Por Tomás Lukin @

“Tenemos una obligación y el compromiso con nuestros acreedores, que son quienes ingresaron a los canjes de 2005 y 2010”, afirmó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Durante la entrevista con Página/12, después de una semana atravesada por presentaciones judiciales ante el juez de Nueva York, Thomas Griesa, donde la posición argentina recibió el apoyo formal de diferentes instituciones de Wall Street, el titular del Palacio de Hacienda asegura que “la única posibilidad que tenemos es cumplir con los acreedores que participaron de la reestructuración de deuda”.

Durante la entrevista en su oficina, el jefe del Palacio de Hacienda advierte que existe un negocio especulativo vinculado con las notas de las calificadoras sobre la deuda argentina. “Algunos está apostando mucha plata a que alguna calificadora diga que Argentina incumplió sus obligaciones, independientemente de si eso sucede o no, y que eso gatille el pago de un seguro que compraron en el mercado.”

–¿La posición argentina frente al reclamo de los fondos buitre en la Justicia de Nueva York sigue siendo “no pagarles ni un dólar”?

–Por supuesto. Argentina tiene la responsabilidad y va a cumplir todos los compromisos con sus acreedores. El país no sólo quiere cumplirlos, sino que puede hacerlo. Nuestros acreedores son todos los que participaron en las dos propuestas de reestructuración que hizo Argentina en 2005 y 2010. Quienes ingresaron en esas operaciones hicieron importantes sacrificios. Desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones y desde la equidad, la posición argentina no puede ser otra que sujetarse a esos mismos compromisos. Nosotros nos vamos a seguir oponiendo a cualquier alternativa que vaya más allá de eso. Vamos a seguir presentando y defendiendo nuestra posición en cada instancia judicial. Tiene que quedar claro que, en función del compromiso que tenemos con nuestros acreedores y el trato igualitario que se merecen, esa es la única posibilidad.

–¿Existe algún riesgo de que los pagos de los próximos vencimientos sean embargados o trabados por la Justicia norteamericana?

–Nosotros vamos a hacer todo lo que corresponde para pagarles a los acreedores como lo venimos haciendo desde 2005. La Cámara de Apelaciones sostiene que en ningún caso podría embargarse la plata de quienes entraron al canje de deuda. Eso también lo repitió el juez Thomas Griesa. En ese marco, el mecanismo de pago previsto para los bonos implica que Argentina le paga a un agente fiduciaro, que actúa en su nombre y representación velando por los intereses de los bonistas que entraron al canje. En este caso, el agente de pago es el Banco de Nueva York. Argentina va a seguir pagándoles a los bonistas a través del Banco de Nueva York como lo vino haciendo durante los últimos años.

–¿Argentina puede entrar en default?

–No, Argentina no puede ni va a entrar en default. Las empresas calificadoras de riesgo que advierten esa posibilidad en sus informes no realizan una evaluación técnica de la economía argentina, sino que toman un posicionamiento ideológico y político. Esas empresas y sus voceros quieren crear la idea de un default. Si uno analiza objetivamente los datos financieros y macroeconómicos del país y se escucha la decisión política de este Gobierno para hacer frente a los vencimientos de deuda, no puede concluir otra cosa que no hay, ni va a haber, ninguna posibilidad de que Argentina no cumpla con sus obligaciones. El Estado nacional tiene, sobradamente, la capacidad para hacer frente a los pagos. Tenemos los fondos disponibles para hacerlo. Pero, fundamentalmente, tenemos la voluntad política de hacerlo, como lo hemos venido haciendo. No existe la posibilidad de un default en Argentina. La empresa calificadora de riesgo Fitch advirtió que considerará en default la deuda soberana argentina si surge algún inconveniente para el pago en tiempo y forma de los vencimientos, como podría ser un pedido de la Justicia para que el Banco de Nueva York frene la transferencia de los fondos a los acreedores. Las calificadoras de riesgo no sólo no cumplen el rol para el cual fueron creadas, sino que además acentuaron la crisis financiera internacional. Esas empresas adoptan una posición política e ideológica y no técnica de evaluación de riesgos. Pretenden instalar la idea de que algo va a fallar, como vienen haciéndolo sin éxito hace muchos años. No lo van a lograr.

