ECONOMíA › OPINION
› Por Raúl Dellatorre
Suele ocurrir en economía, sobre todo en estructuras concentradas: aun siendo tan pocos, pueden provocar un enorme daño. Ayer, en el mercado marginal, irregular o ilegal –cualquiera de estos calificativos le cabe, pero no el de “libre”– se habría operado por menos de diez millones de pesos. Es decir, poco más de un millón de dólares negociados a los valores informados reservadamente (no podría ser de otra forma: la compraventa en este mercado no se declara ni se registra). Al ser tan opacas las transacciones, el valor tampoco queda definido en un libre juego de oferta y demanda: basta con que un par de operadores “de peso” se pongan de acuerdo y hagan correr la versión de haber concretado una compraventa “a un valor X”, para que ese “valor X” se convierta en la referencia del día. ¿Abuso de posición dominante? ¿Estafa a pequeños ahorristas? Quizá. Pero en un mercado absolutamente irregular y oscuro, “todos los gatos son pardos”, según el dicho popular.
Y un mercado manejado por pocos, sin ningún tipo de control, pero con fuerte repercusión mediática, es un lugar ideal para el diseño de “operaciones”. El gobierno nacional ha puesto en marcha una serie de medidas para administrar el uso de divisas, en función de las necesidades del comercio exterior y el pago de compromisos financieros externos, con un margen acotado para el turismo en el extranjero. Este mecanismo le ha permitido tener un balance de divisas equilibrado o levemente favorable. En proyección, tampoco se presentan dificultades para el presente año en cuanto a atender las distintas necesidades de divisas. Sin embargo, el desempeño del dólar marginal logra imponer una sensación de desorden y descontrol que induce a la pregunta: ¿se viene la devaluación?
Por supuesto, hay intereses concretos que operan detrás de esta maniobra. Sectores exportadores que se beneficiarían si el Gobierno devalúa abruptamente. Especuladores financieros que también apostaron a esa posibilidad transformando sus activos a dólares. Entidades o empresas endeudadas en pesos pero con algún tipo de renta en divisas. Grupos sin posición económica tomada en ninguno de los rubros anteriores, pero con algún interés político en generarle un desajuste a la política del Gobierno, basada en el fortalecimiento del mercado interno y la distribución progresiva de ingresos.
¿Qué ocurriría si se devaluara fuertemente? Se provocaría una brutal transferencia de recursos en favor de los sectores beneficiarios de renta en dólares (exportadores, propietarios de activos dolarizados como los inmuebles rurales) y en contra de los sectores de ingresos fijos en pesos (salarios, jubilaciones, titulares de derecho de asignaciones).
Está claro, entonces, quiénes pueden querer una devaluación. Y es más claro que algunos de estos sectores se están moviendo detrás de un mercado ficticio como el del dólar blue pretendiendo mostrar en él un valor de la divisa distinto del del mercado oficial y, pretendidamente, “que refleja más fielmente la realidad”.
Algunas manifestaciones de ayer son más claras que cualquier reflexión elaborada para mostrar intenciones. Aldo Pignanelli, ex titular del Banco Central, economista, ligado a Eduardo Duhalde y a Roberto Lavagna (éste, a su vez, muy cercano ahora a Mauricio Macri), lanzó un comentario en la víspera que merece atención. “La situación que tiene el Gobierno es inmejorable, hay reservas, con la soja van a entrar 25.000 millones. Si con estos números le erran es porque no saben hacer las cosas. Lo mejor es cambiar los jugadores. Se terminó esta etapa con estos jugadores que hablan de marxismo, de control de precios, de reprimir a las empresas, de echar a los inversores”, opinó el ex jefe del BCRA.
El propósito de llevar el blue a las nubes es, precisamente, demostrar que “estos jugadores no sirven”, que la política de controles no va más, que hay que dejar que “el mercado” opere libremente. Es decir, que el Gobierno les devuelva el control a los grupos financieros más concentrados.
Lo pide Pignanelli, y la especulación presiona en el mismo sentido. Es el desafío que debe enfrentar el Gobierno, defendiendo los instrumentos que tiene. Pero necesitando, quizás, otros. Con más intervención, no con menos. Para actuar sobre aquellos que, aunque sean pocos, exhiben una gran capacidad de daño.
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