“El juez Griesa no resolvió nada y los buitres siguen amenazando”, es el título del comunicado difundido ayer por el Ministerio de Economía, en donde relata las líneas principales del encuentro mantenido con el magistrado de distrito y los demandantes. En la reunión estuvieron presentes representantes de las cámaras compensadoras europeas Euroclear y Clearstream, los bancos fiduciarios Citibank, Bank of New York (BoNY) y JP Morgan y los bonistas europeos (Eurobondholders). El encuentro buscaba resolver, de acuerdo con su propia orden, un conjunto de mociones que fueron presentadas por estas entidades financieras. “Sin embargo, el juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro”, detalla el comunicado.

El documento difundido anoche por el Palacio de Hacienda sostiene que el país apoyó las mociones presentadas y reiteró el pedido de una suspensión de la sentencia (stay) “remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitre que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes”. “Tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO (ver aparte). Esa violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles”, agrega. Según relata, los fondos buitre sostuvieron que es imposible que la cláusula RUFO aplique. “Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitre tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la cláusula RUFO. El juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que, además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO que figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 en poder del 92,4 por ciento de los acreedores.”

El comunicado recuerda que el 26 de junio el país pagó el vencimiento de su deuda por un monto de 1151 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BoNY). “Sin embargo, el juez dio orden a los distintos eslabones del circuito de pagos para que no dejen cobrar a los bonistas. Es decir, actuó como un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4 por ciento de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Ante esta conducta, los propietarios de los bonos le solicitaron que permita realizar el cobro, lo mismo que los bancos Euroclear, Clearstream y hasta el propio BoNY le pidió que clarifique qué hacer con el dinero”, informa. Desde Economía reiteraron que “default es no pagar y Argentina paga”. “El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños”, concluye el comunicado oficial.