El gobierno francés solicitó ayer a la Comisión Europea que suspenda la autorización para cultivar el maíz transgénico desarrollado por el grupo estadounidense Monsanto, identificado por la sigla MON810, por el riesgo que, asegura, supone para el medio ambiente. El reclamo se formula después de una sucesión de controversias administrativas y judiciales, por las cuales las autoridades del Ejecutivo francés ya habían intentado prohibir el cultivo, pero un tribunal determinó que una decisión así sólo era facultad de la autoridad europea.

La petición enviada ayer a la Comisión Europea “se apoya en los últimos estudios científicos y en una notificación de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) del pasado diciembre, que demuestran que el cultivo de ese maíz presenta riesgos importantes para el medio ambiente”, señala la nota del Ministerio de Agricultura galo que acompaña el reclamo.

Dicha cartera recuerda que el Ejecutivo francés, encabezado por el presidente Nicolas Sarkozy, ya había manifestado su oposición al uso de ese tipo de semillas el pasado 28 de noviembre. El argumento que ofreció entonces el jefe de gobierno para rechazar el uso de esa variedad de organismo genéticamente modificado (OGM) era que “el objetivo de la agricultura francesa es la calidad, que se sustenta en la confianza del consumidor”.

Pero con posterioridad a esta decisión, la Justicia falló a favor de Monsanto, autorizando su cultivo, pese a lo cual el gobierno francés aplicó una cláusula de salvaguarda por la que mantuvo prohibido el uso de la semilla. Esta resolución, aunque en la práctica está vigente, tiene una legalidad precaria, al punto de que fue cuestionada por el Consejo de Estado de Francia, el más alto órgano administrativo. Es por ello que ahora el gobierno francés busca el respaldo de una decisión de la Comisión Europea.

Este organismo autorizó, durante el año pasado, solamente el cultivo de dos tipos de OGM, el maíz MON810 y la papa Amflora, de la alemana BASF, pero esta última anunció en enero que dejará de comercializar y desarrollar transgénicos en la UE, dado el rechazo de la opinión pública y de varios gobiernos.