En la causa judicial por el fraude cometido contra los afiliados de la AFJP Siembra, propiedad del Citi, se ha producido una novedad decisiva: la ruptura del pacto de silencio. Uno de los detenidos, Francisco Luis Scola, que perteneciera a la bursátil extrabancaria Rabello, reconoció los hechos denunciados y su “intervención a título de partícipe secundario” en operaciones que perjudicaron al fondo jubilatorio administrado por Siembra. Aunque aún deberá ser juzgado, tras su confesión Scola fue excarcelado el pasado 13 de agosto. Había sido recluido en diciembre de 2001. Con su admisión, el proceso logra un avance crucial: además de las documentadas denuncias de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de AFJP, y de los procesamientos dictados por el juez penal económico Bernardo Vidal Durand, ahora uno de los implicados reconoce la estafa, de especial gravedad penal por haberse cometido contra ahorros previsionales.
El giro de Scola, que puede determinar que también otros involucrados se avengan a confesar, sobrevino después de que cambiara de abogado, desplazando a René Federico Garris (ex CNV) por Mariano Ibáñez, a quien conoció entre rejas. Este letrado estaba preso por el escándalo de los amparos concedidos masivamente a depositantes en el Chaco. En cuanto a Garris, sigue patrocinando a otros empleados de Rabello (Juan Pablo Paillot y Juan Manuel Campos). Si la fórmula para mejorar la suerte procesal es admitir la maniobra pero sosteniendo haber cumplido un rol secundario -básicamente, ejecutar órdenes de arriba–, se abre el camino para que esos mismos implicados señalen a los partícipes primarios, a los grandes responsables. La vía ascendente podría llegar verdaderamente muy arriba. Es allí donde debe de existir hoy extrema preocupación por la estrategia de Ibáñez/Scola y su eventual propagación.
El caso es de enorme trascendencia porque involucra, no a una entidad aislada, sino a varias y de diferentes segmentos del mercado de capitales: una AFJP, que es Siembra; una Sociedad de Bolsa líder como Rabello, y un banco, el Privado de Inversiones. Tres vértices para un triángulo fraudulento, cuyas víctimas fueron los afiliados a la primera. Pero los hechos, cometidos tres años atrás, dicen más cosas. Hablan de las fisuras en la regulación y, tanto o peor aún, de la escasa voluntad autodepuradora de los empresarios: a Rabello, cuyo presidente y dueño, José Javier Goñi, estuvo procesado y preso por este affaire, el Mercado de Valores ni siquiera le abrió un sumario.
Página/12 reveló el 11 de marzo de 2002 los detalles del fraude, consistente en utilizar el Fondo de Siembra para invertir en acciones de sociedades extranjeras (vía certificados conocidos como Cedears) a través de Rabello. Las operaciones se concertaban por la mañana desde celulares, evitando las líneas de la mesa porque esas llamadas quedaban grabadas. Si la cotización del papel adquirido (una tecnológica del Nasdaq, por ejemplo) bajaba en el curso de la jornada, se oficializaba su compra por parte de Siembra al valor matutino, y la pérdida era para su Fondo. Si en cambio subía, el comitente resultaba ser otro: el Banco Privado o algunos particulares, que así embolsaban la ganancia sin haber arriesgado nada. Es obvio que luego el beneficio se repartiría entre todos los complotados.
A esta altura de las actuaciones, y pese al empeño puesto por el juez Vidal Durand y por el camarista penal económico (Sala B) Marcos Arnoldo Grabivker, no puede asegurarse que al final vaya a impartirse justicia. El caso de José Javier Goñi (Rabello y Renault Argentina) es peculiar. En marzo fue procesado, presentándose detenido en la clínica Mater Dei, donde se había internado. Este personaje clave, defendido por los abogados Sarrabayrouse Bargalló y Valerga Aráoz, acudió a la Cámara en dosocasiones para lograr su eximición de prisión: la primera en enero de 2002, y la segunda en junio último. En ambas el cuerpo concedió su pedido, pero en ninguna de las dos estaba integrado por sus miembros titulares.
