La policía francesa allanó ayer el domicilio parisiense de la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, a raíz de una investigación abierta por el proceso de adjudicación de una indemnización millonaria al empresario Bernard Tapie. “Estas investigaciones sirven para aclarar la verdad, contribuirán a la exoneración de toda responsabilidad penal de mi cliente”, declaró el abogado defensor de Lagarde, Yves Repiquet, quien agregó: “Mi cliente no tiene nada que ocultar”.

Bernard Tapie es un famoso especialista en rescatar empresas en bancarrota, que compró Adidas en 1990, cuando esta firma deportiva atravesaba problemas financieros. En 1992, Tapie declaró la quiebra y el entonces banco estatal Crédit Lyonnais quedó a cargo de la venta de la empresa, la cual finalmente pasó a manos de Robert Louis-Dreyfus. Tapie, un ex ministro de izquierda que luego se alió con Sarkozy, demandó al Estado argumentando que el Crédit Lyonnais lo estafó al vender Adidas. Inicialmente, una corte francesa falló en contra de Tapie en 2006, pero el caso seguía abierto cuando Sarkozy llegó a la presidencia, en 2007. Para cerrar la causa, la entonces ministra de Economía de Sarkozy, Christine Lagarde, aceptó retirar los procedimientos judiciales y enviar el caso a un panel de arbitraje de tres miembros, desestimando algunas voces en su ministerio que le indicaron que el asunto debía seguir en la corte.

El tribunal arbitral, jurisdicción privada, condenó en julio de 2008 al Consorcio de Realización, ente público que administraba el pasivo del Crédit Lyonnais, a pagar a Tapie 285 millones de euros de indemnización que con los intereses se acercaba a los 400 millones. La cifra sorprendió a varios diputados socialistas, que acabaron acudiendo a la Justicia para denunciar el procedimiento. Interrogada por los propios diputados en 2008, Lagarde afirmó que tomó ella misma la decisión del arbitraje, así como la de no presentar recurso después del arbitraje. Explicó que fue una decisión personal tomada sin haber recibido órdenes del entonces presidente.

En 2011, el fiscal general del Tribunal de Casación recurrió al Tribunal de Justicia, dada la condición de ministra de Lagarde en la época de los hechos. El fiscal le reprochaba el haber recurrido a un arbitraje privado cuando se trataba de dinero público, de estar al tanto de la parcialidad de algunos de los jueces arbitrales, de haber hecho modificar el protocolo inicial para integrar en él la noción de perjuicio moral (lo que permitió a Tapie recibir 45 millones), y de no haber ejercido un recurso contra el arbitraje controvertido, cuando varios especialistas la exhortaron a ello. Además, la acusan de dar instrucciones de votación a los representantes del Estado en el consejo de administración del ente público a cargo del asunto. En el documento se sostiene que “bajo la apariencia de regularidad de un procedimiento de arbitraje se esconde una acción concertada para otorgar a Tapie una indemnización que no habría podido obtener por la vía judicial”.

A pedido de los jueces de la Corte de Justicia de la República, única instancia habilitada en Francia para juzgar a ministros por actos ocurridos en el ejercicio de sus funciones, la policía procedió ayer a un allanamiento del domicilio de Lagarde en el distrito XVI de París. Por el mismo caso, la policía también se presentó recientemente en los domicilios del entonces secretario general del Elíseo, Claude Guéant, del propio Tapie y de Stéphane Richard, que dirigía el gabinete de Lagarde cuando se produjo el arbitraje. Si se demuestran los hechos, Lagarde podría ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y a 10.000 euros de multa.