Los abogados de los fondos buitre y los representantes legales del país volvieron a verse ayer durante una audiencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El encuentro se desarrolló en el marco de una causa que tiene como protagonista al juez Thomas Griesa. El Banco Central y la República Argentina buscan que la segunda instancia judicial desestime la pretensión buitre convalidada por Griesa para que se declare al BCRA como “alter ego” del Estado nacional. Una afirmación en ese sentido fortalecería los argumentos a la hora de intentar trabar embargos, una estrategia que –hasta ahora– no arrojó resultados materiales concretos. La decisión de los jueces Peter Hall, José Cabranes y Richard Wesley podría demorar hasta doce meses. Sin embargo, desde el equipo económico afirman que incluso si el BCRA fuera considerado “alter ego” del Estado, sus activos depositados en Estados Unidos y su operatoria en esa plaza financiera no podrían ser afectadas. “No hay ninguna posibilidad de embargo de las reservas porque están protegidas por la inmunidad soberana”, aseguraron en el equipo del presidente del organismo, Alejandro Vanoli.

El Banco Central ganó a mediados de 2012 una causa que pesaba sobre reservas depositadas en la Reserva Federal, su contraparte norteamericana. En ese momento se destrabaron alrededor de 100 millones de dólares que estaban congelados en ese organismo a pedido de los buitres. En aquella causa, la posición argentina recabó el respaldo judicial de la propia FED, el Departamento de Estado y el Tesoro de Estados Unidos. Finalmente, la Cámara de Apelaciones determinó que los fondos de la autoridad monetaria eran “inembargables” ya que estaban protegidos por las leyes de inmunidad soberana. No obstante, consideró que no era necesario pronunciarse sobre el criterio aceptado por Griesa del “alter ego” –según el cual el BCRA funcionaría como un brazo más de la caja del Tesoro nacional–. A pesar del revés judicial, el juez de primera instancia accedió al pedido buitre de mantener la causa abierta, por considerar que la cuestión de fondo de su fallo no había sido resuelta por la Cámara de Apelaciones. La autoridad monetaria apeló en octubre del año pasado la decisión del magistrado y las partes volvieron a reunirse ayer en los tribunales.

Durante la audiencia, los abogados del BCRA y la República Argentina manifestaron que Griesa carece de jurisdicción y por eso “se solicitó a la Corte de Apelaciones que revierta la orden de la Corte de Distrito y, por tanto, rechace la demanda”, expresó Economía a través de un comunicado. Según trascendió, Joseph Neuhaus, representante legal del BCRA, cuestionó la relevancia de los “detallados hallazgos” a favor de la hipótesis del “alter ego” presentados por los abogados de los fondos NML Capital por tratarse de artículos periodísticos. Asimismo, el letrado del estudio Sullivan & Cromwell recordó a los jueces que el mismo tribunal ya había fallado en contra de la figura de “alter ego” en el año 2011. Por su parte, el representante de los fondos EM y NML, Ted Olson, afirmó que Argentina “controla” los bienes de la entidad bancaria y sus “actividades diarias”. La resolución de la Cámara de Apelaciones podría llegar a lo largo de 2015, pero en el BCRA y el Ministerio de Economía aseguran que incluso un resultado desfavorable no redundaría en embargos masivos contra las reservas de la autoridad monetaria en Estados Unidos.

“Hay que equilibrar la balanza del poder y respetar el sentido común para que los países puedan crecer y las deudas se puedan pagar”, reclamó ayer el presidente del BCRA, Alejandro Vanoli. En una conferencia organizada por el Banco Central de Uruguay, en Montevideo, el funcionario advirtió sobre las implicancias sobre los futuros procesos de reestructuración de deudas soberanas que pueden tener la sentencia y las órdenes de Griesa. “Existe un gran agujero a nivel internacional que se está tratando de mitigar con las cláusulas de acción colectiva y la interpretación de pari passu”, sostuvo Vanoli al enfatizar la necesidad de un marco jurídico internacional para encarar los procesos de reestructuración además de las “mejoras” en los contratos.