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La interrupción de siete horas del servicio de telefonía móvil que presta Movistar afectó a 16,7 millones de usuarios. La compañía comunicó que bonificará un día en el abono de sus clientes, entre otras compensaciones, mientras que el Ministerio de Planificación adelantó que aplicará a la empresa la máxima sanción prevista. Este caso, cuyo origen se está investigando, abre la posibilidad de recuperar en toda su dimensión el concepto de servicio público, y precisar que algunas prestaciones están excluidas de su alcance por presiones de intereses privados, como la telefonía móvil, Internet y la televisión paga. Estas han logrado una penetración masiva, representando un porcentaje cada vez más importante del presupuesto total de los servicios del hogar. En esta etapa de ampliación y reconocimiento de derechos sociales (Asignación Universal por Hijo), de mujer (fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible), de familias (anteproyecto de Código Civil) y de minorías (matrimonio igualitario), el de los usuarios está exigiendo su espacio.

El desarrollo de las sociedades modernas integra nuevos servicios a los básicos para satisfacer el bienestar de la población. Por su consumo extendido a todos los estratos sociales, la telefonía móvil, Internet y la televisión paga por cable y satelital se han sumado a la misma categoría de los servicios de agua, desagües cloacales, electricidad, gas y telefonía básica. La protección a clientes de compañías privadas que operan en un mercado oligopólico consolidado demanda incorporarlos a un marco legal de servicio público de segunda generación, por la penetración masiva, la amplia cobertura geográfica y el impacto social de su carencia, como se reflejó con la caída de la red de Movistar durante algunas horas.

En la estructura de gastos del hogar, según la ponderación definida por el Indec para construir el Indicador Sintético de Servicios Públicos en base a la encuesta de consumo de 2004, la telefonía móvil representa el 9,2 por ciento del total, cuando la fija es 12,3 por ciento, mientras que la luz, 18,1 y gas, 17,3, entre los más importantes. La participación de la telefonía móvil habrá crecido bastante desde entonces, teniendo en cuenta el desarrollo de ese mercado en estos años. Así se registra en los índices mensuales de ese indicador que muestran que las variaciones más pronunciadas en uso de servicios corresponden a envíos de mensajes de texto y llamadas de celulares, con alzas de más del 20 por ciento interanual.

Dinámica similar se observa con el consumo de Internet y de TV paga, que no están incluidos en la muestra. Su necesaria revisión, con la nueva encuesta nacional de gasto de los hogares que se está realizando, permitiría un cuadro más completo de la utilización de servicios públicos.

La dimensión del mercado de la telefonía móvil, de Internet y TV paga revela el atributo de servicio público de esas actividades.

n Telefonía móvil. En el primer bimestre de 2012 con respecto a igual período del año anterior, según datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones, las llamadas urbanas de la telefonía fija mostraron una variación negativa de 8,3 por ciento con un número estancado de 9,4 millones de líneas en servicios. Mientras, en igual lapso, la cantidad de teléfonos móviles en servicios alcanzó los 57,9 millones, con un incremento de 21 por ciento en la cantidad de llamados e igual porcentaje en el envío de mensajes de texto. Este negocio está dominado por tres compañías: Movistar, de la española Telefónica; Personal, de la italoargentina Telecom; y Claro, propiedad de la mexicana Telmex.

n Internet. “Acompañando las tendencias de la movilidad, personalización y convergencia, con competencia y políticas activas, la Argentina superó los 30 millones de usuarios de Internet (30,5 millones), en distintos lugares de uso, y a través de diversos dispositivos y bajo diferentes modalidades de conexión”, explica Alejandro Prince, especialista de investigación de mercados. Esto significa que alrededor del 75 por ciento de la población es usuario de la web. El último informe del Indec sobre el sector observa que a fines de 2010 las cuentas con abono y los accesos residenciales a Internet habían crecido 20,7 y 16,7 por ciento, respectivamente, con relación al año anterior. Según ese estudio, a diciembre de 2010 existía un total de 4,7 millones de accesos a Internet. Los datos más recientes relevados por Prince muestran que la banda ancha móvil cerró 2011 con un total de 6,5 millones de conexiones, superando a la banda ancha fija que alcanzó las 5,5 millones de cuentas. Las empresas líderes del mercado son Fibertel (Grupo Clarín), Arnet (Telecom) y Speedy (Telefónica).

