Después de las elecciones primarias, el Ministerio de Trabajo convocará a sindicatos y cámaras empresarias a la Comisión de Empleo del Consejo del Salario Mínimo. El objetivo es recabar opiniones sobre un conjunto de inciativas diseñadas por Trabajo y AFIP para atacar los elevados y persistentes niveles de informalidad y precariedad laboral. La discusión estará abierta a propuestas alternativas de los diferentes actores. Página/12 accedió a versiones preliminares del plan que está terminando de delinear el Gobierno. La iniciativa que será debatida a mediados de mes en la primera reunión de la Comisión de Empleo está estructurada sobre tres ejes complementarios: fortalecimiento de la fiscalización, creación de un registro de empleadores infractores e implementación de incentivos destinados a microempresarios para que formalicen a sus asalariados.

Entre 2003 y 2012 la informalidad cayó alrededor de 17 puntos, de 49 a 32 por ciento. La magnitud de la reducción es significativa y existen pocas experiencias similares. En Corea del Sur entre 2001 y 2011, el indicador retrocedió 14 puntos, aunque en ese caso lo hizo desde un nivel más elevado al pasar de 54 a 40,2 por ciento, según datos de Korea Labour Institute. En los últimos años, como consecuencia de causas externas e internas, las mejoras de los indicadores laborales argentinos se estancaron y la informalidad persiste en niveles históricamente elevados.

El trabajo doméstico, los cuentapropistas, el sector agropecuario, la construcción y el comercio son los ámbitos con mayores niveles de informalidad. Asimismo, existen situaciones irregulares en diferentes dependencias estatales ya sea a nivel ministerial como a escala municipal. Desde la visión del ministro Carlos Tomada, los empleadores son los principales responsables por la informalidad. A ese diagnóstico los sindicalistas suman el pobre desempeño fiscalizador del Estado.

Desde la cartera laboral consideran que se requiere un plan integral para comenzar a trabajar sobre el “núcleo duro” del empleo no registrado que todavía alcanza a un tercio de los asalariados del país. Para eso convocará a una reunión a mediados de mes a los sindicatos y cámaras empresarias a la Comisión de Empleo del Consejo del Salario Mínimo. Allí presentará sus ideas y recibirá sugerencias:

- Fiscalización: A lo largo de los últimos años Trabajo recuperó capacidades en materia de inspección. Esas atribuciones habían sido entregadas a las provincias en lo que representó el abandono por parte del Estado de esos controles. Lentamente y no sin dificultades, la cartera laboral comenzó a extender y potenciar el alcance de sus fiscalizaciones. Aunque aumentó la cantidad de inspectores y mejoró su equipamiento, en Trabajo entienden que los cambios son insuficientes. La poca disponibilidad de recursos disponibles, la baja tasa de inspección realizada por la mayoría de las provincias y las escasas sanciones evidencian la persistencia de limitaciones. En ese escenario se propondrán cambios que refuerzan las competencias y herramientas de fiscalización.

- Registro de empleadores: La creación de un registro de empleadores busca crear un mecanismo de disuasión y sanción para los empresarios infractores. En la actualidad los empleadores no se sienten amenazados por la inspección: reinciden en el no registro y la mayoría de las veces no pagan las multas. Entre 2006 y 2012, el Ministerio de Trabajo cobró solo el 19 por ciento de las multas. Los cambios disponen que una vez sancionados por haberse detectado situaciones de empleo no registrado o trabajo infantil los empleadores permanecerán en el listado hasta que regularicen la situación y paguen las multas. La salida no será inmediata sino que regirá un plazo de permanencia. Quienes figuren en el registro no podrán acceder a ninguna política pública. La iniciativa seguramente presentará resistencia desde las cámaras empresarias.

- Incentivos a los microempresarios: Los niveles de informalidad en los pequeños establecimientos y los trabajadores independientes se ubican significativamente por encima del promedio de la economía. Entre los monotributistas que son empleadores la no registración alcanza al 77 por ciento de sus asalariados y en el universo de autónomos llega al 38 por ciento. Representan un universo de empleadores/trabajadores que es muy difícil de identificar y fiscalizar.

La AFIP está estudiando la creación de un régimen tarifado especial para esos microempleadores –hasta 3 asalariados y bajo nivel de facturación, pero los límites todavía no están definidos– que reduzca el “costo laboral” y simplifique la registración durante un tiempo. Se trata de un esquema similar al implementado para las trabajadoras de casas particulares. El importe a pagar por el empleador será “simbólico” pero más elevado que los 135 pesos mensuales del servicio doméstico. El beneficio estaría en cabeza del trabajador y no del empleador.

El éxito de la medida no está asegurado. En el equipo económico advierten que la reducción del empleo no registrado será un proceso extenso y arduo. La preservación del crecimiento económico, una reactivación de la dinámica de creación de puestos de trabajo y mayores transformaciones estructurales son condición necesaria para avanzar en el combate de las diferentes dimensiones de la informalidad y desigualdad. El diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde agrega a esa combinación de factores la necesidad de la participación ciudadana en la denuncia de empleadores, el compromiso de los sindicatos y, fundamentalmente, una amplia difusión de los derechos laborales de los trabajadores.

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