La presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó el martes que sólo el 5,93 por ciento de las tierras rurales están en manos extranjeras y ninguna jurisdicción supera el límite del 15 por ciento. Sin embargo, del total de tierras en manos foráneas, el 79,74 por ciento está en poder de apenas 253 titulares. Eso significa que ese puñado de terratenientes acumula nada menos que 12,6 millones de hectáreas. A su vez, el análisis por nacionalidad muestra que cerca del 50 por ciento se reparte entre personas físicas y jurídicas de Estados Unidos, Italia y España. La nacionalidad con menor cantidad de hectáreas es Gran Bretaña, aunque el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) detectó que casi un millón de hectáreas pertenecen a empresas radicadas en paraísos fiscales de esa nacionalidad, entre ellos las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Bermudas.

Dentro de la franja de campos que van desde las mil a las diez mil hectáreas, hay un total de extranjerización del 15,19 por ciento. En la franja que va desde las diez mil a las cien mil hectáreas, la extranjerización llega al 42,83 por ciento de los titulares. Y en el último escalón, de cien mil a un millón, es del 36,9 por ciento de los titulares. Es decir, existe un alto grado de concentración en relación con los tenedores extranjeros.

La nacionalidad con mayor cantidad de hectáreas en el territorio argentino es la estadounidense (3,04 millones de hectáreas), seguido por Italia (2,3 millones), España (2,1 millones), Suiza (863.059), Chile (830.252), Canadá (492.075), Francia (419.958), y Holanda (270.233).

Antes de la sanción de esta ley, todos estos datos se desconocían, básicamente porque cada provincia y municipio tenía su propia forma de hacer registros. Y en muchos casos, había jurisdicciones sin información oficial.

La directora del RNTR, Florencia Gómez, explicó a Página/12 que iniciarán un proceso de intimación vía carta documento a todas aquellas empresas que no hayan presentado la correspondiente declaración jurada para determinar la nacionalidad de dichas compañías poseedoras de tierras rurales. En una segunda etapa, el Registro determinará si un mismo titular dominial aparece como accionista en diferentes empresas.

“No es una tarea menor que se haya realizado un registro con toda la información catastral de las tierras rurales, sus propietarios, nacionalidad, extensiones. Ahora sabemos cómo estamos parados”, manifestó a este diario Fernando Nasisi, presidente del Consejo Federal de Catastro.

Con la aplicación de la nueva norma, los extranjeros que quieran adquirir tierras rurales deberán obtener previamente un certificado de habilitación que emitirá o denegará el Registro. Es decir, el RNTR tendrá la capacidad de chequear que una persona –física o jurídica– no esté incumpliendo alguna de las tres limitaciones establecidas por la ley: 1) No superar el 15 por ciento a nivel nacional o provincial, 2) no tener más de mil hectáreas, 3) no concentrar en una misma nacionalidad más del 4,5 por ciento del total de tierras. Desde la vigencia de la norma, hubo 38 solicitudes de inscripción, de las cuales sólo cinco presentaron toda la documentación. De éstas, tres fueron aceptadas y dos rechazadas. El RNTR puede controlar de manera online la evolución de los trámites y el reacomodamiento del mapa de extranjerización.

A partir de conocer el estado de situación en cuanto a la titularidad de las tierras rurales, junto a la plena aplicación de la normativa, el Estado tiene la capacidad de controlar y planificar con más herramientas el uso de su territorio. A su vez, el trabajo del Registro también sirvió para exponer el manejo político de algunas organizaciones. Desde 2002, la Federación Agraria decía que el diez por ciento de las tierras rurales estaban en poder de manos extranjeras y el diputado Pablo Orsolini llegó a decir que para 2013 la extranjerización de tierras llegaría al 45 por ciento. Sin embargo, ahora se determinó que el porcentaje de tierras en manos extranjeras alcanza al 5,93 por ciento del total.

“No teníamos datos precisos porque no todos las provincias estaban actualizadas, por lo que nosotros nos animábamos a decir que había 20 millones de hectáreas en manos extranjeras. Respecto de los datos arrojados ayer (por el martes), tampoco sé lo que están tomando porque pueden estar hablando de zonas productivas y nosotros hablamos de toda la extranjerización”, reconoció Orsolini en un reportaje a Radio Provincia.

La ley es taxativa sobre las tierras que se tienen en cuenta para conformar el registro y sobre todo fija limitaciones y una prohibición, la cual indica que no podrán venderse a extranjeros tierras que estén sobre los grandes cursos de agua, como lagos, ríos, lagunas, canales, etc. También se establece que una misma persona no podrá adquirir más de 1000 hectáreas. Orsolini, que parece desconocer el texto de la norma, la votó en contra, al igual que todos los llamados agrodiputados.