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Esta mañana se pone en marcha el esquema ideado por el Gobierno para levantar el corralón. La posibilidad de liberar los ahorros estará abierta hasta el próximo miércoles 23. Después de 16 meses de instaurado, la Casa Rosada aspira a anunciar el fin del corralón justo antes de las elecciones. Dependerá de la decisión que tomen los ahorristas que depositaron dólares, a quienes les pesificaron las colocaciones. En Economía aguardan una respuesta masiva a su propuesta: el atractivo es el bono dolarizado a diez años que el Estado entregará para compensar la pesificación.
Los bancos juegan un partido aparte. Buscan seducir a los clientes para que no se lleven el dinero de las sucursales. Por eso se espera una suba de las tasas de interés de los plazos fijos. El plan oficial indica que quedarán liberados los depósitos de hasta 42 mil pesos (30 mil dólares originales). Las colocaciones entre ese monto y 100 mil pesos quedarán como un plazo fijo a 90 días a una tasa determinada por cada banco. Por último, los depósitos superiores a 100 mil pasarán a un plazo fijo por 120 días. No obstante, un grupo de bancos mejoró esta oferta. En la lista figuran el Macro-Bansud, Credicoop, Itaú y De la Pampa. Todos ellos devolverán todos los plazos fijos, sin necesidad de constituir nuevos plazos fijos. El Comafi y el Citibank anunciaron una propuesta intermedia: reintegrarán las colocaciones hasta 100 mil pesos, mientras que el resto permanecerá como plazos fijos a cuatro meses de plazo. En el caso del Comafi, los depósitos inferiores a 100 mil pesos representan el 99 por ciento de su cartera reprogramada.
Según un informe elaborado por la consultora Ecolatina, los Cedros de hasta 42 mil suman alrededor de 6800 millones de pesos, el 37 por ciento del total de 18.271 millones. Esta es la potencial masa de dinero que quedaría liberada en los próximos diez días.
Sin embargo, tanto en el Gobierno como en la city aguardan que la aceptación de la propuesta sea menor: no más allá del 60 por ciento del total. Y de este porcentaje estiman que sólo entre 25 y 30 por ciento se irá como efectivo de las entidades financieras, tal como sucedió dos meses atrás cuando los bancos abrieron el corralón de manera voluntaria. Es decir, unos mil millones de pesos, que se destinarían tanto para el consumo como a la compra de dólares. Ni el Gobierno ni los financistas creen en una suba del dólar si, efectivamente, se diera este escenario. Ayer, la moneda estadounidense quedó en los mismos valores del último viernes, a 2,93 pesos para la venta, dando cuenta de aquella perspectiva. Para retener a los ahorristas, las entidades financieras tentarán a la codicia de sus clientes subiendo las tasas pasivas, que ya se encuentran en niveles altos: alrededor de 24 por ciento anual en promedio.
También se descartan inconvenientes con la liquidez de los bancos: en total tienen disponibles 16 mil millones de pesos. Si bien podría darse lo que se denomina “vuelo hacia la calidad” entre las propias entidades financieras, en el Central descartaron “problemas críticos”. La semana pasada se tomaron medidas para mejorar la liquidez de los bancos. “La apertura del corralón se hace en un contexto de tranquilidad financiera. Apostamos a que se repita la historia, con el público suscribiendo plazos fijos para preservar sus ahorros, a pesar de la aversión generada por el corralito. Esta liberación desembocará en un claro incremento de los depósitos”, señaló a Página/12 un director del Banco Central. Entre enero y marzo, los plazos fijos se expandieron 6500 millones de pesos.
Además del efectivo, los ahorristas recibirán un título público –Boden 2013– equivalente a 0,93 peso por cada dólar original depositado. Este bono podrá venderse en el mercado en cualquier momento. Se calcula que en los próximos meses cotizará entre 40 y 50 por ciento de su valor facial.
El fin del corralón no sólo cerrará un capítulo importante de la última crisis. Hacia adelante debería significar el inicio de una nueva etapa de la economía en general y del sistema financiero en particular: la vuelta del crédito. Sin tener que previsionar fondos para atender amparos y con las reformas normativas que está llevando a cabo el Central, los bancos no deberían tener excusas para financiar al sector privado a costos razonables. De eso depende una verdadera recuperación.