La empresa estadounidense Monsanto será denunciada mañana ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por abuso de posición dominante. La presentación será realizada por la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem) y la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica y productores agropecuarios. “Monsanto ha diseñado un nuevo modelo de negocios a través de un sistema de producción y comercialización para una nueva especie de soja (Intacta) que impone condiciones restrictivas a la competencia en su comercialización, procesamiento y acopio, asignando funciones y tareas de fiscalización y retención a determinadas empresas semilleras, las que deben reputarse como claramente abusivas”, puede leerse en la denuncia a la que accedió Página/12. El contrato privado que Monsanto obliga a firmar a los productores establece quiénes deben ser los proveedores de semillas y con qué acopios y exportadores operar. También legitima el pago de “regalías extendidas”, que impide el ejercicio del “derecho de uso propio” de la semilla. En la presentación, se le solicita a la CNDC una medida cautelar para que Monsanto frene la firma de estos contratos.

“Sin perjuicio de que el sistema se encuentra actualmente en proceso de desarrollo, reconozco que el mismo incluirá los siguientes principios, los cuales acepto”, sostiene el contrato en su punto 4. “El uso de la Tecnología Intacta estará limitado al territorio (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis). Para extender la geografía, habrá que pedir autorización a Monsanto. Unicamente aquellas personas físicas o jurídicas que hayan optado por participar del sistema y lo cumplan podrán sembrar soja con la tecnología Intacta y venderla a los exportadores que participen del sistema. Los exportadores evaluarán la presencia de la tecnología en el grano que reciban. Monsanto podrá evaluar la presencia de Intacta en los campos del productor, mediante inspección y toma de muestras”, agrega el documento de la multinacional.

Estos son algunos de los condicionamientos establecidos por Monsanto en su nuevo contrato, que ya fue rubricado por aproximadamente 73.000 productores. “El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido y regulado por Monsanto, que tiene la capacidad de determinar quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no, regulando así la totalidad de la cadena”, explicó Salvador Darío Bergel, abogado patrocinante de la denuncia, quien conversó con Página/12 en el 5º. Congreso Nacional e Internacional de Propiedad Intelectual y Políticas Públicas.

Los únicos semilleros autorizados para comercializar la nueva soja de Monsanto son Nidera, Asociados Don Mario S. A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), entidad vinculada a Coninagro. Entre las dos primeras, concentran el 80 por ciento del mercado de semillas. También puede participar la empresa Asgrow, que es propiedad de Monsanto. Según la denuncia, este contrato privado ejerce una regulación tácita sobre los productores, los multiplicadores de semillas y los acopios. A los primeros se les impide el ejercicio del derecho al uso propio de la semilla, en los términos avalados por el artículo 27 de la Ley de Semilla 20.247. “No lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética”, puede leerse en el artículo mencionado. Actualmente, el Ministerio de Agricultura, junto a distintas organizaciones y empresas, están terminando un anteproyecto para modificar esta ley. Hasta el momento, nada de lo volcado en el nuevo texto evitaría los abusos de posición dominante como el caso de Monsanto.

En función del contrato denunciado, los productores deberán pagar una regalía extendida de 14 dólares por bolsa de semillas. “Al entregar la soja al acopiador deberá probar que pagó el canon según un cálculo que determinará cuánta semilla se necesitaba para lograr la cosecha que se vende. Por ejemplo, si la cosecha es producto de 100 hectáreas, deberían haberse utilizado 300 bolsas de semillas, a 14 dólares de canon por bolsa, el abono sería de 4200 dólares. Si no se demuestra el pago, Monsanto lo podrá descontar del precio de venta”, indicaron los denunciantes en el texto que presentarán ante la CNDC.

Con el esquema de regalías extendidas que intenta imponer Monsanto, un productor debería pagar no sólo por el uso de la semilla, sino que podría ser obligado a pagar un canon por la producción porcina que haya sido alimentada con esa soja. “Con la excusa de la tecnología Monsanto quiere imponer condiciones a los multiplicadores y productores. Un agricultor no puede disponer de la soja Intacta que no sea segregada de otra soja. Es decir, a partir de estos contratos surge una nueva especie, la soja por un lado y por otro la Intacta, y no se pueden mezclar. Y, obviamente, el producto no puede entregarse a quienes no estén dentro del sistema Monsanto, una imposición que cierra todo el esquema”, argumentó a este diario Aldo Casella, especialista en legislación agropecuaria.

En el país existen aproximadamente 800 pymes que se dedican a multiplicar semillas. Pero con el nuevo esquema propuesto por la multinacional, sólo unos pocos podrán comercializarla. “Quienes opten por multiplicar variedades de la empresa Monsanto no podrán hacerlo de otros criaderos (de semillas), lo cual gradualmente los irá transformando en empleados de la multinacional”, agrega la denuncia. El contrato especifica que los productores solamente podrán operar con los acopiadores designados por la propia Monsanto, quienes a su vez sólo podrán operar con los exportadores también determinados por la multinacional. “No hay registros en la oficina de propiedad intelectual que Monsanto haya patentado esta innovación. A su vez, tampoco la ampara ningún derecho para establecer semejantes cláusulas en un contrato privado. Sólo su posición dominante y de presión le permite hacer semejante contrato, que se choca de lleno con la ley de defensa de la competencia”, agregó Casella.

Si bien Monsanto obtuvo en varios países el derecho de patente sobre la construcción genética que brinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta, no ha ocurrido lo mismo en Argentina. Es decir, la empresa obtuvo autorización para comercializar esta variedad de soja por parte del Ministerio de Agricultura, pero no existe registro de su patente en el país. Por eso, además de solicitar una medida cautelar para frenar la suscripción de estos contratos, los denunciantes también reclaman que sea librado un oficio al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para determinar si Monsanto tiene derechos exclusivos sobre la soja Intacta, bajo la sospecha de que la multinacional impone su posición dominante, sin contar con una patente exclusiva.

“El problema no es la soja en sí ni mucho menos el desarrollo de la biotecnología, que puede y debe estar al servicio del desarrollo nacional. Sino que nos oponemos a un contrato leonino que terminará perjudicando a los productores”, concluyó Esteban Motta, vicepresidente de Fecofe.

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