Producción: Tomás Lukin

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Reducir la fragilidad

Por María Sol Rivas *

La crisis internacional deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero globalizado y la debilidad de la regulación vigente. Hoy, se vuelven imperiosas las intervenciones públicas por medio de re-regulaciones que reduzcan la fragilidad. Sin embargo, nuevas normativas podrían entrar en conflicto con compromisos asumidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) bajo el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS en inglés).

La liberalización financiera ha impulsado grandes movimientos de flujos especulativos a corto plazo que se caracterizan por generar una gran volatilidad que deriva en crisis, recesión y desempleo. Estos flujos no sólo no aumentaron la inversión productiva, sino que la limitaron dificultando la instrumentación de políticas de desarrollo. El capital financiero fue primando su valorización dejando atrás su función histórica de alimentar los procesos de acumulación nacionales.

A su vez, creció de manera considerable la influencia de ciertos actores financieros bajo un sistema bancario sumamente concentrado, con un alto poder de incidencia sobre las economías nacionales. Claro que este proceso no sólo fue producto de las libres fuerzas del mercado o de la revolución tecnológica, sino de políticas que alentaron la innovación financiera y la expansión de flujos.

Con todo, se vuelve necesario contar con regulaciones y controles a los movimientos de capitales que brinden a los gobiernos instrumentos de política macroeconómica capaces de reducir la vulnerabilidad de las economías, evitar las crisis y mitigar los impactos sociales. En esta ocasión, el epicentro de la crisis se da en los países más ricos, lo que ha redundado en que –a diferencia de lo observado cuando los principales afectados fueron Asia y América latina– diversos gobiernos aplicaran medidas tendientes a limitar la especulación y mejorar el manejo de sus cuentas corrientes y de capital. No obstante, estas regulaciones podrían tener contradicciones con compromisos asumidos bajo el AGCS. Así, los Estados corren riesgos de ser sancionados por tribunales arbitrales de la OMC.

El AGCS se firmó en 1995 con el fin de fomentar el comercio de servicios entre países a través de una liberalización progresiva. En este esquema, las definiciones del Acuerdo tienen una gran incidencia en las medidas de control de capitales. Según establece el AGCS, los servicios se suministran bajo cuatro modos. Dos de ellos (suministro transfronterizo y presencia comercial) exigen la apertura de las cuentas comerciales para asegurar que las transacciones involucradas se realicen libremente.

Por otro lado, los estados firmantes no están en condiciones de aplicar medidas que limiten el tamaño de sus mercados, la cantidad de oferentes, el volumen de las firmas, el valor o la cantidad de transacciones, ni de fijar requisitos sobre los tipos de entidades jurídicas que pueden ofrecer los servicios. A su vez, deben garantizar un trato nacional “extendido” bajo el principio de no discriminación.

En Argentina, el gobierno de Menem asumió compromisos en la totalidad de los doce sectores incluidos en Servicios Bancarios y demás servicios financieros. Y si bien, prácticamente no se contrajeron obligaciones bajo el modo de suministro transfronterizo, sí se hizo en el que se refiere a presencia comercial. Además, se han firmado numerosos Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que suponen una mayor cesión de soberanía y dificultan, aún más, la instrumentación de controles de capitales.

Con el fin de desalentar la volatilidad y fortalecer la estabilidad, desde el 2002 las herramientas de manejo de la cuenta capital se reinstalaron en la Argentina con la implantación inicial de fuertes restricciones sobre el mercado cambiario. En 2005 se instauró un encaje que grava el ingreso de capitales y, más adelante, con el objeto de frenar las salidas de capital se impusieron límites a las compras de monedas extranjeras. Estas medidas, en principio, no serían contradictorias con el AGCS, pero, sin embargo, sería deseable que las regulaciones que pudieran surgir no encontraran ningún tipo de riesgos ni eventuales cuestionamientos.

Sin dudas, modificar aquellos acuerdos internacionales de tinte neoliberal permitiría ganar grados de libertad para la definición de políticas micro y macroeconómicas, de modo de prevenir crisis financieras, sociales y ambientales, sin enfrentar amenazas de represalias. No obstante, es preciso no perder de vista que, en tanto el sistema financiero sea más rentable que el productivo, los procesos de especulación y crisis se sostendrán en el tiempo.

Consecuentemente, debe propiciarse la creación de una nueva arquitectura financiera internacional que procure una mejora sustancial en los aportes al desarrollo. En esta línea, los países periféricos deben lograr una coordinación regional bajo un esquema multilateral que centre al comercio en un eje de cooperación en cuestiones clave para extenderse así hacia el desarrollo de capacidades productivas complementarias.

