“El Estado podría exigir por vía judicial a las privatizadas una reparación por las obligaciones incumplidas, las deudas por canon impago y, eventualmente, hasta promover acciones penales si constatara alguna maniobra de vaciamiento.” El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, sugirió así otro recurso extremo y complementario al de una eventual rescisión, del que podría echar mano el Gobierno si prefiriese desligarse de algún adjudicatario en lugar de renegociar el contrato con él. También podrían terminar en los tribunales los reguladores que tuvieron la tarea de controlar a las empresas y, en muchas ocasiones, deshonraron esa obligación.
La opinión del funcionario, vertida en diálogo con Página/12, suena más contundente aún que las recomendaciones que la AGN formula en la serie de informes sobre empresas privatizadas que comenzó a elevar al Ministerio de Economía por pedido expreso de Roberto Lavagna. Tanto en los compendios referidos a los aeropuertos y a los trenes urbanos, subtes y cargueros los auditores recuerdan que las empresas han incurrido en faltas que dejan al poder concedente en situación de dar por caído el contrato sin costo.
Pero la posibilidad de rescindir está mencionada a modo de advertencia, ya que no es atribución del órgano de control disponer sobre la suerte de esos acuerdos que firmó el Poder Ejecutivo. Esta es hoy una decisión que tienen en sus manos los ministros Lavagna y Julio De Vido, de Planificación Federal, y a la que nunca sería ajeno Néstor Kirchner.
A juicio de Despouy, hay dos ferrocarriles urbanos que podrían ser castigados de inmediato con un rescate de la concesión: el Belgrano Cargas, adjudicado a la Unión Ferroviaria, y la división del Metropolitano que explota la línea Roca. Aunque, en ambos casos, las transgresiones son muy similares a las del resto de concesionarios del rubro.
En la casi totalidad de los resúmenes alistados por la Auditoría como en los compendios que terminará de preparar en los próximos días, se señalan incumplimientos en planes de inversiones, tareas de mantenimiento o pago del canon, en los casos en que existe esta obligación. Pero la larga lista de faltas en que incurrieron muchas privatizadas también incluye otro tipo de maniobras no necesariamente reñidas con la ley pero que fundan una decisión política adversa a la empresa.
“Algunas se han repartido dividendos o han asignado elevados honorarios a sus accionistas mientras se endeudaban fuertemente”, objeta Despouy, en alusión a las concesionarias de trenes de pasajeros. ¿Puede hablarse de vaciamiento?, preguntó este diario. “Los hechos condujeron a esto, ya que se retiraban beneficios de empresas que, al mismo tiempo, se descapitalizaban”, opina el auditor.
Algo semejante ocurrió con otras concesiones menos controvertidas como las de las empresas gasíferas. Algunas de estas compañías repartieron entre sus accionistas utilidades por montos equivalentes a las deudas que tomaron en moneda dura para costear sus inversiones. No es en sí mismo una ilegalidad, pero sí un dato muy relevante para el Gobierno a la hora de decidir a quién y cuándo autorizar un aumento de tarifas.
Los hallazgos de la Auditoría también incluyen faltas de los entes de control. “El 80 por ciento de las penalidades no se aplicaron”, recuerda Despouy. Parte, porque las empresas las bloquean con recursos administrativos, pero también por negligencia de algunos reguladores. Con todas las evaluaciones, el Gobierno podría denunciarlos ante la Justicia imputándoles, en principio, incumplimiento en los deberes de funcionario público. Pero estas alternativas, por ahora, no figuran entre las urgencias oficiales.