Un grupo de fondos de inversión que participaron del proceso de reestructuración de la deuda en default argentina solicitó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York la suspensión temporal de la decisión del juez de primera instancia Thomas Griesa. El reclamo está encabezado por el fondo Gramercy, uno de los actores privados más significativos durante el segundo canje de deuda en 2010, cuando cambió bonos por un valor nominal de 2700 millones de dólares. A través del Exchange Bondholders Group, Gramercy ya había respaldado la posición argentina ante el magistrado Griesa hace dos semanas y ayer volvió a reclamar ante la Cámara de Apelaciones.

“Confiamos en que el tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito diga que esta decisión es un error y restituya la suspensión del fallo”, afirmó Sean O’Shea, abogado del fondo de inversión Gramercy, en referencia al fallo de Griesa. Basándose en una interpretación del principio jurídico pari passu (“con igual paso”, en latín), el juez ordenó la semana pasada que Argentina debe pagarles a los fondos buitre, que no ingresaron al canje, el ciento por ciento de sus bonos y los intereses acumulados, un total de 1430 millones de dólares.

En medio de la puja legal entre los buitres y la Argentina, distintas instituciones financieras estadounidenses advirtieron ante la Justicia las consecuencias negativas que tendría poner en práctica la decisión de Griesa. Defendiendo sus propios intereses como intermediarios o acreedores de la Argentina, el Banco de Nueva York –agente de pago de la deuda–, la Reserva Federal, las casas de clearing, los agentes depositarios de los títulos y distintos fondos de inversión que participaron de los canjes de deuda de 2005 y 2010, respaldaron la posición argentina ante el juez Griesa. El fondo Gramercy fue el primero en reiterar su posición ante la Cámara de Apelaciones pero, según explican desde el equipo económico, los argumentos del resto de los terceros involucrados serán reiterados ante el tribunal de segunda instancia.

“Nosotros accedimos a una quita del valor nominal de los bonos cercano al 70 por ciento”, recordaba Gramercy en su presentación realizada el 16 de noviembre ante Griesa. En diciembre de 2001, la Argentina declaró la cesación de pagos más grande de la era moderna. En 2005, después de una intensa negociación con distintos actores del mercado financiero internacional, se realizó el primer canje. Esa operación finalizó con un nivel de adhesión del 76,15 por ciento. Los acreedores aceptaron una quita cercana al 70 por ciento, la extensión de los plazos de pago hasta 2038 y una baja de la tasa de interés de los bonos que reemplazaron a los del default. En 2010 se volvió a hacer una segunda oferta. Finalmente, se alcanzó una adhesión del 92,4 por ciento del total.

Los distintos fondos de inversión e inversores individuales que participaron de ese proceso advierten que la implementación del fallo de Griesa no respeta el principio de “carga compartida” entre los acreedores y deudor, donde cada uno pone en proporción un esfuerzo costoso para, luego, compartir proporcionalmente el beneficio del arreglo. En una entrevista publicada ayer por Páginal12, Tullio Zembo, abogado italiano que asesoró y representó a los bonistas pequeños y medianos de su país hasta 2010, cuando recomendó ingresar a la reapertura del canje propuesto por la Argentina, advirtió que “es increíble lo que está pasando en Nueva York, no entiendo cómo un criterio así puede estar amparado por un juez. Esta forma de entender el pari passu, la igualdad de condiciones, va a tener consecuencias terribles si se aplica, y lo tenemos que hacer saber. Si no, seremos cómplices de lo que ocurra de aquí en más”.

El fallo que el magistrado de Nueva York firmó el miércoles pasado no considera que pagar a los buitres implique discriminar a los bonistas que participaron del canje. “Los tenedores de bonos que participaron en el cambio negociaron por la certeza, y para evitar la carga y el riesgo de litigar. Sabían perfectamente que había litigantes buscando el pago total. Después de diez años de litigio, esto es un resultado justo”, piensa Griesa. De hecho, ayer el juez rechazó los pedidos del Exchange Bondholders Group para que revise su fallo y para ser considerados parte no interesada en el caso.