* Investigadora del Cefid-AR.

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Expresión de la época

Por Martín Burgos *

Sabemos que las instituciones no son más que la cristalización del estado de la disputa entre bloques sociales en un período dado. Así es como la hegemonía liberal de los años ’90 creó la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas, para administrar a nivel mundial un sistema de comercio que reafirma las desigualdades básicas entre centro y periferia: mientras se permitió proteger a los sectores agrícolas de los países centrales mediante subsidios, la industria de los países periféricos sufrió una apertura sin precedente, con fuertes limitaciones en el uso de las herramientas de protección.

La crisis económica mundial abre un escenario propicio para cambiar esa institución. Por un lado, porque la principal respuesta de todos los países frente al desempleo, a los problemas de balanza comercial y las fuertes turbulencias en el mercado monetario mundial, pasa por un incremento del proteccionismo. Su implementación responde a variedades de coyunturas: algunas medidas son tomadas con el único objetivo de un control social de la población, mientras en otras se toman para impulsar el desarrollo de una industria nacional. Pero la consecuencia para una institución como la OMC es similar: se disgrega su legitimidad, ya maltrecha desde las manifestaciones de Seattle en 1999. Sus últimos informes muestran indicadores que instalan una “tendencia inquietante” dada la cantidad de medidas que están tomando todos los países, y que incluso ya desbordan los límites que estaban permitidos en su marco. Frente a eso, la OMC aparece como mera gestora de las “diferencias” comerciales, cuando no simple espectadora, y sólo puede llamar a los gobiernos a no “ceder al canto de las sirenas” de la protección y la sustitución de importaciones.

Argentina es uno de los países que más intensamente utilizó esas herramientas de protección a la industria nacional desde que empezó la crisis. La razón principal es que, por el “conflicto del campo”, el gobierno quedó imposibilitado de utilizar una devaluación compensada por un aumento de las alícuotas a las retenciones a las exportaciones y tuvo que apelar a las licencias no automáticas, medidas antidumping y declaraciones juradas anticipadas de importaciones. Eso trae aparejado numerosas tensiones con nuestros socios comerciales, como el freno en la compra de aceite de soja de parte de China o de los limones de parte de Estados Unidos.

Pero debemos reconocer que esas tensiones no son una particularidad argentina: es el carácter que está tomando la crisis económica mundial, donde Brasil impugna a Estados Unidos por su política monetaria, la Unión Europea acusa al Mercosur de proteccionista y la campaña electoral estadounidense puso en el centro de la escena el nivel de importaciones de los automóviles de origen chino. Porque entre las regiones más proteccionistas encontramos también a la Unión Europea y a Estados Unidos, paladines del discurso liberal, cuyos principales socios afectados son los países de la periferia (y en esto China se lleva todos los premios). A eso le tenemos que agregar las dificultades existentes para que los países del centro cumplan con las decisiones de la OMC, cuando los órganos de solución de controversia se definen en su contra.

Porque de eso se trata: el ascenso de nuevas potencias como China, India, Brasil, Rusia y hasta el crecimiento económico de continentes que se pensaba condenados a la pobreza como Africa o América latina, cambia el orden de las cosas. No es sólo una coyuntura, el resultado de un buen contexto de precios de las commodities. El surgimiento de esos países es el resultado de políticas económicas acertadas, en la cual la relación sur-sur, sea mediante integración regional o mediante comercio intersectorial, fue un articulador de políticas heterodoxas a nivel nacional que modificaron la realidad de la periferia. Lejos quedaron los convidados de piedra de la OMC, esos países del “Tercer Mundo”, expresión que acuñó Alfred Sauvy en 1952 en referencia al “Tercer Estado” del Ancien Régime francés. Por el contenido ideológico de varios de los gobiernos de la periferia y su rechazo a cargar con las consecuencias de la crisis, podríamos identificarlos como “el club de los jacobinos”, si seguimos con el simbolismo de la Revolución Francesa. Así como las cuestiones económicas más importantes pasaron de debatirse en el G-7 a hacerlo en el G-20 –incorporando a varios de los “jacobinos” en la mesa de discusión–, es necesario aprovechar la crisis mundial para reformar la OMC, y orientarla hacia reglas de comercio más justas que impidan la generación de abultados desequilibrios comerciales.

* Centro Cultural de la Cooperación y Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.