El gobierno nacional denunció a cinco compañías petroleras por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a granel a las empresas de transporte de pasajeros y carga. La Secretaría de Transporte encontró que el precio que pagan los transportistas y subsidia con distintos mecanismos el Estado llega a ser hasta 30 por ciento superior al costo del combustible para el público general en las estaciones de servicio. Las empresas implicadas en la supuesta maniobra abusiva son Repsol-YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles. Según estimó Transporte, esas compañías estarían apropiándose de un sobreprecio promedio de 8,4 por ciento, alrededor de 3500 millones de pesos al año. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia comenzó a investigar y analizar el mercado para detectar si existen prácticas irregulares que les permitieron coordinar una alteración en los precios mayoristas de comercialización de combustibles. Las petroleras y los transportistas fueron convocados para mañana a una reunión en el Ministerio de Economía.

La semana pasada distintas cámaras de transporte de pasajeros y de carga realizaron una presentación ante el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, donde advertían sobre las irregularidades en el precio del combustible pagado por ellos. Los transportistas señalan que desde mediados de 2011 el precio mayorista del gasoil supera al precio en las estaciones de servicio, bajo seguimiento del Estado. “El Estado subsidia gran parte de estos servicios, por lo cual no está dispuesto a tolerar que se manipulen en modo alguno los precios de venta de productos necesarios para prestar un servicio público fuertemente subsidiado”, explicó el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, durante una conferencia de prensa.

El análisis preliminar realizado por el gobierno nacional estableció que las petroleras multinacionales, como Repsol-YPF o Shell, y locales más pequeñas, como la empresa de Cristóbal López, Oil Combustibles, que dominan el mercado, generaban así un excedente cercano a los 3500 millones de pesos al año. Ese margen extraordinario es abonado no sólo por los transportistas sino también por el Estado, a través de los distintos esquemas de subsidios a los combustibles. “Esta acción es parte de la decisión que hemos adoptado como Estado para combatir y terminar con los monopolios y grupos de poder que distorsionan las variables de mercado”, señaló De Vido acompañado por el vicepresidente, Amado Boudou, y el titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lorenzino.

La sistematización de la práctica abusiva en materia de precios en un sector productivo que funciona como un oligopolio –con pocas empresas que ofrecen productos y muchos consumidores– llevó al Gobierno a suponer que las petroleras actúan en forma coordinada generando un fenómeno que se denomina cartelización. El mercado de provisión de combustibles está dominado por dos empresas: Repsol-YPF, que controla el 65 por ciento del total, y Shell, que posee el 20 por ciento del mercado. La lista la completa Esso con el 9 por ciento. “Queremos que Defensa de la Competencia descarte o confirme si hubo prácticas monopólicas, cartelización o colusión de empresas, abuso de posición dominante u otro mecanismo irregular que haya alterado los precios mayoristas de comercialización”, sostuvo De Vido.

“Encontramos diferencias de hasta 30 por ciento entre el valor que el transportista pagó a granel y el valor del mismo día en una estación de servicio a 10 cuadras de donde está el deposito a granel”, explicó Schiavi. El funcionario mostró dos facturas de YPF con una diferencia de 5 por ciento entre los precios. Por su parte, Shell difundió ayer un comunicado para negar que cobre más en las ventas mayoristas que en sus estaciones de servicio (ver aparte). Sin embargo, Schiavi ofreció un ejemplo en Tucumán donde el precio mayorista pagado por los transportistas llegó a 5,26 pesos y el costo del combustible en las estaciones de servicio era de 4,60 pesos. Situaciones similares con otras empresas se observaron en Salta, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

“Esto constituye para nosotros una clara muestra de un sobreprecio que, en el caso del transporte público, tiene un impacto directo sobre la posibilidad de que esas empresas sigan sosteniendo sus estructuras de costos. Es parte de la sintonía fina no tolerar cosas que no tienen racionalidad”, explicó Schiavi. El parque de ómnibus en el país ronda las 39 mil unidades que poseen un consumo mensual de 115 millones de litros de gasoil. Por su parte, el transporte de carga moviliza a 430 mil vehículos con un consumo mensual de 600 millones de litros, de los cuales el 40 por ciento se consume a granel y el 60 por ciento restante en las estaciones de servicio. Desde una de las cámaras que realizaron la presentación inicial ante Transporte explicaron a Página/12 que las diferencias de precio comenzaron a mediados de año, cuando cambió la forma de pago de los subsidios al combustible. Los transportistas de pasajeros explican que antes de mediados de 2011 el Estado otorgaba un precio diferenciado y eran las petroleras quienes debían reclamar el pago de los subsidios. El esquema cambió y ahora las empresas transportistas deben abonar el combustible y el Estado se hace cargo de una porción fija de ese valor.