Para el presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez, “no está en riesgo la concesión”, pese a que un reciente informe de la Auditoría General de la Nación señala graves incumplimientos de contrato e irregularidades que serían causal de rescisión. “Hay un punto de vista equivocado sobre el rol de la AGN, porque no es su función evaluar a las empresas privadas”, señaló el empresario. “Las recomendaciones que realiza son exclusivas para el Estado, y a nosotros, en verdad, nos interesa que el Estado las acepte”, dijo muy seguro de sí el empresario. En rigor, su comentario hacía referencia a la favorable renegociación que logró arrancarle a la administración Duhalde ya en sus postrimerías, que le otorgó la ventaja de pagar el canon en función de sus ingresos y no como una suma fija, tal cual lo establecía el contrato. Según la particular mirada de Gutiérrez, esa reestructuración contractual se hizo tomando en cuenta “recomendaciones” anteriores de la AGN.
El informe que elevó al Congreso a principios de esta semana la AGN, que preside Leandro Despouy, recomienda al órgano de control, la Orsna, ejecutar las garantías presentadas por la concesionaria e iniciar acciones judiciales en demanda de una deuda por canon que ya superaba los 350 millones de dólares a diciembre de 2001.
En un aparte del acto de inauguración de la nueva Terminal de Cargas Aéreas en el Aeropuerto de Ezeiza, el titular de la concesionaria del sistema nacional aeroportuario intentó minimizar el impacto del duro informe de la Auditoría, que Página/12 publicó el miércoles último. En referencia en particular al tema del canon, Gutiérrez refirió que “estamos pagando de acuerdo al decreto 1227”, es decir en función de la cantidad de pasajeros transportados. Dicho decreto, firmado por Eduardo Duhalde en mayo último, fue cuestionado en la Justicia. De todos modos, la empresa del grupo que encabeza Eduardo Eurnekian lo siguió dando por válido.
A partir del acuerdo alcanzado con el gobierno saliente, la concesionaria empezó a pagar el canon variable en función de la cantidad de pasajeros mensuales, y entre mayo y agosto habría ingresado al Tesoro 27 millones de pesos, según fuentes de la propia compañía. Gutiérrez aseguró que para fin de año, de persistir la actual tendencia, los pagos al Estado estarían en el orden de los 130 millones de pesos, contra los 171 millones fijados originalmente por contrato. “Para el año que viene, manteniendo este mismo criterio de pagos variables, estaríamos en un valor equivalente al original”, agregó el directivo empresario.
Con respecto a la deuda de 350 millones, Gutiérrez estimó que “será la comisión renegociadora de contratos” la que resuelva con respecto a la misma. La empresa también demanda resarcimientos por lucro cesante y por obras que debieran haber sido hechas por el Estado, a su criterio, por lo que pretende que la comisión compense un reclamo con otro.
En este sentido, Gutiérrez se mostró muy confiado en cómo se encarrile la futura relación de la empresa con el Estado. “Seguimos trabajando normalmente con el Orsna (organismo de control) en cuanto a la definición del plan de inversión; la concesión no está en riesgo y estamos a la espera de la renegociación del contrato, que en nuestro caso no tiene que ver con tarifas sino con un rediseño de la estrategia para el sector”, aseguró. El directivo empresario, en cambio, dejó de lado en todo momento asumir como una posibilidad que el Gobierno pueda resolver la rescisión del contrato. Ricardo Jaime, secretario de Transporte –presente en el mismo evento–, se excusó en tanto de realizar cualquier comentario.