La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer la apelación de la Argentina sobre los fallos de primera y segunda instancia que obligan al país a pagar 1330 millones de dólares en efectivo a un grupo de fondos buitre por sus títulos en cesación de pagos. La causa, que se remonta a febrero de 2012, volverá al tribunal distrital de Nueva York, más específicamente al despacho del controversial juez Thomas Griesa, quien decidirá si ejecuta la sentencia o habilita una instancia de negociación entre las partes y así evitar que se ponga en peligro la reestructuración de la deuda argentina. La Cámara de Apelaciones neoyorquina contará con un par de semanas para levantar el stay (medida cautelar de no innovar) que protege al país de embargos. “Si tuviéramos que pagar este reclamo, tal como lo dijo Griesa, habría que desembolsar 15 mil millones de dólares por todas las demandas que se abrirían”, advirtió la semana pasada el ministro de Economía, Axel Kicillof, y ayer lo repitió la Presidenta (ver página 3). Si bien existe la posibilidad de pedir una revisión a la Corte sobre su decisión, las cartas en materia judicial están prácticamente agotadas y sólo queda la muñeca financiera del equipo económico para evitar una interrupción de la cadena de pagos de la deuda vigente.

“La petición de certiorari –apelación– se les niega. Las órdenes están ahora en pleno vigor y efecto. (La jueza Sonia) Sotomayor no participó en la consideración o decisión de estas peticiones”, informaron desde la Corte estadounidense. La abstención de Sotomayor, la primera jueza de habla hispana en este máximo tribunal, también se replicó en la sentencia contraria que recibió la Argentina en la causa satélite Discovery Mundial (ver aparte). La orden en vigor habilita a Griesa a continuar con la aplicación del fallo dispuesto en febrero de 2012 y ratificado en octubre de ese año por la cámara. La Corte tenía como alternativas acceder al pedido argentino y analizar la causa o solicitar una opinión escrita de la administración Obama, pero las desechó.

La decisión de la Corte se conoció a las 9.35 –una hora más para el huso horario argentino– en el blog del tribunal y cierra así un largo derrotero en los juzgados neoyorquinos contra los fondos buitre NML, Aurelius, Blue Angel y otros pequeños inversores. Los letrados de Aurelius ya habían solicitado anoche a Griesa que ejecute la decisión. La historia comienza con la sentencia de primera instancia de Griesa que ordenó a la Argentina pagar la totalidad de la deuda que reclaman los buitres, sin quita. El Gobierno apeló ante la cámara con el argumento de que esa medida discriminaba a los que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, poniendo en riesgo toda la reestructuración. El 26 de octubre de 2012, la cámara respaldó el fallo de Griesa y solicitó al juez un mecanismo de pago. El magistrado del Segundo Distrito ordenó que se pague en efectivo y que se deposite esa cifra en una cuenta de garantía para los buitres, junto con el pago del cupón del PBI de ese año (2012). Para evitar el default técnico que implica el embargo de ese dinero destinado al pago de deuda performing (vigente), el Gobierno propuso reabrir el canje. Los buitres rechazaron la oferta y la cámara falló contra la Argentina. Las sentencias fueron apeladas ante la Corte.

De cuervos y buitres

La negativa del máximo tribunal pone en riesgo el pago de compromisos de deuda, pese a que su cumplimiento fue asegurado a los bonistas por la Presidenta ayer en cadena nacional. El 30 de este mes el país enfrenta vencimientos del bono Discount por 749 millones de dólares, de los cuales 228 millones corresponden a emisión bajo Ley de Nueva York. El 30 de septiembre vencen 183 millones de dólares en bonos PAR, de los cuales 67 millones corresponden a series bajo legislación neoyorquina. Desde Aurelius pidieron anoche que se ejecute la sentencia antes del 30 de este mes con el objetivo de que se embarguen las cuentas del Bank of New York (BoNY), entidad a través de la cual se canalizan los pagos a los acreedores en el extranjero, lo que derivaría en un default técnico (ver aparte).

Las posibilidades en el terreno legal para la Argentina son escasas. Las alternativas para evitar esta situación contemplan en lo inmediato solicitarle a la Corte la posibilidad de que revea esta decisión, medida judicial que se podría concretar en un plazo de entre 20 y 25 días. Lo habitual es que el máximo tribunal responda negativamente a este tipo de peticiones. Sólo se da un caso contrario cada quince años, según explicó a este diario Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido. De todos modos, ese plazo le permitiría al país transferir los fondos para el pago del Discount sin trabas.

La vuelta del caso al despacho de Griesa habilita a las partes –abogados del Estado argentino y de los fondos buitre– a comparecer nuevamente ante el magistrado. En ese marco, el juez podría evaluar la posibilidad de algún tipo de acuerdo antes de que se efectivice la decisión de abonar a los fondos buitre el ciento por ciento de lo reclamado. La alternativa de una propuesta de pago a este grupo de fondos especulativos plantea una discusión también de índole legal. Si la oferta acordada resulta más favorable que la de los bonistas del canje, se podría activar la cláusula RUFO, aquella que pone en igualdad de condiciones a los bonistas del canje. Esta cláusula vence en diciembre de este año. La expectativa del equipo económico era que la decisión de la Corte se extendiese hasta esa fecha para poder hacer un arreglo con los buitres sin perjudicar la reestructuración de la deuda; esto es, sin que el 93 por ciento de los bonistas que ingresó al canje reclame la diferencia respecto de la quita que aceptó en la operación. Letrados vinculados con la causa sostienen que esa ola de juicios podría verse frustrada ante el hecho de que el pago a los buitres no es una operación voluntaria porque se trata de una solución forzada por la Corte.

Otra opción es que la Argentina se plante en su decisión de no pagarles a los fondos buitre más que al resto, algo que podría desprenderse del discurso de Cristina Fernández. En este caso se abren dos posibilidades: una es que sean los bonistas que aceptaron el canje los que intenten negociar con Paul Singer, dueño del fondo NML, la compra de deuda a un precio mayor que el ofrecido por el país. Esta opción, al ser entre privados, evitaría dificultades legales vinculadas con la equidad de la oferta. La otra posibilidad es decidir si cambia el domicilio de pago debido a que todo monto que ingrese al BoNY para el pago a bonistas con títulos reestructurados serán tomados para el cumplimiento de la decisión de Griesa (ver aparte). El riesgo de ésta es que sea interpretada como desacato a la orden de la Corte.