El juez federal Jorge Ballestero dictó la falta de mérito para Domingo Cavallo en la causa abierta por el famoso megacanje, la desastrosa reestructuración de la deuda pública que comandó el ex ministro de Economía durante la gestión de Fernando de la Rúa. La decisión del juez favorece también a otros implicados en el caso: al ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, y a su segundo, Julio Dreizzen. El magistrado, además, dejó sin efecto la citación a declaración indagatoria de De la Rúa y del banquero David Mulford, en aquel entonces vicepresidente del CS First Boston y amigo de Cavallo.
Como confesó alguna vez el propio Cavallo, fue Mulford quien acercó la idea de la operación al entonces ministro de Economía y su banco uno de los más beneficiados por las millonarias comisiones en dólares que cobró un selecto grupo de intermediarios.
Pese a que los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado habían solicitado el procesamiento de los imputados por el delito de “defraudación a la administración pública”, Ballestero consideró que de las pericias oficiales sobre el megacanje no se concluye que haya mérito suficiente para procesarlos. “No se han arrimado a esta investigación elementos de prueba suficientes como tampoco se ha probado hasta el presente que los funcionarios intervinientes hayan actuado para causar daño o lucro indebido”, aseguró en su fallo. Y agregó: “No existe en todo el expediente una sola prueba que permita sostener que en las reuniones previas al canje se llevaron a cabo hechos delictivos que involucren a los representantes de los bancos”.
Siguiendo el mismo razonamiento, el juez desestimó el pedido de que se tome declaración indagatoria al ex presidente De la Rúa, realizado por el diputado Mario Cafiero, quien se presentó por separado en la causa como querellante particular.
El fiscal Freiler dijo a Página/12 que la decisión del juez será apelada ante la Cámara Federal, porque a criterio del Ministerio Público ya hay elementos suficientes para determinar si los imputados violaron la ley.
Según fuentes judiciales, la perito oficial de la Corte que realizó las pericias contables sobre el megacanje no respondió a la mayoría de las preguntas que le plantearon los fiscales, con el argumento de que el tema superaba sus conocimientos técnicos, ya que involucraba no sólo cuestiones contables sino también de economía. Paralelamente, los acusados colaboraron con las pericias a través de un nutrido grupo de profesionales que terminaron gravitando de manera decisiva en el informe final. De hecho, entre los economistas contratados por los acusados para que defendieran las bondades de la operación se encuentran Pablo Guidotti, ex secretario de Hacienda de Roque Fernández, y Carlos Melconian, ex candidato a ministro de Economía de Menem.
“La operación evitó un perjuicio mayor al Estado, fue realizada con el propósito de que el Tesoro no cayera en cesación de pagos y contribuyó en demorar la crisis. No dio lugar a costos significativos y era la única alternativa financiera disponible”, afirmaron los “peritos” de los imputados. El mismo Cavallo, en un escrito que presentó cuando prestó declaración indagatoria, dijo que “cumplió con su deber”.
Sin embargo, los fiscales creen que existen elementos para concluir que con la operación los entonces funcionarios violaron la ley que delegó las facultades de renegociación de la deuda, que constitucionalmente son propias del Congreso, en el Poder Ejecutivo. Según aquella ley, el Poder Ejecutivo podía cerrar un nuevo acuerdo por la deuda siempre que éste no implicara un incremento del endeudamiento o condiciones más onerosas para el Tesoro. Basta abrir el juego a otros especialistas para demostrar que las condiciones aceptadas por Cavallo para llevar adelante el megacanje fueron ruinosas para el Estado.