Una nueva audiencia en los tribunales de Estados Unidos reunirá hoy a todas las partes involucradas en la disputa legal entre la Argentina y los fondos buitre. Desde que el fallo del juez Thomas Griesa quedó firme, a fines de junio, se acumularon en la Corte del Distrito Sur de Nueva York demandas, intimaciones y pedidos de aclaraciones de terceros afectados que cuestionan o no comprenden las órdenes. En el encuentro convocado para las 14, el magistrado responderá las consultas y reclamos presentados por el Bank of New York Mellon (BoNY) y otras entidades financieras encargadas de canalizar los pagos realizado por el país a sus acreedores.

Las decisiones de Griesa, que acaba de regresar de vacaciones, impiden a los acreedores que participaron del proceso de reestructuración cobrar 539 millones de dólares depositados por la Argentina en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Son los fondos destinados a cancelar los vencimientos de capital e intereses de su deuda en moneda extranjera y emitidos bajo legislaciones foráneas. Por eso, también dirán presente en Manhattan los Eurobondholders, un grupo de fondos de inversión que posee bonos denominados en euros y regidos por la ley inglesa. Esos acreedores cuestionaron con énfasis al juez por cumplir al pie de la letra las pretensiones buitre. Ningún funcionario del Gobierno estará en la sala, pero sí participarán los abogados del estudio contratado por el país.

El Gobierno presentó ayer un escrito en respaldo a los pedidos de aclaración enviados al juez por los tenedores de bonos en euros, las cajas compensadoras (Euroclear y Clearstream) y el Citibank, la entidad encargada de realizar los pagos de vencimientos en pesos. El documento reitera el pedido argentino para que Griesa suspenda en forma transitoria sus órdenes para habilitar una negociación con los buitres. Desde la visión del Palacio de Hacienda, una medida cautelar hasta fin de año es condición necesaria para habilitar una negociación que permita pagar los 1500 millones de dólares a los demandantes sin violar las condiciones acordadas con el 92,4 por ciento de bonistas del canje.

De esa forma se evitaría incumplir con la cláusula de Derechos sobre Futuras Ofertas (Rights Upon Future Offers, RUFO) que vence el 31 de diciembre de 2014. Si se cumpliese el fallo de Griesa antes de esa fecha, no sólo habilitaría demandas multimillonarias –el piso para esos reclamos sería de 120 mil millones de dólares–, sino que expone a los funcionarios del Ministerio de Economía a potenciales demandas civiles y criminales, como sucedió con los responsables del Megacanje.

La presentación redactada entre el equipo económico y los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton enfatiza que para alcanzar una solución “justa, equitativa y sustentable” se requieren “garantías” que preserven el exitoso proceso de reestructuración de 2005 y 2010. Como desde la perspectiva de los fondos buitre la cláusula RUFO no constituye un problema para cumplir con el fallo, desde el equipo económico explicaron a Página/12 que sería aceptable que el paraguas legal tome la forma de un seguro pagado por los demandantes.

En el Palacio de Hacienda argumentan que el país estaría dispuesto a pagar a los buitres como ordena Griesa si los fondos encabezados por NML Capital “ofrecen un seguro donde se hacen cargo de la carga financiera vinculada con las potenciales demandas y sentencias que emerjan de una decisión del país que gatille la cláusula RUFO. Total, si como dicen el riesgo no existe, el precio del seguro para ellos será prácticamente cero”. Los funcionarios de la cartera a cargo del ministro Axel Kicillof no precisaron el monto que debería garantizar ese seguro ni los plazos de vigencia. Tampoco indicaron si la posibilidad fue barajada durante las negociaciones encaradas a través de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez. “La Argentina paga para desendeudarse. Pero ahora los buitres nos quieren hacer pagar para que volvamos a endeudarnos”, concluyó anoche un funcionario del equipo económico.

El texto presentado por el gobierno argentino cuestiona la agresiva estrategia buitre de pedidos de embargo contra activos de las petroleras YPF y Chevron en la Justicia estadounidense. En su escrito, el país volvió a indicar que los 539 millones de dólares depositados en las cuentas que tiene el BoNY en el Banco Central el 26 de junio son propiedad de los bonistas. La apreciación coincide con el reclamo de los tenedores de bonos en euros que le requirieron nuevamente a Griesa que habilite a los intermediarios, desde el BoNY hasta las cajas compensadoras (Euroclear y Clearstream), a procesar sus pagos. Ayer, los intermediarios y los fondos de inversión europeos reiteraron sus argumentos, consultas y pedidos en sendas presentaciones realizadas ante el tribunal neoyorquino, a la espera de la audiencia de esta tarde.

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