Brasil anunció un plan de estímulo económico de amplio espectro para defender su producción del impacto negativo de las guerras de monedas, declarada en forma abierta por Estados Unidos y la Unión Europea, y comercial, iniciada en forma solapada por esas mismas potencias en crisis. Para la primera diseñó un programa de mejora de la competitividad del tipo de cambio mediante una devaluación fiscal, con reducción de impuestos y contribuciones patronales y aumento de la oferta de créditos a tasas subsidiadas. En el segundo frente dispuso la suba de aranceles de importación a decenas de productos, la reducción de impuestos a las exportaciones y un plan de compras gubernamentales que favorecerá la adquisición de bienes nacionales hasta 25 por ciento más caros que los importados. Además, redefinió el deficitario acuerdo automotor con México. Todo integra un megapaquete económico que se define en una única palabra: proteccionista.

El plan brasileño ha sido analizado a nivel local como uno de desarrollo industrial, mostrando el liderazgo de Dilma Rousseff para defender la producción de su país. Observación precisa sobre la orientación de la iniciativa, pero ocultando uno de los aspectos más sustanciales de ese programa: la suba de aranceles de importación, entre otras medidas en ese mismo sentido. Del plan de estímulo, éste es el costado proteccionista en el comercio exterior. Esa omisión se explica porque actúan dos factores. Primero, cualquier movida económica brasileña aquí se la atribuyen al fruto de su dinamismo y su carácter de potencia económica, aunque en realidad este último paquete es porque su estrategia económica mantiene rasgos ortodoxos en la política monetaria con el esquema Metas de Inflación, que mantiene tasas de interés elevadas y un tipo de cambio muy apreciado, lo que le permite al mundo de las finanzas contabilizar fabulosas ganancias especulativas. Segundo, porque se está desa-rrollando un show de la exageración sobre inconvenientes para el ingreso de mercadería, desde medicamentos oncológicos, libros, salmón rosado, planchas o tornillos.

En forma esquemática, lo que hace Brasil es una política de industrialización con protección que merece elogio; aquí, en cambio, es cepo, trabas o cerrojo a las importaciones y problemas para las industrias. No deja de ser llamativa esa mirada estrábica.

Un principio básico para analizar hechos de la esfera de la economía o del área social es que éstos no se pueden explicar por la experiencia de un caso, de un individuo aislado o de escasa relevancia en la contexto general. La frase “mientras haya un pobre seguirá habiendo injusticia” impacta en términos de sensibilizar auditorios, pero poco significativa para evaluar la orientación de una política social. Lo mismo corresponde cuando se evalúa el proceso de administración de comercio exterior, que comenzó a fines de 2008 con el estallido de la crisis internacional y se intensificó el año pasado cuando quedó en evidencia que las potencias están profundizado sus problemas con medidas ortodoxas y quieren transferir parte de los costos generados a los países emergentes de economías pujantes.

Brasil denunció el Acuerdo de Complementación Económico 55 de la industria automotriz con México, amparado bajo las reglas del Mercosur y que exime de tarifas arancelarias. La balanza comercial sectorial del año pasado fue favorable a México cuando antes había sido superavitaria para Brasil. Según datos oficiales brasileños, las importaciones de autos desde México aumentaron el año pasado un 40 por ciento, la misma proporción en que cayeron las exportaciones de vehículos hacia ese país, lo cual generó un déficit de casi 1700 millones de dólares en el intercambio en ese sector. El gobierno brasileño se puso firme y definió entonces cuotas de exportación de automóviles para México. Argentina suscribió ese mismo acuerdo y plantea lo mismo que Brasil, en una situación más inquietante porque el déficit sectorial con México alcanzó los 1000 millones de dólares, siendo una economía 3,5 veces menor que la brasileña. La reacción mexicana fue diferente, como también la repercusión local de la medida dispuesta por Brasil y el pedido argentino de renegociar del mismo modo el acuerdo. México propuso no firmar la nota de queja impulsada por Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio a cambio de mantener las condiciones del comercio automotor. Argentina rechazó ese ofrecimiento, entonces México acompañó la estrategia de presión de las potencias en la OMC.

Durante muchos años la tríada FMI-Banco Mundial-Banca acreedora intervenía en la región para afectar los procesos económicos y condicionar la orientación de las políticas. Con la pérdida de influencia del FMI & cía., y también de autoridad por los descalabros provocados por sus acciones y recomendaciones, los países latinoamericanos pudieron ampliar sus estrechos márgenes de autonomía. Esa estructura financiera multilateral está en crisis pero en el frente del comercio internacional mantiene como organismo de presión sobre los países en desarrollo a la OMC, más ahora cuando las economías centrales están en recesión y las emergentes registran fuertes crecimientos.

La presentación cuestionando la política argentina ante el Comité de Mercancías de la OMC fue rubricada por 14 miembros de esa organización: Australia, Corea, Estados Unidos, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, México, Panamá, Suiza, Tailandia, Taiwan, Turquía y la Unión Europea. No hubo denuncias concretas, sino que plantearon una queja por mayores dificultades para ingresar productos al mercado argentino por las licencias no automáticas. En la nota, dicen textual: “No estamos informados de ninguna directiva o resolución oficial que establezca este balance comercial (la norma informal 1 a 1) o requerimiento de inversión, sin embargo funcionarios del gobierno argentino de alto nivel han sido citados en la prensa argentina diciendo claramente que el propósito es la mejora del balance comercial a través de las importaciones y promoción de las exportaciones”.

Esa declaración buscó generar un hecho político para cuestionar la política de administración del comercio exterior, al tiempo de ejercer presión para revisarla. Como parte de la estrategia tradicional de ese tipo de organismos multilaterales dominados por las potencias centrales se buscó un caso testigo, ejemplificador, para que otros países emergentes acoten sus políticas proteccionistas. Como el FMI no es el paladín del desarrollo económico, la OMC tampoco lo es del libre comercio. Es una organización que se forma en 1994, cuando sobresalía el neoliberalismo, y empieza a funcionar en 1995, heredera del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) que nace con la posguerra junto al FMI y Banco Mundial. La OMC es una organización que busca establecer normas de administración del comercio internacional, a favor de los países desarrollados, cristalizando los desequilibrios y asimetrías vigentes en el comercio internacional.

En esa misma sesión del Comité de Mercancías de la OMC que se planteó la queja contra Argentina hubo otras que se pueden leer en el portal de esa organización. Involucran a Estados Unidos contra Ecuador, a Corea contra Taiwan, a la Unión Europea contra Ucrania y a Australia cuestionando a Brasil. El gobierno de Rousseff fue advertido por su política impositiva en el sector automotor, que favorece la producción local y, por lo tanto, desalienta la importación. El reclamo australiano fue acompañado por Corea, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón, Hong Kong y China. Brasil la desestimó con la frase de compromiso que continuará el tema en conversaciones bilaterales.

Otro caso de mirada estrábica.

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