Mientras las negociaciones entre el equipo de Lavagna y la misión del Fondo Monetario se desarrollan por estas horas con reserva y discreción, el economista jefe del Banco Mundial, Guillermo Perry, quebró ayer esa frágil armonía. El funcionario del BM desnudó públicamente las dos condiciones que los organismos internacionales exigen para firmar un nuevo acuerdo y a las que el presidente Kirchner no parece dispuesto a ceder. Así, declaró sin eufemismos que Argentina necesita un ajuste de tarifas en los servicios públicos y un mayor superávit fiscal para lograr un crecimiento sostenido en el futuro.
Las palabras de Perry no pueden ser interpretadas como el comentario de un analista más. El Banco Mundial es, dentro de los organismos, el acreedor oficial de mayor peso para Argentina y si bien la negociación con el Gobierno la lidera el FMI es parte tanto o más interesada que esa institución. Además, el mensaje no se filtró de un off the record, ni mucho menos: el funcionario ofreció una videoconferencia desde su oficina en Colombia, retransmitida en las sedes del Banco Mundial de Buenos Aires, México y Washington.
Ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, reiteró que no se utilizarán las reservas del Banco Central para pagar los vencimientos de septiembre con los organismos, que superan los 3000 millones de dólares. De ahí que sin acuerdo Argentina entraría en default no sólo con el Fondo sino también con el Banco Mundial y el BID.
El economista del Banco estimó que Argentina crecerá “el 5 por ciento este año y alrededor de un 4 por ciento el próximo”, una estimación similar a la que baraja el Fondo Monetario. Pero en su opinión ese repunte “es básicamente recuperación de las pérdidas ocasionadas por la crisis y no un crecimiento genuino”. Por si no quedara lo suficientemente claro, agregó: “No se está generando capacidad para crecer. Si después del año que viene la Argentina sigue creciendo, necesitará recursos para sostener ese crecimiento y dependerá del éxito de sus reformas estructurales”.
A partir de ese diagnóstico, Perry se despachó con las condiciones que los funcionarios del Fondo ya lanzaron sobre la mesa de Lavagna, a saber:
- Ajuste de tarifas: “Si la recuperación va a continuar, tiene que haber inversión en todos los sectores, incluso en los servicios públicos. Pero nadie sabe cómo aumentarán las inversiones si no se aumentan las tarifas en lo inmediato. No se trata de un incremento grande en el corto plazo, sino de pequeños aumentos escalonados en el mediano plazo”, sugirió.
En los últimos días, en Buenos Aires, los funcionarios del Fondo insistieron con que debe figurar en la nueva carta de intención un compromiso explícito de ajuste tarifario y hasta presionaron por imponer un cronograma de aumentos. Sin embargo, el presidente Kirchner no quiere saber nada de incluir el tema tarifas en el acuerdo, y mucho menos de fijar fechas.
- Superávit fiscal: “Si la Argentina quiere reestructurar su deuda con éxito y volver al mercado de capitales necesitará un superávit mayor (al actual) en los próximos años”, aseguró Perry. “La viabilidad de un acuerdo rápido con el Fondo y los acreedores de la deuda en default, dependerá de lo que Argentina muestre en esta materia”, vaticinó. Y argumentó por qué no habría otra salida que aceptar esa exigencia del Fondo: “Ahora hay fondos de los argentinos que se fueron del país que están regresando por la recuperación de la economía, pero los flujos de capital externo dependerán de la negociación del default y de un acuerdo con el FMI”.
Kirchner se comprometió públicamente a no aceptar un superávit fiscal primario (antes del pago de intereses) del 3 por ciento del PBI para el año próximo, frente al 2,5 por ciento este año. Un encumbrado miembro del gabinete nacional asegura que “este punto ya está definido”.