Producción: Tomás Lukin

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Profundizar el modelo

Por Gustavo Ludmer y Ariel Lieutier *

La Argentina experimenta, en los últimos meses, una desaceleración en el crecimiento de su economía. Las opiniones de los economistas, sobre las causas de este hecho, se dividen, esquemáticamente, en dos grupos. Por un lado, se ubican quienes señalan que este fenómeno está asociado principalmente al impacto local de la crisis internacional. En los últimos trimestres se ha agravado la recesión en Portugal, Italia, Grecia y España, que también está afectando al resto de los países de la Eurozona, incluso al Reino Unido, Alemania y Francia. En el plano opuesto se encuentran aquellos economistas para los cuales la desaceleración se debe principalmente a fenómenos internos, a raíz de lo cual el contexto externo habría resultado una buena excusa para el Gobierno.

A nuestro entender, la crisis económica internacional es un dato insoslayable que genera un impacto decisivo en la actual coyuntura económica, sobre todo (aunque no únicamente) a través del denominado “canal Brasil”: nuestro principal socio comercial ha sufrido una fortísima desaceleración de su economía. Durante el primer trimestre de 2012, el PIB de Brasil tuvo un crecimiento interanual de sólo 0,8 por ciento, valor que contrasta con el incremento de 4,2 por ciento que tuvo en igual trimestre del año anterior.

Esta situación asume una importancia mayúscula, ya que el 20 por ciento de las exportaciones argentinas totales (y el 40 por ciento de nuestras exportaciones industriales) tiene como destino Brasil. En algunos sectores, la interdependencia es aun mayor; por ejemplo, en la rama automotriz, las exportaciones sufrieron una caída interanual de 46 por ciento en mayo (no es casualidad que las suspensiones de personal experimentadas en los últimos días hayan sido de las terminales automotrices). Esto no debe llevar a un reduccionismo acerca de que la suerte de nuestra economía se encuentra determinada por la de Brasil, pero sí es importante señalar que ambas economías se encuentran estrechamente vinculadas.

Ahora bien, el interrogante que se abre frente a esta situación es qué debería hacerse para “acomodarse” a la nueva realidad internacional. Hemos evitado deliberadamente hablar de “ajustarse”, a pesar de que la Real Academia Española define el verbo “ajustar” como “acomodar algo a otra cosa”. Sin embargo, la ortodoxia económica ha dotado a aquel verbo de un significado único e inapelable: achicar.

En contraste, para la heterodoxia económica lo peor que puede hacerse ante episodios recesivos es realizar “ajustes” (en el sentido “ortodoxo”), tales como los que se les está imponiendo día a día a Portugal, Irlanda, Grecia y España desde la Troika conformada por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.

La Argentina enfrentó la crisis en 2009 a partir de políticas fiscales activas, entre las que se ha destacado la Asignación Universal por Hijo (AUH), que garantiza un ingreso a más de 3,5 millones de niños y adolescentes, hijos de trabajadores desocupados o informales. En la actualidad el camino elegido va en la misma dirección, en ella se enmarca el reciente lanzamiento tanto de la Línea de Créditos para Jubilados como del Plan de Viviendas, una medida ambiciosa y de un impacto potencial destacable, en particular en el afectado segmento de la construcción y sus industrias conexas.

En igual dirección irían los aumentos en el monto de la AUH y de las jubilaciones. Todas políticas económicas que no sólo tienen un efecto positivo en el PIB que compensan los efectos negativos de la crisis internacional, sino que generan importantes efectos distributivos, en particular para los sectores más vulnerables.

La cuestión entonces es cómo se financia una estrategia expansiva y distributiva en un marco de desaceleración de la actividad, que implica, entre otras cosas, un menor dinamismo en la recaudación. Es en este contexto que debe enmarcarse la discusión sobre el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Pero también lo positivo es que abre el debate sobre la necesidad de que el Estado capte parte de las diferentes rentas oligopólicas de nuestra economía. Para lo anterior resulta necesario avanzar en acciones que contribuyan a la modificación estructural de nuestra economía (como fue la nacionalización del 51 por ciento del paquete accionario de YPF). Para lo cual se vuelve central la cuestión de la correlación de fuerzas y la organización de la misma. A veces la mejor manera de resolver problemas de coyuntura es a partir de transformaciones de fondo. Si es verdad que las crisis generan oportunidades, tal vez el actual episodio sirva para profundizar estas transformaciones.

* Economistas-UBA. Investigadores de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires.