–Sin embargo, sí consiguen que el costo de los seguros contra un default de la deuda argentina, los instrumentos financieros llamados CDS (Credit Default Swaps), suba de precio.

–Eso es un reflejo de la especulación financiera. Hay que preguntarse quién ganaría si eso sucediera. Argentina no mantiene contrato con ninguna calificadora de riesgo para que evalúen nuestros bonos. Las calificaciones que ponen esas compañías y sus predicciones agoreras no responden a una solicitud argentina. Hay que preguntarse a dónde apuntan esos servicios. Hay que preguntarse quién gana y quién pierde con esas opiniones, qué sucede si, como consecuencia de esas calificaciones, se activan determinados eventos.

–¿A qué se refiere?

–Alguien está apostando mucha plata a que alguna calificadora diga que Argentina incumplió sus obligaciones, independientemente de si eso sucede o no, y que eso gatille el pago de un seguro comprado en el mercado y les terminen pagando mucha plata. Incluso más que lo que reclaman los fondos buitre.

–¿Qué aportan las presentaciones que realizaron ante el juez Griesa el Banco de Nueva York, la Depositary Trust Company, el mayor custodio de bonos de ese país, y un grupo de fondos de inversión que poseen títulos argentinos?

–Lo que está en juego con las demandas en Nueva York involucra aspectos que exceden la reestructuración de la deuda argentina, ya que tienen que ver con el tratamiento de los procesos de reestructuración de deudas soberanas en general. La decisión del magistrado Griesa y la Cámara de Apelaciones puede poner en riesgo futuras reestructuraciones. En ese marco, los potenciales afectados por esa decisión son nuestros acreedores y los distintos intermediarios. Hay que tener en cuenta que en una reestructuración tan grande como la argentina no sólo participaron instituciones netamente financieras sino que hay fondos de pensión, fondos educativos y también ahorristas individuales. No nos olvidemos de que en el canje de 2010 ingresaron el grueso de los inversores italianos y alemanes que no habían entrado en 2005. Ellos también serían afectados por una decisión de Griesa. Esos bonistas apoyaron la posición argentina frente a Griesa.

–¿Cuáles fueron los argumentos centrales de la presentación judicial que hizo el país el viernes ante la Justicia de Estados Unidos?

–Argentina volvió a decirle al juez Griesa que la decisión que tome sobre el pari passu (N. d R.: frase en latín que en la jerga financiera se traduce como “en igualdad de condiciones”) no puede implicar perjudicar a los acreedores que entraron al canje. El país reiteró los mismos argumentos que viene sosteniendo en defensa de la legitimidad de las reestructuraciones de deuda realizadas en 2005 y 2010. Defendemos los compromisos asumidos con el 93 por ciento de los acreedores que ingresaron a esos canjes. Vamos a seguir la defensa judicial en todos los ámbitos posibles, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La trascendencia de la decisión amenaza la eficacia y capacidad de la legislación del Estado de Nueva York, que es una referencia financiera a nivel global, para futuras reestructuraciones.

–Los fondos buitre ofrecieron que Argentina deposite en una cuenta judicial alrededor de 1400 millones de dólares para dejar de lado la posibilidad de embargos, ¿Argentina está considerando esa propuesta?

–Los buitres mostraron las cartas con ese pedido. Cuando hicieron su presentación dijeron: “Nosotros queremos cobrar todo ya”. Los acreedores que ingresaron al canje no sólo están cobrando luego de aceptar la mayor quita en la historia moderna de reestructuraciones, con lo cual su capital quedó reducido, sino que además aceptaron que Argentina pague esa deuda en un plazo muy largo. De hecho, hay obligaciones que vencen entre 2033 y 2038. Frente a esto, ¿qué pretenden los fondos buitre? Quieren cobrar el 100 por ciento de los bonos que compraron a precio de remate en forma inmediata. Pretenden que les depositemos esa plata para dejar de lado los embargos en cualquier lugar del mundo. Ese es un argumento que no podemos convalidar de ninguna manera.