Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay tienen un mes para designar a los tres funcionarios que cada dependencia aportará a la comisión especial encargada de reestructurar el sistema financiero. Así lo dispuso uno de los últimos decretos firmados por Eduardo Duhalde, publicado ayer en el Boletín Oficial. La norma otorga más tiempo para que los bancos con deudas con el Central se pongan al día. En la city ya hubo críticas porque este punto beneficia a la banca pública. Y porque, más allá de esta medida puntual, deja abierta la posibilidad a una injerencia de Economía en la reestructuración bancaria. De hecho, en Economía analizan otras iniciativas para direccionar el crédito.
Si bien el decreto otorga facultades amplias sobre el sistema bancario, en el Central y en Economía dijeron a Página/12 que el objetivo del decreto es darles más aire a los bancos que en su momento tuvieron amplia participación en prestarles a las provincias.
La norma le otorga hasta diez años de plazo para que las entidades financieras terminen de devolver los redescuentos dados por el Central durante la crisis. Hace dos meses, cuando se estructuró el denominado “matching”, por el cual los bancos pueden calzar la deuda con el Central con los vencimientos de los títulos públicos en su poder, la autoridad monetaria fijó un máximo de 70 cuotas para recibir los 17.000 millones de pesos que le deben los bancos. Ahora extendió ese plazo a 120 cuotas ya que los créditos a las provincias excedieron aquel margen, y los bancos no podían calzar activos con pasivos.
La crítica de los demás bancos, en especial de los extranjeros, tiene dos aristas: por un lado, se resisten a que haya una ayuda adicional a los bancos que más quedaron expuestos con las provincias (públicos y algunos nacionales, como el Galicia). Pero también se quejan de lo que consideran una injerencia de Lavagna en terreno del Banco Central, como lo sería una reestructuración bancaria. Además sospechan que Economía podría valerse de esta norma para inmiscuirse también en el negocio del seguro y de las AFJP.
Al respecto, un colaborador íntimo de Lavagna dijo a Página/12: “En un principio, la comisión sólo se dedicará a analizar el proceso de ‘matching’. Lo que no significa que en un futuro pueda constituirse en un ámbito de discusión de los problemas del sector bancario”, dijo. Es claro que Lavagna no quiere quedar al margen de la reestructuración y que contó con el guiño de Duhalde, quien rubricó el decreto horas antes de pasarle la banda presidencial a Néstor Kirchner.
Esta semana, o la que viene, Economía dará a conocer otra norma que generará polémica. Introducirá cambios a algunas regulaciones que rigen al sistema, como la de capitales mínimos de los bancos. En la actualidad, las entidades están obligadas a inmovilizar un 11 por ciento de su capital, en promedio. Los técnicos de Lavagna quieren bajar ese nivel al 8 por ciento siempre y cuando el flujo de fondos vaya a financiar a las pymes. Y pretende castigar a los bancos que no presten, aun cuando cuenten con liquidez para hacerlo. “Queremos direccionar el crédito a favor de las pequeñas y medianas empresas, en especial a las exportadoras”, señaló a este diario un hombre de confianza del ministro. Esta posibilidad levantó críticas anticipadas en el microcentro. Los banqueros se resisten a que el Estado tenga un rol activo. Argumentan que los funcionarios del Palacio de Hacienda no deberían influir en sus negocios.