Los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, nucleados en la Ofephi, entregaron una contrapropuesta al documento que habían recibido hace una semana por parte de las autoridades del gobierno nacional. El Poder Ejecutivo, a través de YPF, pretende modificar las condiciones de participación de las empresas provinciales de energía en las inversiones petroleras, con el objetivo de mejorar las inversiones en los distintos yacimientos. La propuesta de Miguel Galuccio, presidente de la compañía de bandera, es finalizar con el “acarreo”, es decir, que las empresas provinciales dejen de asociarse con compañías privadas sin poner plata.

La contrapropuesta fue redactada por el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y respaldada por todos los gobernadores de la Ofephi, quienes propusieron una “ley de promoción de inversiones petroleras”, similar al marco legal que existe para la minería. Los ministros de Planificación y Economía, Julio De Vido y Axel Kicillof, junto a Carlos Zanini, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, y Galuccio quedaron en continuar el debate en una próxima reunión. Los gobernadores aprovecharon el encuentro para pronunciarse en contra de los fondos buitre.

“La Ofephi se manifestó a favor de la intención del gobierno nacional de trabajar en el autoabastecimiento y en la soberanía energética del país. Es un objetivo que tanto la organización federal como Nación comparten y que se logrará a través de la llegada de inversores con capacidad para llevar adelante los emprendimientos necesarios para la tarea. Los gobernadores de la Ofephi avanzaron en una propuesta relacionada, fundamentalmente, con el desarrollo de los no convencionales.” Esta fue la fórmula de consenso que eligieron los gobernadores para continuar con las negociaciones de lo que puede ser un nuevo marco regulatorio para la actividad de los hidrocarburos.

Las provincias tienen el dominio jurisdiccional del subsuelo. El derecho se los otorgó la reforma constitucional de 1994; luego se avanzó con el decreto 546/2003, donde se estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos serían fijadas por las provincias. Y en noviembre de 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.197, que les transfirió los yacimientos. Ese esquema permanecería sin cambios, pero el gobierno nacional quiere que los gobernadores dejen de asociarse en los proyectos a través de empresas provinciales que no invierten un peso.

Los gobernadores de la Ofephi no quieren perder su participación en los negocios petroleros. Sapag había manifestado que el principal punto de tensión pasaba por los mecanismos de adjudicación de las áreas, “si lo hacemos a través de un contrato compartido, con carry (acarreo) o sin carry. Creo que no tiene que haber una fórmula única, sino que deben aplicarse todas las que permitan captar inversiones a la Argentina”, había manifestado el mandatario neuquino. El documento presentado ayer fue redactado por Sapag y seguido de cerca por Francisco “Paco” Pérez, gobernador de Mendoza, y Martín Buzzi, gobernador de Chubut y presidente de la Ofephi.

Por fuera de la agenda petrolera, los gobernadores expresaron su repudio al fallo de la Corte de los Estados Unidos. “Expresamos un fuerte apoyo a la política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la voluntad de continuar con la irrestricta defensa de los intereses nacionales frente al avance de estos acreedores, cuyo accionar representa un peligro para la economía local”, concluyeron.