Luego de la fuerte devaluación del peso que aplicó el Gobierno la semana pasada, una de las disputas centrales que se abre ahora es en materia de precios. Por esa razón, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, se reunieron ayer con supermercadistas, la industria proveedora de bienes de consumo masivo, fabricantes de electrodomésticos y los retails, la industria ensambladora de Tierra del Fuego y con el sector siderúrgico. Hubo recriminaciones por aumentos desmedidos de precios, paralización de ventas y desabastecimiento. Incluso la Secretaría decidió labrar actas con sanciones a Garbarino, Musimundo y Frávega e intimó a varios sectores a retrotraer precios u ofrecer planes alternativos con subas más moderadas. En el Gobierno descartaron que vaya a aumentar el precio de los combustibles. Las cadenas de supermercados regionales, con buena llegada en ciudades medianas, están definiendo su ingreso al acuerdo de precios.

“Vamos a ver de cerca todos los precios, no sólo los del acuerdo de Precios Cuidados”, indicaron ayer a este diario desde el equipo económico. El desafío no sólo es que las empresas respeten los términos del acuerdo de precios de 194 productos sino también que el resto de los precios no se desbanden. Fuentes oficiales explicaron ayer la estrecha relación que existe entre los precios que están dentro y fuera del acuerdo. “Si las empresas suben mucho los precios que no están en Precios Cuidados, están generando un desabastecimiento, porque la gente sólo va a comprar los productos acordados y no va a haber oferta que aguante. Esa actitud de las empresas, entonces, es violatoria del acuerdo de precios y por lo tanto será sancionada.” El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió que para hacer cumplir el convenio de precios el Gobierno también puede apelar a las importaciones para regular cantidad o precios (ver aparte).

En su conferencia de prensa matutina, además de explicar que la AFIP reabrió la posibilidad de ahorrar en dólares, Capitanich ratificó la vigencia del acuerdo de precios, que comenzó a funcionar hace tan sólo tres semanas. En ese breve pero intenso período, el aumento del dólar fue del 21 por ciento, de 6,60 a 8,01 pesos. Costa recibió en los últimos días a distintos sectores para analizar su actitud frente a la suba.

Las siderometalúrgicas Siderar, Acindar y Aluar manejan listas de precios en dólares. Por eso, terminales automotrices, autopartistas y el resto de la metalurgia se vieron inmediatamente afectadas por la devaluación. Así sucedió con la hojalata, por ejemplo, que impactó en los costos de la industria de la alimentación que fabrica enlatados. Si bien la siderurgia utiliza materia prima importada, como el mineral de hierro, hay una parte de sus costos que son en pesos, como los servicios y la mano de obra. Por eso, Kicillof y Costa advirtieron a ésas que no permitirán un traslado “1 a 1” de la devaluación a los precios finales. Les sugirieron entonces que traigan una oferta: un traslado menor y más paulatino. El mismo mensaje les transmitieron a las petroquímicas. Mientras tanto, los precios serán los del 21 de enero, antes del salto en el precio del dólar.

En el caso de las empresas de Tierra del Fuego, la recriminación fue similar: que no traspasen toda la devaluación a los precios. También les propusieron que presenten una propuesta. Las mismas prácticas empresarias se superpusieron, porque a la suba de los insumos de la industria siderúrgica y del plástico, se generó un traslado en varios casos total de parte de la industria manufacturera a los precios de venta para los supermercados y otros comercios. El último eslabón del comercio, por su parte, hizo lo propio sólo cuando pudo, porque está mucho más controlado. Y otros, que no aumentaron, frenaron las ventas. El Gobierno buscará que las empresas, a contramano del usual comportamiento del mercado, retrotraiga precios. Utilizará, a ese fin, la amenaza de las importaciones.

El equipo económico planteó que muchas empresas adelantaron la suba, descontando un tipo de cambio superior al nivel donde finalmente se fijó. Además, les achacaron que en el último año subieron precios mirando el dólar paralelo, que no impacta sobre importaciones si el negocio es el “blanco”. La conclusión del Gobierno es que las empresas formadoras de precios en la Argentina en general tienen espaldas para aguantar el dólar oficial a 8 pesos. “Muchos empresarios aumentan por las dudas”, criticó Capitanich.

En el caso de los bienes primarios que además de venderse en el mercado interno también son exportados, como el trigo y sus derivados, lácteos y carnes, la suba del dólar tiene impacto porque se manejan con precios internacionales. Como el Gobierno descarta la intervención directa en el sector, la idea es que el aumento en ese costo se vaya absorbiendo a lo largo de la cadena de producción y que no llegue a las góndolas.