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En un megaoperativo del que participaron 1400 inspectores de la AFIP y alrededor de 400 efectivos de Gendarmería, la Justicia Penal Económica allanó 185 empresas buscando pruebas de defraudación fiscal con facturas apócrifas. Entre las firmas “visitadas” figuran nombres emblemáticos del proceso de concentración económica de los ‘90, como operadoras de servicios privatizados, ex bancos provinciales que pasaron a manos de privados, financieras, megaproductoras de televisión e hipermercados. A instancias de una denuncia de la AFIP, la Justicia busca probar si dichas firmas utilizaron facturas “truchas” para “inflar” gastos o cubrir otras salidas de dinero no documentadas. Según confiaron allegados a la investigación, la denuncia apunta contra “siete grandes usinas” proveedoras de facturas apócrifas y un sinnúmero de estudios y oficinas menores montados exclusivamente con el mismo fin.
Por segunda vez en una semana, el Gobierno logró un golpe de efecto a su favor en la anunciada lucha contra la evasión fiscal apoyándose en la acción de la Justicia. La anterior había sido la orden de prisión preventiva contra el empresario Eduardo Eurnekian, a quien se le imputó el delito de evasión fiscal por mantener fondos no declarados en un paraíso fiscal. El titular de Aeropuertos Argentina 2000 permanece en Italia, donde viajó con autorización judicial. Durante este fin de semana, se asegura, habría novedades sobre su situación procesal, ya sea porque se lo exima de prisión o porque cumpla en presentarse ante el juez.
El operativo realizado ayer fue ordenado por el juez Julio Speroni y abarcó a unas 120 empresas de servicio, entidades financieras y estudios jurídicos y contables con domicilio en Capital Federal, y algo más de 60 radicados en el Gran Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego. De la nómina de empresas allanadas, trascendieron los nombres de Telecom, Aguas Argentinas, Ciccone Calcográfica, Ocasa, Supermercados Norte, los bancos Piano, Columbia, Santa Cruz y San Juan, y las productoras de televisión Pol-ka, Cuatro Cabezas, Promofilm y GP (de Gastón Portal). Pero también hubo un intenso trabajo de recabar documentación en estudios jurídicos y contables o en oficinas que actuaban con esa pantalla. Según los investigadores, allí estaría la “fábrica” de facturas apócrifas para grandes usuarios.
Un especialista en fiscalización impositiva señaló que “no es sorprendente que grandes empresas que trabajan muy vinculadas al Estado y a sus regulaciones sean demandantes de facturas truchas, porque deben justificar gastos que por distintas razones no quedan registrados”, con un halo de misterio. “También puede ser el caso de productoras o comercios que trabajan con mucho personal no declarado y, de alguna manera, tienen que registrar la salida de dinero”, agregó. Prácticas que, según el experto consultado, “son vox populi en el ambiente, porque son las actividades que generan la mayor demanda de facturas apócrifas”.
La AFIP tiene puesto el ojo sobre siete oficinas que actuarían como “usinas” de facturas apócrifas, sospechadas de ser las principales proveedoras de facturas a grandes empresas. “La tarea –describió una auditora contable– consiste en generar empresas inscribiendo como responsable a un insolvente, que va a recibir una suma irrisoria con respecto a lo que después va a facturar esa empresa con domicilio falso y nombre de fantasía, sin realizar ninguna actividad pero simulando prestar algún servicio difícil de cuantificar, como transporte o montaje de instalaciones.” Cuando esa empresa “trucha” está muy gastada o pasa a ser sospechada, es abandonada y se crea otra.
A las empresas “usuarias”, la detección de facturas apócrifas como comprobantes de gastos en su contabilidad le puede resultar muy caro. Según uno de los especialistas consultados, no sólo le correspondería pagar el 35 por ciento de impuesto a las ganancias sobre el valor de la factura, sino además lo que eventualmente haya computado como crédito fiscal en el IVA. Y no sólo eso: como por otra parte quien contabilizó una factura “trucha” contabilizó un gasto que no realizó, quiere decir que ese dinero lo utilizó con otro fin. “El fisco puede presumir que lo utilizó en el pago de algún servicio sobre el que correspondía retener Ganancias, cuya tasa máxima es del 45 por ciento”, refirió el experto. “Suena durísimo, pero está en la ley”, completó el especialista consultado.
Funcionarios de la Justicia con llegada al expediente brindaron una estimación moderada: el monto de la pretensión fiscal por evasión ascendería a 50 millones de pesos.
Sin embargo, la espectacularidad no está en la cifra. El operativo que ayer realizó la AFIP no sólo es el más importante de la historia por su magnitud, como algunos destacaban ayer: es, además, quizás la primera vez que el organismo le apunta al corazón de la corrupción.