El problema de la precariedad laboral responde a varias causas y tiene diversas manifestaciones, de las cuales una de las más graves es el empleo en negro. En ese sentido, la creación de la comisión de empleo dentro del consejo del salario mínimo es un reclamo que mantiene hace tiempo la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) que lidera Hugo Yasky. El dirigente plantea reforzar un sistema de premios y castigos para mejorar la registración. En tanto, el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, se inclina por extender un esquema de incentivos que generen que al empresario le sea más conveniente la formalización.

El empleo precario como forma de abaratar el costo laboral y maximizar la ganancia empresaria, la necesidad de tener trabajo no registrado en unidades de producción muy pequeñas castigadas ante el peligro de desaparecer por la competencia, “usos y costumbres” del sector concentrado del agro y una cultura de la no registración de sectores profesionales son factores que explican algunas situaciones de trabajo en negro. La consecuencia inmediata es una violación de derechos a los trabajadores y la evasión fiscal que impacta sobre la recaudación impositiva.

Esta falta de registración, y en general la precariedad, se redujo desde 2003, aunque de manera más débil que la mejora de la producción y el empleo. Después de un fuerte proceso de crecimiento, uno de cada tres trabajadores no está registrado y carece de derechos laborales básicos.

“Toda política que se plantee una acción sistemática para reducir el porcentaje de trabajadores no registrados tiene que ser una combinación de medidas de premio y de castigo. Las empresas familiares y las pequeñas empresas que son importantes formadoras de empleo en la Argentina deberían tener algún tipo de estímulo a través de las políticas públicas, e incluso se podría hablar hasta de acciones graduales, como establecer porcentajes de registración en los pequeños núcleos empresarios y tiempos para la mejora gradual en la situación laboral”, planteó Yasky a este diario.

“Pero como contracara, en el terreno de las políticas punitivas del Estado están las grandes empresas, que son beneficiarias de subsidios y que al mismo tiempo tienen una política de incorporación de trabajadores no registrados a través de formas abusivas de tercerizaciones o pasantías. Ahí, el peso del Estado tiene que estar en el condicionamiento del subsidio al cumplimiento de pautas que tienen que ver con la registración sistemática de los empleados”, agregó el sindicalista.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal e integrante de la Organización Internacional de Empleadores, contracara empresaria de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambas con sede en Ginebra, explicó a este diario que el énfasis debe estar en “crear las condiciones para que los micro y pequeños empresarios puedan formalizarse”.

“Hay que avanzar en tres frentes. En primer lugar, agilizar los procedimientos burocráticos que se requieren para que una empresa pueda constituirse como tal. También se necesita trabajar sobre el grado de presión fiscal, en lo general y en lo laboral, y a nivel nacional, provincial y municipal. Por último, en el plano de los accesos, enfatizar las ventajas que tiene para un empresario tener todo formalizado, en términos crediticios, de tecnología, mercados, incentivos para participar en cadenas de producción y consorcios de exportación. En general hay que ir por el lado de los incentivos. Y una vez que se genera la cultura de la formalización, entonces aplicar sanciones al que no cumple”, explicó.

Yasky sostiene que “es necesario hacer un mapeo del trabajo no registrado en todo el país. Por eso, una de las medidas sería convocar a los ministros de Trabajo de todas las provincias al consejo del salario”. En tanto, Funes de Rioja citó el ejemplo del sector vitivinícola, donde se celebraron una serie de acuerdos con el Ministerio de Trabajo a partir de los cuales las empresas pagan una carga de impuestos de la seguridad social en función del nivel de producción y del nivel de mecanización. “Se presume determinado nivel de empleo y en función de eso se paga, más allá de que se declare o no declare a los trabajadores. Como ya el empresario tiene que pagar sí o sí, es un incentivo a la formalización”, explicó.