Juzgado N° 10 de la seguridad social, a cargo de la magistrada subrogante Ana María Rojas, una por el juez de garantía platense Guillermo Atencio, y la cuarta por el juez federal Alberto Ize. Este último estaría por ser denunciado por la Anses en la causa de estafas contra el organismo. El vicepresidente Amado Boudou señaló que “es muy preocupante el atropello institucional que están realizando algunos sectores de la Justicia”.

El presidente en ejercicio sostuvo que el problema “no es toda la Justicia”. “En este caso se trata del juez Ize. Sí, el mismo mencionado en una estafa millonaria contra la Anses mediante la industria del juicio, que dictó un amparo inaudito, nulo e insólito”, alertó el funcionario. “Como antes, en el caso de las reservas del Banco Central hace dos veranos, de la ley de medios audiovisuales, de defender las altas tasas de interés que se cobraban a jubilados mediante el código de descuento; nuevamente aparece la Justicia cautelar para defender intereses espurios”, acusó Boudou. “Este fallo es sólo para cuidar la inverosímil caja de Uatre”, continuó, en referencia al gremio que comanda Venegas. “La Justicia cautelar express llega rápido y para pocos. Es increíble que una y otra vez las leyes de la Nación sean ignoradas, abusando de un mecanismo a favor de los más poderosos y de las corporaciones”, completó.

Los fallos frenan la aplicación del nuevo Estatuto del Peón Rural. El Ministerio de Trabajo ya los apeló y quedó a la espera de la resolución de la Cámara. La nueva ley, sancionada por el Congreso casi por unanimidad a fines de diciembre, restituye una serie de derechos a los peones del campo que habían sido restringidos por una ley de la última dictadura. Entre sus artículos, se establece la jornada laboral de ocho horas y se les permite a los trabajadores acceder a la jubilación con 57 años y 25 de aportes. Por eso interviene el fuero de la seguridad social, a pedido de Uatre.

Venegas se viene moviendo en distintos ámbitos para bloquear la ley. Hace una semana evitó el ingreso al Renatre de los funcionarios del Ministerio de Trabajo que deben encargarse de su disolución y reemplazo por un organismo estatal, el Renatea. El Renatre es manejado por el Momo y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace. “No vamos a entregar los fondos de los trabajadores al gobierno nacional, que sabemos lo que hace. No podemos crear antecedentes, ya que podrían hacer lo mismo con las obras sociales”, había dicho el dirigente. En la puerta del organismo había apostados varios “militantes” de Uatre para impedir el ingreso de los hombres de la cartera laboral.

Uno de los fallos a favor de Venegas fue dictado por el juez Ize, investigado por la Anses por manipular fallos en connivencia con distintos estudios de abogados. Sus dos secretarios en el juzgado de la Seguridad Social Nº 3, que él subrogaba, Emmanuel Catardo y Fernando Mora, fueron expulsados de sus cargos. Lo hizo la Corte Suprema, que dio por acreditada la denuncia de la Anses. Según el organismo, los secretarios inflaban artificialmente montos de retroactivos en favor de jubilados, en todos los casos por arriba del millón de pesos. Ize aparece mencionado en el expediente, ya que era el juez que dictaba las sentencias, y estaría por ser denunciado por la Anses. Sin embargo, el propio Ize se presentó como querellante en la causa contra Catardo y Mora, argumentando que a él también lo engañaron. La Justicia debe decidir si lo acepta como querellante o lo involucra como sospechoso.

La principal objeción del Momo contra la ley ahora bloqueada tiene que ver con la disolución del Renatre. Este organismo funcionaba como registro de los trabajadores rurales, administraba una bolsa de empleo y era el encargado de garantizar el trabajo en blanco en el sector. Recibía el aporte del 1,5 por ciento del sueldo de cada trabajador rural registrado, unos 10 millones de pesos al mes. Con la creación del Renatea, controlado por el Estado, Venegas pierde la administración de esos recursos.