Por la mañana, antes de que se conociera el resultado de la audiencia con el juez Thomas Griesa, el jefe de Gabinete reiteró la importancia de recomponer el stay para posibilitar el pago a los bonistas que están dentro del canje y advirtió que aceptar el cumplimiento de la demanda de los fondos buitre sin atender al mismo tiempo el derecho de los bonistas del canje podría someter a las autoridades argentinas a consecuencias penales serias. Jorge Capitanich explicó que convalidar el pago de 1500 millones de dólares que resolvió Griesa, sin contemplar la situación de los bonistas, podría terminar derribando el canje y, consecuentemente, exponer a las autoridades, “empezando por la Presidenta”, a una acusación penal por no haber cumplido con el compromiso de honrar el pago de la deuda de acuerdo con las condiciones establecidas. Agregó que si la Corte neoyorquina y los holdout tienen seguridad de que este fallo no gatillará la cláusula RUFO, por la que el país incrementaría su deuda externa hasta 500 mil millones de dólares, deberían instrumentar un seguro que cubra a la Argentina de cualquier contingencia.

El jefe de ministros explicó que pagarles a los fondos buitre en la forma que lo pide Griesa generaría fuertes distorsiones sistémicas para la Argentina. “Una implicancia central es que la demanda por los juicios que se propugnen contra el país se ubicaría entre 120 y 500 mil millones de dólares”, dijo. El dato adquiere relevancia si se tiene en cuenta que el sector público incrementaría su deuda externa en un monto similar al del Producto de toda la economía. Capitanich apuntó además que el pago a los holdouts “implicaría perjuicios notorios a los funcionarios responsables, desde la Presidenta a cada uno de sus ministros”.

El funcionario ratificó que recomponer el stay de la sentencia Griesa es un paso imprescindible para que “el país cumpla con sus disposiciones legales” y los bonistas reestructurados cobren su deuda. A su vez, mencionó que la cláusula RUFO es uno de los principales impedimentos para avanzar en un acuerdo con los fondos buitre, puesto que la Argentina no puede arriesgarse a que se gatille. “Hemos planteado claramente en el escrito que si el juez o si también los buitres dicen que efectivamente la cláusula RUFO no se aplica, ¿por qué no pagan un seguro? Porque si no se aplica, obviamente el seguro sería irrisorio y, en consecuencia, tendríamos la cobertura legal frente a implicancias sistémicas”, dijo.