n TV paga por cable y satelital. Existen 8,5 millones de abonados-hogares con la TV paga, bastante más de la mitad de la población, según el Censo 2010. De ese total, el 82 por ciento tiene el servicio por cable y el resto, por una red satelital. El 37 por ciento de los abonados se encuentra en el área metropolitana y el resto, en el interior. El Consejo Latinoamericano de Publicidad en TV Paga elaboró un informe que muestra el crecimiento de esa actividad durante el primer semestre de 2011, al alcanzar una penetración del 78 por ciento en individuos en los principales centros urbanos. Casi el 50 por ciento del mercado está en manos del Grupo Clarín con Cablevisión y Multicanal, el 12 en DirecTV, 8 en Supercanal, 4 en Telecentro y el 26 por ciento restante se divide entre cableros pymes.

La noción de servicio público nace en Francia con el desarrollo del Estado moderno y se refiere a una actividad realizada en forma directa por la administración central o indirectamente a través de concesionarios. Más adelante, con el despliegue del Estado de Bienestar se convierte en deber su prestación por parte del Estado y, por tanto, se constituye en un derecho de los ciudadanos. Los servicios públicos son apreciados como un derecho colectivo en cuanto se garantiza su prestación como un medio para lograr un nivel de vida adecuado que permita el desarrollo de las personas y de las comunidades, y como tal se convierten en derechos. Las privatizaciones alteraron esas condiciones y responsabilidades, manteniendo normas regulatorias de servicio público, aunque con escaso rigor en su aplicación. Con la irrupción de esas nuevas prestaciones masivas, el debate aparece sobre cuánta regulación se les aplica, si corresponde denominarlas servicio público o encuadrarlas en actividad regulada o, directamente, abandonar esa pretensión de establecer criterios generales precisos y que cada servicio tenga sus propias reglas, como quieren las compañías oligopólicas de cada uno de esos mercados.

Existen hogares que carecen de agua potable o una red de gas, pero sus miembros tienen un teléfono celular. ¿Por qué no considerar entonces a la telefonía móvil como un servicio público? Las empresas rechazan esa posibilidad al señalar que existen muchas actividades que se pueden evaluar como de interés público, pero indican que si en ellas existe libre competencia no aparece el fundamento para, por ejemplo, fijarles la tarifa. Dicen que hay casos en que existe competencia y de todos modos hay una importante regulación, por ejemplo en la actividad bancaria, la medicina prepaga, las compañías aseguradoras. Para concluir que en esas áreas no se postula llamarlas servicio público.

Sin embargo, esto no implica que no lo sean, al igual que la telefonía móvil, Internet y la televisión paga. No existe un marco regulatorio específico que garantice transparencias en los precios y calidad de esos servicios. Recién ahora, con una demora de casi doce años, se abrió la posibilidad de pasar de una compañía de telefonía móvil a otra sin perder el número de teléfono (portabilidad numérica). Es llamativa que la telefonía fija sea considerada servicio público y la móvil, no. Una de las consecuencias de esa distinción es que la segunda tiene tarifas desreguladas, que deriva en que los sectores sociales más vulnerables pagan mucho más cara su conexión que las capas medias y altas, dado que el minuto de tarjeta prepaga en telefonía móvil es más caro que en abono, el que, por su parte, tampoco está regulado.

La cobertura masiva de la telefonía móvil, Internet y televisión paga resalta la necesidad de definirlo como servicio público. Además de regular las tarifas, permitiría dotar a sus usuarios de mayores derechos y garantías, y dar respuesta a los incesantes reclamos de los usuarios vinculados tanto a las deficiencias en la prestación como a problemas de facturación. Esta ampliación de derechos de los usuarios, si fueran declarados servicio público, implicaría un Estado regulador de precios, derechos de los consumidores, tarifas sociales, criterios de universalidad, calidad y continuidad de los servicios.

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