“Hay quienes pueden pagar un aumento importante de tarifas; otros que pueden afrontar un aumento menor y, algunos, que no pueden pagar nada.” Con estos términos, el director de Prospectiva de la Secretaría de Energía, Juan Mira, justificó ayer ante un plenario de cuatro comisiones del Senado tanto la necesidad de autorizar una suba en el precio de los servicios públicos como la de instrumentar una “tarifa social”, que exima a algunos usuarios de ese reclamado ajuste.
El debate, presidido por el radical jujeño Gerardo Morales, tuvo como propósito avanzar en la discusión de un proyecto de ley para definir esa tarifa diferencial, algo que los legisladores de la oposición plantean como condición para admitir que el Poder Ejecutivo recupere sus plenas atribuciones para manejar el precio de los servicios públicos.
Roberto Lavagna anunció días atrás su intención de enviar una iniciativa parlamentaria que incluiría este punto, pero hasta ayer aún no lo había hecho.
La discusión de los senadores se hizo sobre la base de un proyecto al que Diputados le dio media sanción en la última sesión del 2001 y que fue promovido por el ex frepasista Ricardo Vago. Esa iniciativa prevé que el Estado eximirá del IVA al consumo de los usuarios socialmente “más vulnerables”, pero a condición de que la empresa prestadora reduzca en un 20 por el precio neto de impuestos.
Tanto representantes de las concesionarias de luz, gas y agua, como Roberto Sericano, titular de la DGI, objetaron ayer esa fórmula de desgravación con el argumento –de improbable justificación técnica– que “engrosaría los costos de las prestadoras”, porque tendrían menos IVA ventas para compensar el que pagan por sus insumos y, por lo tanto, otra razón para presionar por un aumento.
El senador Morales, quien ayer presidió el plenario, admitió que en el inminente dictamen se cuidará especialmente la redacción del artículo que postule una reducción de impuestos. Pero antes que ello, la intención es tener un padrón claro de potenciales beneficiarios. Algo por lo que claman desde las empresas involucradas hasta la secretaria de Defensa de la Competencia y el Consumidor, Patricia Vaca Narvaja.