La Argentina presentó ayer a la Cámara de Apelaciones de Nueva York un pedido de revisión de la decisión del juez de primera instancia Thomas Griesa, que ordenó pagarles a los fondos buitre el ciento por ciento de sus bonos y los intereses acumulados. Después de un intenso fin de semana de trabajo entre la Casa Rosada, el equipo técnico del Ministerio de Economía y el estudio de abogados Cleary Gotlieb Steen & Hamilton, el Gobierno llevó a los tribunales la solicitud para que la Cámara mantenga la medida cautelar de no innovar hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar. Esa decisión permitiría el normal pago de los próximos vencimientos de deuda. Según afirmó el Ministerio de Economía a través de un comunicado, el escrito presentado ayer afirma que si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago que tratara a los buitres y a los bonistas que ingresaron a la reestructuración en los mismos términos que Argentina ofreció durante el segundo canje en 2010, “éste hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”.

Con su presentación, el gobierno argentino abrió ayer “una puerta” para destrabar el conflicto, señalaron a Página/12, desde el equipo económico que encabeza Hernán Lorenzino. Los argumentos de Argentina se basan en cuestionar la “inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa” para llevar a la práctica la cláusula de pari passu (en iguales condiciones, en latín). En el escrito remarcan que la decisión del magistrado “consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”.

Griesa determinó que el país debe depositar en una cuenta de custodia 1330 millones de dólares a la espera de la sentencia firme. Ese depósito debe realizarse antes del 15 de diciembre y de no realizarse, el magistrado indicó al Banco de Nueva York, agente de pago de la deuda, que no transfiera los fondos a las cuentas de los acreedores.

Alternativamente, el escrito manifiesta que “si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”. Esa afirmación ofrece un guiño a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones para que reconsidere la decisión de Griesa y proponga una nueva forma de pago equivalente al segundo canje de deuda de 2010. Si la cámara opta por escuchar la “propuesta” argentina y ofrece a los buitres que ingresen a un nuevo canje, el Congreso debería derogar la Ley Cerrojo para volver a hacer una nueva oferta a los fondos de inversión especulativos.

En ese sentido, la presentación hace hincapié en “el ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por nuestro Congreso con el consenso de una amplia mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria”. El 92 por ciento de los tenedores de bonos participaron de proceso de reestructuración aceptando una importante quita de sus acreencias, extensión de los plazos y reducción de los intereses que cobran. Además, la participación en los canjes de 2005 y 2010, implicaba renunciar a la posibilidad de realizar juicios para reclamar por la totalidad de sus tenencias. Los buitres encabezados por los fondos NML Capital y Dart, propiedad de Paul Singer y Kenneth Dart, respectivamente, rechazaron ingresar a ambas ofertas de reestructuración.

Según afirma el comunicado oficial difundido anoche, “la presentación hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regia el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo”. Por otra parte, explica el comunicado del Ministerio de Economía, “el documento denuncia el intento de amenazar el cumplimiento por parte de Argentina de su deuda que se deriva de la aplicación de la orden de Griesa”.

Además, la posición argentina resalta que “la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general”. En ese sentido, la presentación retoma los planteos realizados por el Bank of New York Mellon, agente de pago de la deuda, la Reserva Federal de Estados Unidos, los fondos de inversión que participaron del canje (quienes ayer solicitaron ser parte de una futura apelación) y el resto de los intermediarios como casas de clearing y depositarios de los títulos.