En la ocasión inicial, componían la Sala de Feria Carlos Alberto Pizzatelli y Nicanor Pedro Repetto, éste en lugar de Grabivker, que había estado en la primera quincena. Las exenciones de prisión planteadas por otros implicados de menor rango (Pablo Salvemini, de Siembra, y Alejandro Milito y Juan Manuel Campos, de Rabello) fueron denegadas. Posteriormente, el 24 de junio pasado, cuando la Cámara revocó el procesamiento de Goñi, lo liberó y le dictó la falta de mérito, Grabivker perdió la votación contra Pizzatelli y Repetto (que es titular de la Sala A), pese a la profusa fundamentación de su voto adverso.
Quien ha empezado a jugar un papel gravitante en la investigación es la fiscal general de juicio Marta Inés Benavente. Ella es quien solicitó una pericia financiera para seguirle el rastro al dinero involucrado en las operaciones investigadas. Saber por cuáles manos pasó y a qué bolsillos fue a parar. Por otra parte, Vidal Durand ordenó semanas atrás que se pericien los beneficios obtenidos por los comitentes de esas operaciones (es decir, las personas por cuenta de las cuales se efectuaron). Esto implica ir en busca de los terceros beneficiados, y es así como la investigación puede llegar al Banco Privado y sus máximos responsables, Alejandro Manuel Estrada, presidente y destacada figura del establishment financiero, y el vice Raúl Fernández. En este aspecto sería importante el aporte testimonial de Juan Pablo Paillot (Rabello), a quien se le dictó la falta de mérito.
A pesar de que tanto la CNV como la SAFJP determinaron que hubo perjuicio para los fondos de capitalización de los afiliados a Siembra, y que también el juez y la Cámara coincidieron en que existió, ésta pidió la realización de una pericia para completar el proceso. Como es una instancia decisiva, que puede darle el impulso final a la causa o hacerla retroceder, Goñi ha resuelto presentar como perito a Pablo de Estrada, un peso pesado del mercado de capitales y del circuito financiero, que durante una década fue alto directivo del Grupo Roberts. Para más datos, también presidió la Comisión Nacional de Valores.
El equipo de expertos propuesto por la querella será encabezado por Luis Daniel Briones Rouco, especialista en Finanzas que trabaja en el Ministerio de Economía. Pero, además, el juez le pidió a la Universidad de Buenos Aires la designación de dos peritos oficiales, trámite que el decano de Ciencias Económicas tiene aún pendiente. La incorruptibilidad de estos expertos es clave, por las presiones que podrán sufrir ante los cuantiosos intereses en juego.
Cuando en junio se trató la apelación de Goñi, el camarista Grabivker lo señaló como cómplice primario o necesario de los hechos, al menos según los elementos reunidos hasta ese momento. Goñi se había defendido afirmando haber delegado la dirección financiera y ejecutiva en Alejandro Milito Bianchi, quien manejaba la mesa de operaciones de Rabello. Miléitor, como lo apodaban, se había dado a la fuga, hasta que fue apresado en febrero pasado. Como fugitivo era ideal para ser señalado por todos como gran culpable, pero tras ser atrapado declaró que Goñi era “una cabeza muy visible” en la organización, que iba todos los días y que le gustaba estar en la mesa de operaciones.
Grabivker también consigna que una hija de Goñi, Helena, y Candelaria Ocampo, hija de su primera mujer, trabajaban en Rabello en funciones importantes. Asimismo, que la mayoría de los comitentes de las operaciones investigadas tenían vinculaciones con Goñi, no así con Milito, incluyendo a Alejandro Estrada, de cuyo banco, el Privado de Inversiones, Goñi tenía tarjetas de crédito. Por éstas y otras razones, el camarista juzga “inverosímil” considerar que Goñi haya podido desconocer los hechos investigados que sucedían en su Sociedad de Bolsa. Sin embargo, Goñi sostuvo que sus funciones se limitaban a dirigir “la macro economía” (según la cita referida por el camarista Pizzatelli) y las relaciones públicas, lo que en principio fue aceptado por la Sala B para dictaminar en su favor.
Todo el negocio de la jubilación privada, donde no faltaron las zancadillas entre diferentes Administradoras para robarse clientes y otras travesuras, hizo lo posible y de modo compacto para evitar que el caso Siembra trascendiera. En esta AFJP lo negaban, y en las demás nadie había oído nada. Estaban convencidos de que las malandanzas de una agravarían el desprestigio de todas, y que lo mejor era tapar, en lugar de optar por la transparencia. No parece la actitud a esperar de empresas en las que millones de trabajadores deben depositar su dinero y su confianza.