El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, agitó anticipadamente el avispero en el sector al adelantarse a los anuncios que podrían surgir de la reunión que mañana mantendrán los titulares de provincias con hidrocarburos con Cristina Fernández. En declaraciones formuladas a la prensa, tras participar de una reunión con el ministro de Planificación, Julio De Vido, Sapag dijo que “creemos que el jueves en la reunión que convoca la Presidenta con los gobernadores de la Ofephi va a haber novedades importantes”, anticipó, para luego agregar: “Yo creo que se viene una sociedad de economía mixta en el caso de YPF y vamos a ver las oportunidades de inversión que allí aparecen, a partir del día siguiente. El día después quizás es el día más importante”. Estimó que “seguramente el Estado va a querer gobernar esta sociedad de economía mixta, alentar la inversión privada y hacer un gerenciamiento muy profesional de la empresa que sea una sociedad de economía mixta”, y descontó que habría “participación de las provincias en el directorio”.

El modelo de empresa mixta sugerido por Sapag para cambiarle el status a YPF encuentra apoyo también en otros gobernadores, aunque divide aguas en sectores políticos y empresarios según se defina que el Estado nacional tenga mayoría accionaria o mantenga el control del capital en manos de Repsol. Las declaraciones del gobernador de Neuquén fueron formuladas al término de la reunión con directivos de Petrobras, convocada por Julio De Vido en la sede de su ministerio. Si bien Sapag no involucró la opinión de De Vido en sus dichos respecto de las “novedades” que podría enunciar la Presidenta mañana, es significativo el momento elegido para formularlos. Además, al hablar del destino de las áreas revertidas a los concesionarios, el neuquino hizo referencia a una charla con la presidenta de la Nación, como para alimentar más la sensación de estrechez del vínculo.

“Las áreas revertidas las vamos a pasar a (la empresa estatal provincial) Gas & Petróleo. No hay tiempo que perder, lo hablé con la presidenta de la Nación, está dispuesta a recibir capitales de cualquier parte del mundo”, puntualizó Sapag. El proceso de reversión de áreas fue aprovechado por varios gobernadores para fortalecer la posición de sus empresas provinciales de energía, posiblemente en la perspectiva de un nuevo esquema de producción energética donde la participación estatal tenga mayor relevancia. Similar camino adoptó el gobierno de Chubut, cuyo gobernador, Martín Buzzi, publicó ayer el llamado a licitación para empresas privadas que acepten asociarse a la estatal Petrominera para operar dos áreas que le quitara recientemente a YPF: El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Seco.

Buzzi había señalado, en el momento de anticipar este llamado a licitación, que el esquema que adoptaría en la provincia sería similar al que aplica Petrobras, empresa bajo control estatal en Brasil con participación de capitales privados. Tras la referencia hecha ayer por Sapag a un futuro de empresa mixta para YPF, muchos se inclinaron a pensar en el mismo ejemplo de la petrolera brasileña. Sin embargo, algunos estudiosos del tema advierten que no es lo mismo que el Estado nacional ingrese, por ejemplo, sustituyendo la participación y facultad de gestión en YPF que hoy tiene la familia Eskenazi (grupo Petersen, poseedor del 25 por ciento de las acciones), que asumiendo el control de la mayoría accionaria, que hoy ostenta la española Repsol.

“El grupo Petersen gestiona y administra la empresa, pero no tiene capacidad para tomar decisiones sobre las inversiones ni de endeudarse para desarrollar un proyecto de largo plazo”, recordó un analista del sector energético, que pidió reserva de su nombre. “Es una diferencia sustancial, porque lo que necesita en este momento el Gobierno es tener a YPF como herramienta para desarrollar una estrategia nacional, una política energética, convocando y orientando a la inversión privada, pero como accionista minoritario no lo podrá hacer”, explicó.

De acuerdo con lo que se señala en el sector, tanto de fuentes privadas como oficiales, una de las razones de la demora en las últimas semanas para adoptar una definición en el tema YPF es que el andamiaje legal armado en los ’90 para la entrega de YPF al sector privado hoy dificulta en gran medida su recuperación por parte del Estado. La compra directa de la participación del grupo Petersen sería más sencilla en la práctica, pero no alcanzaría para cubrir el objetivo político, por lo explicado más arriba.

Se descuenta que los gobiernos provinciales, a través de las empresas energéticas estatales, tendrán una participación relevante en el nuevo esquema. Pero también en este aspecto hay un debate entre las distintas posturas oficiales (Nación y provincias) acerca de cuál será la mejor forma de preservar que la política petrolera y gasífera sea “nacional e integrada”. Al gobierno nacional le urge darle respuesta a la creciente demanda de combustibles de un país que no detuvo su crecimiento y la declinante producción de crudo le complica la salida. Para revertirlo necesita un fuerte aporte de capitales privados, pero también instrumentos para definir la política y la estrategia. YPF es uno de ellos.