Las calificadoras de riesgo son empresas que sigue operando en el mercado pese a protagonizar fiascos estruendosos. Pueden hacerlo porque son funcionales al mantenimiento de la hegemonía de las finanzas globales. Si no fuera porque su institucionalidad es preservada por el poder económico, sus reportes y notas a bonos de deuda de empresas y de países serían el hazmerreír por falta de rigurosidad técnica y disparates analíticos. Líderes políticos de potencias reunidos en el G-20 son cómplices del fraude de las calificadoras al no animarse a borrarlas del escenario de la estructura financiera internacional. Y no lo hacen pese a que esas compañías boicotean cada rescate de economía en crisis, paquetes financieros negociados con mucha dificultad que al otro día de anunciados son recibidos por esas agencias con una rebaja en la calificación de la deuda de esos países. Quien aplicó precisión quirúrgica para observar la tarea de las calificadoras fue el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. En una columna publicada en The New York Times, el 21 de abril de 2010, afirmó que para muchos puede ser “reconfortante pretender que la crisis financiera fue causada solamente por errores honestos. Pero no fue así. Fue, en gran parte, el resultado de un sistema corrupto. Y las calificadoras de riesgo fueron una gran parte de esa corrupción”.

En el proyecto de reforma del mercado de capitales presentado hace pocos días, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se animó a proponer la regulación del accionar de las calificadoras. El negocio de esas empresas opera en un oligopolio en manos de Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s. La iniciativa jerarquiza el rol de la Comisión Nacional de Valores en el mercado de capitales, y en ese tema en particular queda facultada a autorizar nuevas entidades de calificación, además de asumir la tarea del seguimiento de su funcionamiento y de aplicar sanciones a esas firmas. El objetivo es abrir el mercado para que universidades, colegios profesionales y consultoras estén en condiciones de participar en el trabajo de evaluación de riesgos de títulos de deuda pública y privada. Notas, con sus respectivos informes, que serían de libre acceso para los inversores.

Investigaciones de comités especiales del Senado de Estados Unidos, de la Securities and Exchange Commision (SEC, ente de regulación del mercado de capitales estadounidense) y una reciente del Banco Central Europeo cuestionan en duros términos a las calificadoras de riesgo.

El documento Summary report of issues identified in the comisión staff’s examinations of select credit rating agencies de la SEC data de 2010 y estuvo motivado por el comportamiento de esas agencias en la crisis generada por los créditos hipotecarios subprime. El saldo de esa evaluación es lapidario respecto de la consistencia, rigurosidad y profesionalidad para definir las notas en el ranking de riesgo crediticio. Describe con meticulosidad la poca seriedad del trabajo de las calificadoras, desde aspectos significativos del proceso de evaluación que no están publicados hasta la identificación de conflictos de intereses entre su cuerpo gerencial con las empresas y bancos a examinar.

La labor de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera (FCIC, por sus siglas en inglés), creada por el gobierno de Estados Unidos y el Senado, también expuso el fraude de las calificadoras de riesgo. En una de sus sesiones, tres ex analistas de Moody’s admitieron haber sido presionados por las máximas autoridades de la firma para mejorar la nota de ciertos productos financieros en beneficio de sus emisores, que son los que pagaban por los servicios. La evaluación de la Comisión ofreció un dato demoledor para las calificadoras: más de 9000 títulos de deuda con garantía de las hipotecas subprime que recibieron la máxima calificación AAA por parte de las tres más grandes firmas terminaron degradados a la categoría de basura.

Las calificadoras comenzaron como firmas investigadoras de mercado para que los inversores estudiaran la posibilidad de comprar bonos de deuda de empresas. La tarea se transformó y empezaron a ser contratadas por firmas y bancos para recibir el sello de aprobación. Esa nota pasó a ocupar un papel central en el sistema financiero global, especialmente para los grandes fondos de inversión institucionales, como los de pensiones, que comprarían los bonos de empresas si y sólo si recibieran la codiciada calificación AAA. Esta condición precipitó un enorme conflicto de interés. Bancos y empresas que colocaban deuda podían elegir entre las principales calificadoras para obtener la triple A. Entonces, las agencias aceptaban las condiciones del emisor para incrementar su propia facturación, relajando las normas de evaluación. Así concedieron riesgo casi nulo, por ejemplo, a bonos de activos hipotecarios subprime o a la deuda de Grecia, Irlanda o España.

El conflicto de intereses de empresas y bancos que contrataban a las calificadoras de sus propios títulos de deuda también fue observado en un reciente documento del Banco Central Europeo. El working papers

N0 1484/october 2012 Bank ratings: what determines their quality? destaca que las calificadoras otorgaron notas “más positivas a los grandes bancos con más probabilidades de proporcionar negocios adicionales”. A esa conclusión arribaron luego de estudiar una muestra de casi 40.000 casos de calificaciones a bancos de Estados Unidos y Europa en más de veinte años realizadas por Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s. El sesgo al “error” no es explicado por deficiencias en la metodología de evaluación de riesgos, sino en el conflicto de intereses entre la calificadora y los grandes bancos, que por tamaño y poder económico definía una mejor nota. El informe avanza sobre el fraude analítico de las calificadoras y apunta sobre sus consecuencias en la competencia interbancaria. La mejor calificación fruto de ese conflicto de intereses terminó distorsionando los costos de financiamiento de los bancos grandes, a su favor, facilitando la concentración del mercado. Terminó reforzándose así la trampa regulatoria en que caen las bancas centrales al enfrentarse con el postulado “bancos demasiado grandes para dejarlos quebrar”.

La investigación del Banco Central Europeo sugiere que “a la luz de las deficiencias en el actual proceso de calificación, el sector público debe fomentar fuentes alternativas de información de calificación crediticia”. Señala la existencia de estudios académicos que muestran que se pueden producir informes de evaluación crediticia igual o mejores a los de las calificadoras “casi sin ningún costo, utilizando sólo la información que es pública”. La recomendación final es “crear un entorno de información completamente nueva para el análisis del crédito, con una mejor información pública, que sería la mejor estrategia para reducir el poder y la influencia exorbitante de agencias de calificación en el actual sistema financiero”.

Es lo que mismo que promueve la reforma del mercado de capitales argentinos, sólo que aquí se avanza en un proyecto de ley para alterar el perverso funcionamiento de las calificadoras de riesgo mientras que en Estados Unidos y Europa sólo se quedan en el diagnóstico de la queja.

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