Bien entrada la madrugada, el Senado transformó en ley, con 42 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones, el nuevo marco de acción para el Banco Central, cerrando una etapa en la que el país mantuvo clausurado el ejercicio de su soberanía monetaria y cambiaria. La nueva Carta Orgánica pone fin a la norma que regula a la entidad monetaria desde 1992 y que fue una de las bases del neoliberalismo en la Argentina. El proyecto también modifica varios artículos de la Ley de Convertibilidad, otro instrumento que contribuyó a la pérdida de soberanía monetaria y cambiaria, y la posibilidad de establecer una política financiera basada en objetivos nacionales. Además del control de la inflación, el texto del proyecto enviado por el Ejecutivo le permitirá al BCRA dictar políticas para mantener la estabilidad financiera, el desarrollo económico con equidad social y el empleo. Esto se traducirá en un mayor acercamiento de la entidad a la economía real. La oposición coincidió con la ampliación de los mandatos del Central, pero reclamó una mayor participación del Congreso en la fijación de las pautas monetarias y financieras de la entidad y abogó por el sostenimiento de las metas de inflación.

El debate para la modificación de la Carta Orgánica comenzó a las ocho de la noche, luego de siete horas de discusión sobre el traspaso del subte al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, iniciativa que obtuvo media sanción (ver páginas 4/5). “Lo que pretendemos es conseguir herramientas para poder desarrollar una estructura financiera como necesita el país, pero con la capacidad suficiente de poder evitar cualquier crisis. Desde su creación, el Central mantuvo un mandato múltiple, que fue modificado con la Carta de 1992, que le dejó a la entidad sólo el control de la moneda y nada más. Estamos convencidos de que el sostenimiento de la moneda se basa en la generación de riqueza y trabajo”, sostuvo Aníbal Fernández, presidente de la Comisión de Presupuesto.

La senadora Laura Montero (UCR) reconoció que a partir de la crisis internacional muchos bancos centrales comenzaron a cambiar sus objetivos, “producto del fracaso de las políticas neoliberales que se aplicaron en muchos de los países centrales”. Pero más allá de la supuesta coincidencia en el fondo del proyecto, la senadora (otrora mano derecha de Julio Cobos) cuestionó la supuesta falta de controles que tendrá el Congreso y adelantó su voto no positivo, que también sería acompañado por María Eugenia Estenssoro (CC). “No podemos acompañar este proyecto porque provoca un quiebre en las evaluaciones del Congreso. Queremos reafirmar nuestro rol de control sobre el Banco Central”, indicó Montero.

–Pero si tiene los mismos controles de siempre –interrumpió Fernández. El artículo 5 del proyecto establece que el presidente de la entidad deberá concurrir al Congreso a presentar informes anuales sobre las operaciones del banco.

Quien se plegó a la teoría de la falta de control fue la cordobesa Norma Morandini. “El problema no es lo que este proyecto dice sino todo lo que no dice. De ahí que queremos mayor control”, indicó la legisladora, aliada de Luis Juez.

Más allá del tema del control del Congreso, este proyecto pone en evidencia las diferencias ideológicas (por más que no se asuman como tales) a la hora de pensar en los instrumentos adecuados para el sostenimiento de la economía. La reforma de la Carta Orgánica realizada en la década de 1990 implicó la pérdida de la soberanía monetaria y cambiaria e impuso casi como única misión la preservación del valor de la moneda. Salir de esa lógica conlleva una discusión ideológica.

“El objetivo de fondo que llevó a modificar la Carta Orgánica tiene que ver con darle mayor gobernabilidad a la Argentina. Ahora vamos a poder sostener el valor de la moneda no sólo desde un punto de vista monetarista, sino de una manera más integral. Y vamos a poder hacer frente a los pagos correspondientes de la deuda externa sin condicionamientos”, manifestó María De la Rosa (FpV, Formosa). La pampeana María de los Angeles Higonet (PJ), aliada de Carlos Verna, también adelantó su voto positivo a la norma en discusión. “Estamos ante un cambio de paradigma, que comparto plenamente. No se puede sostener una entidad divorciada de la política económica”, indicó la pampeana. En contraposición a esta postura se manifestó la salteña Sonia Escudero (PJ), aliada del ex gobernador y también senador Juan Carlos Romero. “Las metas de inflación son algo que hay que conservar. Parece que si decimos la palabra inflación, somos enemigos del pueblo. Los países que tienen metas de inflación no son parte de una conspiración nacional, sino que buscan preservar la moneda para su pueblo”, sostuvo.

Al igual que en el debate en Diputados, el aspecto más conflictivo fue la nueva definición sobre las reservas de libre disponibilidad y los adelantos al Tesoro. “Estamos ante la posibilidad de asistir al Tesoro sin límites. Si sumamos todos los fondos que podría transferirle el Central al Tesoro, estamos hablando de 100.000 millones de pesos”, agregó la senadora Montero. En realidad, con las modificaciones propuestas, el Central podrá transferir 45.000 millones de pesos adicionales al nivel actual, que ronda los 17.000 millones de pesos. Para Marcó del Pont, los adelantos al Tesoro no representarán más del 3 por ciento del PBI, cuando antes de 1992 podían llegar al 15 por ciento. Y si se sumara el uso de reservas de libre disponibilidad, el porcentaje sería del 4,2 por ciento del PBI.

En la votación final, el FpV sumó a sus tradicionales aliados de partidos provinciales y conformó una holgada mayoría. La oposición sumó los votos de radicales, Coalición Cívica, frenteamplistas y retazos del peronismo federal para computar 19 voluntades en contra a la hora de la votación. Las dos abstenciones fueron de Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saá.