El juez Thomas Griesa no respondió ninguno de los pedidos de aclaración sobre su fallo acumulados desde fines de junio, que motivaron la audiencia celebrada ayer en los tribunales de Nueva York. Guiado en los detalles de la causa por los representantes legales de los fondos buitre, escuchó las consultas de las entidades financieras, como el Bank of New York, encargadas de canalizar los pagos de intereses de deuda argentina, pero el magistrado omitió responder sus inquietudes. Griesa incluso retrocedió sobre sus pasos. No sólo mantuvo el bloqueo de los vencimientos de los títulos regidos por la ley estadounidense e inglesa, sino que dio marcha atrás con el visto bueno al Citibank y las cajas compensadoras Euroclear y Clearstream, para que procesen los pagos de los papeles denominados en pesos y regidos por la legislación argentina. Los pronósticos pesimistas que predominaban en el equipo económico fueron confirmados. Hacia el final de la audiencia, según consta en la transcripción taquigráfica a la que accedió Página/12, Griesa reconoció que “el dinero fue pagado”, pero reiteró su negativa a reponer una medida cautelar que habilitaría al BoNY a canalizar los fondos.

La medida que reiteró Argentina suspendería sus órdenes y permitiría a los acreedores acceder a los 539 millones de dólares depositados por el país a fines de junio. Como expresaron en la reunión los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton, el país pretende cumplir con el cuestionado fallo, pero reclama un paraguas legal para habilitar una negociación con los buitres. Buscan hallar un mecanismo de pago sustentable sin violar las condiciones acordadas con el 92,4 por ciento de los bonistas de la reestructuración.

En cambio, el juez insistió en que, en los próximos siete días, el país y los buitres se reúnan en forma continua con Daniel Pollack, el mediador que designó, para buscar esa solución. “Los acuerdos son lindos, pero son una de las tantas opciones. No va a existir un acuerdo escrito en un solo párrafo, pero si no se logra un arreglo que trate los complejos problemas y conflictos existentes se llegará a un default el 30 de julio y eso es lo peor que, sentado acá, puedo concebir”, advirtió con su habitual virulencia Griesa, al “lamentarse” sobre las posibles consecuencias de su fallo. Desde el equipo económico también lamentaron que el magistrado repita textualmente las afirmaciones vertidas en las solicitadas y amenazas de los buitres.

Frente a la propuesta/imposición del juez, los representantes del país advirtieron durante el encuentro –estuvo presente Pollack– la imposibilidad para ponerse de acuerdo antes del 30 de julio, la fecha límite para que los tenedores del canje reciban los pagos en sus cuentas. Insistieron, por eso, con una ventana de negociación hasta fin de año.

De todas formas, las partes volverán a reunirse hoy a las 10 en las oficinas que tiene el costoso letrado mediador en Manhattan. El ministro de Economía, Axel Kicillof, estuvo reunido en la quinta de Olivos con la presidenta Cristina Fernández. El funcionario no será parte de esas nuevas reuniones, pero este diario pudo confirmar que anoche viajó a Nueva York una delegación del Palacio de Hacienda para encabezar esas conversaciones. Si no se logra una solución acordada y las entidades intermediarias no canalizan antes de fin de mes los 539 millones de dólares depositados por Argentina, los acreedores estarían legalmente habilitados a reclamar que el país les abone en forma adelantada ya no esos fondos, sino la totalidad de lo adeudado. En ese momento, de acuerdo con el contrato de los bonos, la deuda sería considerada en default. La situación sería inédita, ya que si bien el país cumplió con sus obligaciones contractuales, los intermediarios no hicieron su parte por un impedimento legal y se abriría una intensa discusión jurídica sobre las responsabilidades (ver aparte).

“Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje”, aseguró Economía en un comunicado. “El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños. La Argentina quiere honrar sus deudas con el ciento por ciento de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”, reitera el texto (ver aparte). Por su parte, NML Capital, el fondo buitre propiedad del magnate Paul Singer, afirmó que “confiamos que este tema podría ser resuelto rápidamente si Argentina se nos une en la negociación de un acuerdo”.

Detalles de la audiencia en Nueva York

Desde que el fallo de Griesa quedó firme, se acumularon en la Corte del Distrito Sur de Nueva York pedidos de aclaración de terceras partes –intermediarios y acreedores– que o bien no comprendían las órdenes o reclamaban precisiones para protegerse de potenciales demandas en su contra. El magistrado había prometido expresarse rápidamente, pero recién los recibió ayer. El demorado encuentro no ofreció respuesta a nadie más que los buitres. Fue precisamente el abogado del fondo Aurelius Edward Friedman, quien precisó y refutó los pedidos del Citibank, Euroclear y Cleastream. La reunión comenzó con el reclamo de esas entidades para que Griesa les diera el visto bueno para pagar los bonos en pesos con ley argentina. Los abogados de las tres entidades financieras enfatizaron que esos títulos están fuera del alcance de la jurisdicción de Griesa y no deberían ser limitados.

El magistrado amagó con dar su conformidad, pero finalmente se reservó su decisión. Lo mismo hizo frente al reclamo de los fondos de inversión con bonos en euros. Si hubiera permitido el pago de las series de deuda que no están alcanzadas por la jurisdicción estadounidense, los vencimientos en moneda extranjera afectados por la demanda buitre se reducirían hasta, solamente, 230 millones de dólares. Sobre los menos de 3 millones de dólares a pagar en yenes en Japón ni siquiera se expresó.

Un seguro para cubrirse de la RUFO

Argentina reiteró a través del abogado Jonathan Blackman su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay), remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitre que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes. El letrado precisó las implicancias macroeconómicas y legales para los funcionarios de violar la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, por sus siglas en inglés).

Por eso, como informó ayer Página/12, Argentina solicitó a Griesa que los buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO. “Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable”, expresó Economía a través de un comunicado.