El Indec publicó recientemente los datos de la base Redatam del Censo 2010 correspondientes a los hogares, según presenten o no Necesidades Básicas Insatisfechas. Este indicador busca dar cuenta de las situaciones de pobreza estructural. No mide el ingreso en un momento específico del tiempo, sino que muestra un problema de más larga data, visible en formas tales como la existencia de niños/as en edad escolar que no asisten a ningún establecimiento educativo, condiciones inadecuadas (viviendas precarias, piezas de hotel o pensión) o insuficientes (tres personas o más hacinadas por cuarto) en materia habitacional y sanitaria (no poseer retrete) o serias limitaciones de base para generar un ingreso acorde con las necesidades del grupo familiar (cuatro o más personas dependientes de un miembro ocupado con bajo nivel educativo). Basta con que un hogar presente cualquiera de estas necesidades para que el mismo, y todas las personas que lo componen, se consideren con NBI.

Analizando la evolución de este indicador (porcentaje de hogares totales con NBI) en nuestro país en las últimas tres décadas, es posible observar que en los 21 años que van de 1980 a 2001 el mismo se redujo un 35,9 por ciento, pasando de un 22,3 a un 14,3 por ciento. En los nueve años del período 2001-2010 la reducción fue mayor que en las dos décadas precedentes: 36,2 por ciento. Gracias a este impulso, la participación de hogares con NBI cayó al 9,1 por ciento del total. El avance, en términos económicos y sociales, para los sectores más postergados, fue mayor en los últimos nueve años que en los 21 anteriores y, en 2010, por primera vez en la historia argentina, el porcentaje de hogares con NBI no alcanzó las dos cifras.

Esta mejora ha sido muy importante en todo el territorio y en algunas provincias de gran peso poblacional, como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, ha resultado aún mayor, con reducciones del indicador de NBI de más del 45 por ciento. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta también una importante reducción (hoy el indicador de NBI alcanza a menos de un 6 por ciento de sus hogares). Por su parte, la provincia de Buenos Aires muestra una reducción equivalente a la media nacional (36,2 por ciento), con la particularidad de ser levemente mayor en el interior provincial (39,1 por ciento) que en el conurbano (36,4 por ciento).

Si se analiza lo sucedido al interior del conurbano, se verifica que en una serie de municipios (Ituzaingó, José C. Paz, Lanús, Morón, San Isidro y San Miguel) la reducción del indicador de NBI (2001-2010) fue del orden del 45-50 por ciento. En algunos de estos municipios, como Florencio Varela, José C. Paz y Moreno, más del 10 por ciento de la población dejó de pertenecer al sector con NBI.

El número absoluto de hogares con NBI presenta también una disminución importante: más de 330.000 hogares argentinos (lo que representa a más de 1.400.000 personas) salieron de la pobreza estructural en el período 2001-2010. El efecto de las políticas públicas de la última década sobre la reducción de las diferentes necesidades insatisfechas es evidente. Por ejemplo, la reducción en la cantidad de niños/as en edad escolar que no van a la escuela está, sin duda, relacionada directamente con la implementación de la Asignación Universal por Hijo, así como la disminución del hacinamiento y de la población que habita en viviendas inadecuadas responde, en buena medida, a los programas federales de vivienda, tanto en lo que hace a la construcción de nuevas unidades como en referencia a la refacción, ampliación y mejoramiento de las existentes. Del mismo modo, el programa Fines, que ha permitido reducir la proporción de adultos con bajo nivel educativo, también resulta un factor clave para reducir la pobreza estructural en nuestro país.

En esta etapa preelectoral, sería deseable que aquellos candidatos de fuerzas que se consideran populares se comprometan a consolidar esta tendencia (por ejemplo, trabajando para reducir la proporción de hogares con NBI a menos del 5 por ciento del total para el año 2020), por medio de la promoción del desarrollo económico, de la protección y creación de puestos de trabajo y de políticas específicas de ampliación de derechos. Eso sería un aporte decisivo para generar posibilidades firmes de un mejor futuro a aquellos compatriotas que aún se encuentran sumergidos en la pobreza estructural.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.