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Las cuatro entidades que representan al grueso del sector agropecuario —Confederaciones Rurales, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural— decidieron “romper el diálogo” con el Gobierno. Lo hicieron después de escuchar de boca del presidente Eduardo Duhalde la negativa a sus reclamos tributarios. En particular, a la suspensión por 90 días del pago del impuesto a las ganancias. También amenazaron con medidas de fuerza a partir del próximo lunes.
Frente a la negativa recibida desde el Ministerio de Economía, la dirigencia agropecuaria había apostado todas sus fichas a la negociación con el “ala política” del Gobierno. Para reforzar sus demandas, la reunión mantenida ayer con Duhalde había sido precedida por la amenaza de rebelión fiscal. Los dirigentes del campo sienten que en la puja intersectorial por obtener concesiones gubernamentales están llevando la peor parte y que se habrían convertido en objeto de la “voracidad fiscal” del Estado. Salvo la refinanciación de deudas con el Banco Nación, sus demandas son netamente tributarias: pagar menos Ganancias por la vía de ajustar sus balances por inflación, terminar con el IVA diferencial para los granos y eliminar progresivamente las retenciones a las exportaciones.
Conscientes de estar negociando con un gobierno en retirada, los dirigentes rurales se habían concentrado en obtener, como mínimo, una postergación de 90 días en el pago del impuesto a las ganancias. Pero el margen fiscal emergente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es escaso y el Tesoro no está en condiciones de prescindir de estos ingresos al mismo tiempo que cumplir los compromisos con el organismo. La respuesta de Duhalde fue tajante: “La Argentina es uno de los países en el mundo donde se pagan menos impuesto a las ganancias y nosotros no podemos avanzar dándole un beneficio a un sector, porque hay otros que están todavía en más dificultades que el agropecuario y tendrían derecho a reclamar lo mismo”.
Previsiblemente, la dirigencia agropecuaria tiene otra visión. Si bien reconocen que 2002 fue un año excepcional, tanto por el nivel alcanzado por el dólar como por los precios internacionales, en la puja intersectorial se sienten el pato de la boda. En privado señalan que el Poder Ejecutivo hizo esfuerzos por compensar a bancos y ahorristas, pero no hace nada con ellos.
El jefe de Estado reconoció que aceptó las objeciones sobre el reclamo rural expuestas por Roberto Lavagna e insistió en que “la decisión que se ha tomado en el Gabinete nacional es definitiva: no habrá una postergación del impuesto a las ganancias”. A pesar de la negativa en el plano fiscal, Duhalde no cerró la puerta a la renegociación de las deudas que los productores poseen con el Banco Nación.
Luego de la reunión con el Presidente, las cuatro entidades del agro se declararon en “sesión permanente” para resolver las medidas de fuerza que, amenazaron, aplicarán a partir del lunes próximo. A pesar de las fuertes diferencias existentes al interior del sector, los hombres de campo muestran una unidad sin fisuras en sus reclamos impositivos. También continúan amparándose en la imagen de ser el sector que más aportó para resolver la crisis: “Somos el motor que alimenta la esperanza de superar la difícil realidad que vive la Argentina”, consideraron.
El titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi –entidad que agrupa a pequeños y medianos productores–, destacó a este diario que un propietario de 200 hectáreas en la zona de Pergamino que facture entre 150 y 200 mil pesos anuales, deberá pagar entre 30 y 40 mil pesos en concepto de Ganancias por la liquidación de 2002. También señaló que el IVA diferencial supone una acumulación de crédito fiscal de 1000 millones de pesos anuales. “Entre Ganancias, retenciones e impuestos a los combustibles, el sector paga cerca de 10.000 millones de pesos.” Según el dirigente, estos impuestos ni siquiera se destinan a financiar planessociales, los que se pagan con préstamos del Banco Mundial, sino que son “para pagarle al FMI”.