Con más énfasis que en días anteriores, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró ayer que “no habrá aumentos de tarifas” en el corto plazo. Al ser consultado sobre la preocupación manifestada por varias empresas concesionarias y sus accionistas del exterior acerca del supuesto incumplimiento de las condiciones de contrato, De Vido respondió que el Estado primero debe velar por “la seguridad jurídica de los usuarios”.
El responsable de inversiones públicas y servicios mantuvo ayer una reunión con un grupo de dirigentes de la CGT que encabeza Rodolfo Daer, a quienes recibió acompañado por otros dos miembros del nuevo gabinete: Carlos Tomada, de Trabajo, y Alicia Kirchner, de Desarrollo Social. Al salir del encuentro, en su primer contacto con la prensa en calidad de ministro, De Vido señaló con respecto a las tarifas de los servicios públicos que “se analizará cada contrato y la idea es llegar a una tarifa que contenga a todos los argentinos”. Agregó que “como funcionario del Gobierno y como responsable de todos los entes regulatorios, tenemos la obligación de chequear que las inversiones se han hecho”. Y rechazó el criterio de “normalización” que plantean las concesionarias.
“El de las tarifas no es un problema de normalización, sino que hay que atender cuestiones de seguridad jurídica: primero la de los usuarios, después la del Estado y luego la de los intereses particulares que invirtieron o debieron haber invertido” para suministrar el servicio. Pese a que esta postura contrasta con la política seguida por Roberto Lavagna bajo el gobierno de Eduardo Duhalde –que intentó en dos oportunidades ajustar tarifas pero chocó con reparos en la Justicia–, De Vido señaló que en este y otros temas habrá “diálogo permanente con el Ministerio de Economía”. Y precisó que antes de hablar de un aumento, “como responsable de todos los entes regulatorios, tenemos la obligación de chequear que las inversiones se han hecho”.
Acerca del plan de obras públicas, sostuvo que “va a haber una federalización del esfuerzo, ya que las provincias tendrán un protagonismo absoluto”. Sobre ese punto, indicó que la administración central hará un esfuerzo importante en materia de financiación adicional, ya que “por cada peso que ponga el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), la Nación aportará 30 centavos”. El ministro se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de incorporar a integrantes del movimiento piquetero en los planes de obras públicas que se están diseñando. De Vido indicó que “los desocupados van a ser considerados en ese sentido, porque todo desempleado tiene derecho a una fuente de trabajo”. Al respecto, puntualizó que está trabajando junto con Tomada y la ministra Alicia Kirchner para tratar de disminuir los índices de desempleo.
El titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, aseguró que con la sola reactivación de las 23 mil viviendas paralizadas desde noviembre del 2001 del FONAVI, “se crearán 60 mil nuevos puestos de trabajo”.