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La vía de la estatización

Por Martín Harracá *

Una forma de expresar sintéticamente los rasgos de nuestra economía, de gran aceptación entre los economistas locales, es que está conformada por una estructura productiva desequilibrada. Sin coincidir plenamente con esa descripción, creemos que pone en relieve un aspecto central: las consecuencias que genera el desigual potencial de explotación del sector primario respecto al industrial.

Tanto las condiciones de fertilidad –casi sin igual– del suelo pampeano y litoraleño, la enorme riqueza metalífera de los Andes y las reservas de recursos fósiles y gasíferos de la Patagonia, suponen la existencia de una gran masa potencial de renta de origen primario. Estos recursos son apropiados por quienes ostentan el monopolio en el acceso a su explotación, aunque el Estado puede intervenir aquí, captando parte de la renta mediante retenciones, u otros impuestos, además de a través del control directo de la explotación. En caso de que no sea apropiada por el Estado, lejos de tener como destino el desarrollo productivo, la renta suele encontrar su fin en el consumo suntuario (boom de las 4x4 en localidades sojeras), fuga de capitales, o en colocaciones que reproducen la lógica rentista, como inversiones inmobiliarias (que pueden generar burbujas especulativas en sectores como la construcción residencial).

En contraposición, encontramos un sector industrial que, exceptuando algunos complejos muy específicos, presenta capacidades productivas inferiores a las vigentes a nivel internacional. Esto implica que su desarrollo a una escala competitiva está supeditado a la posibilidad de ser subsidiado mediante recursos derivados de la renta primaria, proceso que sólo puede ocurrir por la mediación del Estado. Asimismo, al ser los capitales con condiciones más competitivas los de origen extranjero, terminan adquiriendo empresas de capital local, a lo que si le sumamos la larga historia de entrega de la explotación de nuestros recursos a capitales foráneos (en especial en los ’90), tenemos una progresiva extranjerización de la economía.

Algunos datos señalan que este esquema de base primaria y extranjerizada no se modificó en lo sustancial, aun a pesar del planteo desarrollista: las exportaciones del complejo sojero en 2011 –porotos, aceite y pellets de soja– suman 20.000 millones de dólares, casi un 25 por ciento del total. A su vez, esta situación vuelve al (muy volátil) precio de la soja una variable de posible inestabilidad para nuestra economía, en particular para los ingresos estatales ya que desde 2002 los derechos de exportación representan aproximadamente un 10 por ciento de los ingresos tributarios. Por su parte, respecto a la extranjerización, basta con señalar que de las 500 empresas más grandes del país, la participación de las de origen extranjero crece ininterrumpidamente en la década del ’90, pasando de 44 por ciento en 1993 a un 68 por ciento en 2002, estabilizándose en 67 por ciento para el promedio 2003-2010. Más significativo resulta que, en promedio, las ganancias de las empresas extranjeras son cuatro veces las de las locales, y que las utilidades y dividendos que sacaron del país en 2011 alcanzaron los 8500 millones de dólares, cifra cuatro veces superior al promedio de la convertibilidad.

Poniendo en debate el planteo desarrollista, entendemos que los límites no están en una cuestión de “diseño” de la política, sino en las alianzas que ella supone necesarias, y que requiere como actor principal un pujante sector empresarial nacional. Nuestra interpretación es que este sector no sólo no tiene esa fuerza –dado que sólo puede germinar bajo el apoyo estatal– sino que, fundamentalmente, no está motivado por el “desarrollo nacional”, más por la maximización de la ganancia. Ejemplos abundan, pero quedan plasmados nítidamente con los recientes casos de los Eskenazi en YPF, y más dramáticamente aún, con el de Cirigliano y la tragedia ferroviaria en Once.

Al haber planteado estos límites al desarrollo, vemos en la estatización una vía plausible para superarlos, para el cambio profundo de esta sociedad. Pero desde ya que nadie se deja expropiar gratuitamente, y la repercusión mediática local e internacional que tuvo el caso YPF lo demuestra cabalmente. En este contexto, el marco de alianzas regional puede ser un determinante clave en el “campo de juego” posible de dichas políticas (claramente, no es lo mismo para esto que sea Unasur, el ALBA o Mercosur). Pero al mismo tiempo, al pensar al Estado como una arena de y en disputa, debemos recordar que es siempre un terreno que corre con desventaja para los sectores populares. Sólo sobre la organización de éstos pueden cimentarse las expectativas del aporte de aquellas políticas a las perspectivas emancipatorias.

* Licenciado en Economía. Docente FCE-UBA.